Caos y promesa de inversiones
· Sorteo, “acto humillante”
· Plan de vivienda
· Infonavit el constructor
En medio del caos político jurídico que se vive en México como consecuencia de la aprobación de la multicuestionada e impugnada reforma judicial, empresarios de nuestro país y de Estados Unidos prometieron realizar inversiones aquí por alrededor de 20 mil millones de dólares durante el próximo año, lo que parecería una buena noticia considerando que en los últimos meses los niveles de inversión y el empleo han estado de capa caída.
El anunció surgió luego del encuentro que sostuvo la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional con 240 directivos de empresas de ambos países reunidos en la Cumbre CEO Dialogue, foro creado en 2013 que tiene como objetivo principal fomentar la inversión, facilitar el comercio y abordar cuestiones como el cambio climático y el flujo de bienes en la frontera norte.
Para tranquilizar a los empresarios, inquietos e inciertos por los recientes acontecimientos derivados de los cambios a la constitución mexicana, Sheinbaum Pardo les afirmó que ninguna de las reformas propuestas, como la reforma al Poder Judicial y la reforma eléctrica, supone un riesgo para las inversiones. Al contrario, les dijo, buscan fortalecer el marco institucional del país.
Les aseguró que su gobierno no busca tener el control sobre el Poder Judicial. “La presidenta no quiere tener el control del Poder Judicial, ese no es objetivo de la reforma… el objetivo no es tener el control del Poder Judicial, eso es falso. Lo que queremos es un Poder Judicial libre de corrupción”.
Durante esa cumbre empresas como Amazon, Royal Caribbean y Mexico Pacific confirmaron su compromiso de invertir en México en los próximos años. Además, el gobierno mexicano anunció la creación de una ventanilla única digital para agilizar los negocios binacionales, lo que promete un mayor dinamismo en la relación comercial entre México y Estados Unidos.
Sorteo, “acto humillante”
La reunión empresarial con la mandataria se llevó a cabo en medio de las protestas afuera de Palacio Nacional, donde manifestantes mostraron su rechazo a la reforma del Poder Judicial. Las manifestaciones en contra de dicha reforma no cesan, incluso hay quienes afirman que los legisladores de Morena, en complicidad con el Poder Ejecutivo, están creando su propio Poder Judicial, al desconocer y desacatar las disposiciones del que aún rige en México.
La Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (JUFED) condenó las acciones que los senadores de Morena y aliados del Partido Verde y PT, llevaron a cabo el pasado 12 de octubre para determinar mediante sorteo (vía tómbola) los puestos de magistrados y jueces que estarán en la elección del 2025.
A través de un comunicado aseguraron que un poder distinto al Poder Judicial, decidió de forma arbitraria la terminación de la función del 50% de juzgadores de carrera en el 2025 y el resto del 2027.
De igual modo, acusaron el incumplimiento de suspensiones por parte de jueces en contra de la reforma, las cuales no han sido contempladas por Morena al descartarlas por supuestamente improcedentes.
Ante esto, aseguraron que los actos del Legislativo viola el Estado de Derecho y continúan “de manera sistemática con el rompimiento de nuestro orden constitucional”.
“Es un acto verdaderamente humillante, qué en forma alguna encuentra sustento legal, se juzgó al azar con la vida profesional no solo de las personas juzgadoras, sino también de los trabajadores de confianza y de la familia de todos ellos”, señalaron en el comunicado.
Más aún la JUFED advirtió que la reforma “compromete seriamente” la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como con el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación con la Comunidad Europea.
Juana Fuentes directora de ese organismo colegiado subrayó que la elección de jueces por voto popular, que entrará en vigor a partir del 1 de junio de 2025, representa un “grave retroceso democrático y jurídico”, al eliminar la independencia judicial y permitir la intromisión de intereses externos, tanto del Ejecutivo como de otros grupos de poder.
Esto, dijo la abogada, vulnera principios clave en acuerdos internacionales como el T-MEC, específicamente en áreas como telecomunicaciones, propiedad intelectual y medio ambiente, que dependen de la especialización y competencia de los tribunales actuales.
Infonavit el constructor
En 1990 el Infonavit inició su etapa de consolidación como organismo fiscal autónomo e hipotecaria social. Centro su labor en el diseño de productos financieros accesibles a los trabajadores para que éstos pudieran acceder a créditos hipotecarios del organismo en mejores condiciones.
Dejó de lado la construcción de vivienda que desde 1972 –año de su fundación– venía realizando, pero que en algún momento de su historia le provocó severas sangrías y desfalcos, porque el organismo llegó a considerarse como la “caja chica” de políticos y sindicatos que se aprovecharon de los millonarios fondos de los trabajadores ahí depositados.
Con el paso del tiempo el Infonavit se convirtió en la hipotecaria social más grande de América Latina, lugar que aún conserva. Abrió el espectro a centenares de constructoras de todo el país que quisieran edificar vivienda de calidad para los derechohabientes, mismas que deberían cumplir con diversos estándares de calidad y someter sus construcciones a la supervisión y calificación del organismo. Ahora nuevamente el Infonavit, que dirige actualmente Octavio Romero Oropeza, se volverá constructor.
El nuevo Programa de Vivienda y Regularización que implementará el gobierno de Claudia Sheinbaum, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que encabeza Edna Vega, contempla una inversión mayor a 600 mil millones de pesos, aproximadamente, para la construcción de 1 millón de nuevas viviendas.
El programa se enfocará principalmente en madres solteras, jóvenes, adultos mayores y población indígena y en esa tarea participarán la Comisión Nacional de Vivienda, el Fovissste y el Infonavit, organismo que creará su propia constructora.
El Programa de Vivienda pondrá a disposición 500 mil viviendas destinadas a los ciudadanos afiliados al Infonavit; mientras que para los ciudadanos que no son derechohabientes y perciban entre uno o hasta tres salarios mínimos, contará con un esquema de financiamiento especial.
Se otorgarán créditos para la población derechohabiente de bajos ingresos, incluyendo a los trabajadores no activos. Asimismo, se implementará un programa de vivienda en renta con opción a compra. Adicional al plan de construcción, se otorgarán 550 mil créditos para mejoramientos de viviendas ya construidas en apoyo a las familias. Se espera que el proyecto genere más de 15 mil empleos directos en el sector de la construcción.
