Armenta impulsa certeza patrimonial para prevenir conflictos familiares y violencia por herencias
Puebla, Pue. — Con la mira puesta en reducir conflictos legales y hasta hechos de violencia derivados de disputas por la tenencia de la tierra, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, subrayó que su administración prioriza la seguridad patrimonial como un eje de bienestar social para las familias poblanas.
Durante la firma de un convenio de coordinación entre la Dirección General de Tenencia de la Tierra y Población y 14 municipios, Armenta destacó que contar con un título de propiedad no solo da certidumbre jurídica, sino que ayuda a evitar problemas familiares que, en muchos casos, escalan a situaciones de violencia.
“Hemos visto casos lamentables de homicidios por pleitos de herencia o tierras sin regularizar. Por eso es tan importante que cada persona tenga la seguridad de su patrimonio”, enfatizó el mandatario estatal.
El convenio permitirá avanzar en la regularización de predios rústicos, urbanos y suburbanos en régimen de propiedad privada, para que más familias tengan la tranquilidad de que su hogar está legalmente protegido. La directora general de Tenencia de la Tierra y Población, Nora Estela Esquitin de la Madrid, remarcó que este esfuerzo se extenderá a los 217 municipios del estado para que ningún poblano se quede sin la oportunidad de poner en regla su patrimonio.
Armenta impulsa certeza patrimonial para prevenir conflictos familiares y violencia por herencias
En esta primera etapa, los municipios que participan son Atlixco, Amozoc, Acatlán, Acatzingo, Ajalpan, Cuautlancingo, Coronango, Chignahuapan, Chietla, Chiautla de Tapia, Huauchinango, San Pedro Cholula, Tlachichuca y San Martín Texmelucan.
De acuerdo con la funcionaria, la meta es dar certeza jurídica y evitar que problemas de tenencia de la tierra generen conflictos familiares que pueden derivar en juicios prolongados, despojos o incluso hechos de violencia.
Con este programa, el Gobierno de Puebla busca consolidar comunidades más tranquilas y con mayor cohesión social, colocando a la regularización patrimonial como una política pública de prevención y pacificación.
