Ahorradores exigen justicia ante colapso de CAME y denuncian omisiones de autoridades financieras.
Nuevo Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) a la vista.
Este martes, más de 300 ahorradores de distintas entidades del país se reunieron para denunciar públicamente la inacción, opacidad y falta de respuesta por parte de las autoridades financieras mexicanas ante el cierre inesperado de la Sociedad Financiera Popular (SOFIPO) Consejo de Asistencia al Microemprendedor (CAME).
CAME, que durante años ofreció productos de ahorro e inversión con promesas de rendimientos de hasta 16%, cerró sus sucursales sin previo aviso y dejó de reportar información desde hace dos meses. La medida ha afectado a más de un millón de personas, muchas de las cuales han perdido el ahorro de toda una vida.
A pesar de la magnitud de la crisis, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no ha emitido una postura clara ni asumido su papel como organismo regulador. Ahorradores que han solicitado información aseguran haber recibido negativas bajo el argumento de “proteger los derechos de la financiera”, lo cual consideran un acto de complicidad. Por su parte, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) se ha limitado a recibir quejas sin ofrecer soluciones concretas.
Los manifestantes exigen una investigación exhaustiva y transparente sobre los directivos de CAME, entre ellos Jorge Kleinberg Druker, Pablo Valera y Oscar Juan Pfeiffer Schlittler, así como el resto del consejo directivo, por la posible comisión de un fraude financiero de gran escala. También demandan que se revisen las actuaciones de los funcionarios de la CNBV, incluidos Armando Martínez Ramírez, Eugenio Laris González y su presidente, Jesús de la Fuente Rodríguez, cuyas omisiones —afirman— podrían deberse tanto a negligencia como a corrupción.
De acuerdo con datos públicos, CAME pasó de tener más de 6 mil millones de pesos en activos en 2023 a solo 3 mil millones al cierre de 2024, acumulando pérdidas por más de 2,600 millones de pesos. La empresa redujo drásticamente su plantilla y el número de sucursales, y su nivel de capitalización ha sido calificado como negativo, lo que evidencia una quiebra técnica.
Todo esto ocurrió a la vista de las autoridades. Pese a ello, CAME continuó captando recursos del público, incluso promocionando productos de inversión en redes sociales hasta marzo de 2025. En su sitio web, que aún permanece activo, la empresa asegura “valorar la dignidad humana y actuar por el bien común”, mientras mantiene bloqueado el acceso a los fondos de sus ahorradores y evade toda responsabilidad.
“Hoy alzamos la voz como víctimas de un sistema financiero que parece proteger más a las instituciones que a las personas. Exigimos justicia, transparencia y rendición de cuentas. No vamos a permitir que esta situación quede en la impunidad”, señalaron los afectados.
Finalmente, los ahorradores anunciaron la conformación de comités regionales que intensificarán las acciones y manifestaciones ciudadanas en todo el país hasta obtener respuesta de las autoridades. “No cesaremos en nuestra lucha hasta que se nos devuelva lo que legítimamente nos pertenece y se castigue a los responsables”, advirtieron.
