Juzgadoras mexicanas acuden a la CIDH para sentar precedente sobre independencia judicial en América Latina
La petición presentada ante la Comisión Interamericana no busca revertir la reforma judicial mexicana, sino impulsar estándares que prevengan futuros retrocesos en la región.
Nueva York, 6 de mayo de 2025 — En una acción que podría tener implicaciones más allá de las fronteras mexicanas, catorce personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación han solicitado la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de sentar un precedente regional sobre los límites que deben respetarse en las reformas judiciales.
Representadas por el Cyrus R. Vance Center for International Justice, las personas peticionarias denuncian que la reciente reforma judicial en México, implementada desde septiembre de 2024, ha vulnerado derechos fundamentales y debilitado la independencia del Poder Judicial. Aunque el caso parte de afectaciones específicas, su alcance aspira a más: convertirse en una guía para que otros países eviten errores similares al rediseñar sus sistemas judiciales.
“La petición busca fortalecer los estándares del Sistema Interamericano en materia de independencia judicial. No es sólo por México, es por el futuro de la región”, señaló Jaime Chávez Alor, Director Ejecutivo Adjunto del Vance Center. El documento detalla violaciones a los principios de igualdad, no discriminación e independencia judicial, y denuncia una campaña de estigmatización desde el Poder Ejecutivo contra jueces y juezas, lo cual habría deteriorado su imagen pública y profesional sin el debido proceso.
Uno de los puntos centrales de la petición es que no tiene como objetivo revertir la reforma —la cual ya está vigente— sino lograr un reconocimiento internacional de las violaciones ocurridas y exigir garantías de reparación y no repetición. “No es demasiado tarde para reparar los daños y evitar que esta experiencia se repita en otros países”, expresó María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras y una de las peticionarias.
Juzgadoras mexicanas acuden a la CIDH para sentar precedente sobre independencia judicial en América Latina
El cambio más polémico de la reforma fue establecer que los jueces y juezas sean elegidos por voto popular, una medida sin precedentes en la historia reciente del sistema judicial mexicano. Esta modificación encendió alertas en organismos internacionales, como el propio Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, que advirtió que tales mecanismos podrían comprometer seriamente la imparcialidad judicial.
Ahora, con la petición formalmente recibida por la CIDH, el proceso sigue con una fase de análisis preliminar y verificación. En caso de admitir el caso, la Comisión podría emitir recomendaciones al Estado mexicano o incluso remitir el asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia ha sido clave en la consolidación de salvaguardas para la judicatura en la región.
Este caso podría convertirse en una referencia obligada en futuros debates sobre reformas judiciales en América Latina, en momentos en que otros gobiernos también discuten ajustes al funcionamiento de sus tribunales.
