El Derecho a un clima sano es reconocido por primera vez ¿Un nuevo Derecho Humano?
La Chispa trae una noticia internacional que marca un antes y un después en la historia ambiental y de los derechos humanos: El Derecho a un clima sano ha sido oficialmente reconocido como un nuevo derecho humano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Esta decisión llega tras casi tres años de espera, luego de que Chile y Colombia solicitaran una opinión consultiva sobre las obligaciones estatales frente a la emergencia climática.
Desde San José, Costa Rica, la jueza Nancy Hernández López, presidenta de la Corte IDH, leyó un resumen de diez puntos que condensan un documento de casi 300 páginas. La Corte determinó que vivimos una emergencia climática generada principalmente por la actividad humana, y que esta situación exige acciones concretas, coordinadas y urgentes por parte de los Estados.
¿Qué implica el reconocimiento de El Derecho a un clima sano?
Este nuevo marco implica que los Estados deben garantizar El Derecho a un clima sano no solo dentro de sus territorios, sino también como parte de una responsabilidad colectiva. Esta decisión no solo obliga a los 20 países que aceptan la competencia de la Corte. También debe ser considerada por todos los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Obligaciones legales claras para todos los gobiernos
Liliana Ávila, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Explica que esta opinión consultiva tiene un peso que va más allá de lo simbólico. Ahora, los países deben ajustar sus marcos jurídicos y políticas públicas para alinearse con las exigencias climáticas. Aquí se refuerza la necesidad de actuar en tres dimensiones:
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Respeto: Evitar medidas que agraven la crisis.
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Garantía: Proteger a las comunidades vulnerables.
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Cooperación: Colaborar entre países, reconociendo responsabilidades diferenciadas.
Impacto regional del Derecho Humano al clima
El reconocimiento de El Derecho a un clima sano representa un triunfo para las comunidades que han luchado durante años por justicia ambiental. Esta acción también pone en el centro del debate la importancia de una justicia climática real. Donde no se repitan los errores de quienes históricamente han contaminado más.
La declaración de la Corte obliga a los Estados a frenar políticas contaminantes, proteger ecosistemas esenciales, y garantizar que las decisiones ambientales tengan en cuenta a las comunidades indígenas y rurales. En otras palabras, no se trata solo de medio ambiente, sino de derechos humanos en su máxima expresión.
