Rentas o derecho de piso
La Ciudad de México no cuenta con una Constitución propia, a diferencia del resto de las entidades federativas. La entrante legislatura tiene el objetivo de crear una Normatividad de la que carecen los capitalinos.
Ante esta realidad los medios convencionales se han dado a la tarea de confundir, para variar a la población diciendo que la Constitución federal, es decir, al de todo el país, se cambiaría por otra. Es verdad que en la Cámara de Diputados de San Lázaro, bien podría convertirse en un Congreso Constituyente si así lo quisiera Morena y crear una nueva Constitución, pero prefiere hacer los cambios que sean necesario, aprovechando la mayoría calificada que el voto les ordenó.
En la Ciudad de México a Morena y sus aliados les hace falta un voto, es decir, un diputado para tener la mayoría calificada, por lo que a la hora de elaborar una Constitución, no habría problema alguno para aprobarla.
Dentro de las normatividades que se anuncian es que los caseros con casas y departamentos en renta, independientemente de la carestía que en este rubro representa la renta de viviendas para turistas por fines de semana o por mes.
Hay iniciativas para esta Constitución, por ejemplo, tres ejes relacionados con la renta de vivienda: la primera que ninguna renta podrá ser aumentada por encima de la inflación; registro digital de los contratos d arrendamiento y la obligación del Estado d construir vivienda en renta.
Así, la propiedad privada en la Ciudad de México, que debe ser un derecho, que se convirtió en privilegio a través de las rentas de casas habitación, su concentración creó latifundios urbanos, a grado tal de regresar a los tiempos prerrevolucionarios. Hace más de 100 años, murieron en la Revolución Mexicana más de un millón de mexicanos. El campo, las haciendas, los trabajadores, los hijos de los trabajadores, las mujeres de los trabajadores, tenían dueño.
Ahora que se diseñará una Constitución para la ciudad de México debe considerarse la posibilidad de que, por lo menos, quienes rentan casas, paguen los impuestos que les corresponden.
Los actuales propietarios de cientos de kilómetros de casas y departamentos de renta, son, en muchos casos, sobrinos, hijos, nietos de los hacendados, quienes, desde luego, están instalados en las filas de los conservadores.
El poseer inmuebles no es un delito, menos aún un riesgo para el dueño que cree que puede perder sus propiedades si vota por tal o cual partido, el conflicto surge cuando se explotan esos espacios y no se pagan impuestos por esa percepción, lo cual es cada vez más común.
En realidad, todo el proceso de obtener un lugar de renta para vivir, desde el principio, implica sumisión de quien renta, debido a que las condiciones son no sólo estrictas sino represivas, pero, sobre todo, obligatorias.
No se trata de un contrato entre iguales. Las condiciones las impone, de manera unilateral, quien renta. La violación a la privacidad es costumbre a la hora de iniciar estos procesos de renta, la redacción y condiciones son incorporadas al arbitrio de quien posee el inmueble. Los contratos ni siquiera están supervisados por autoridades sino que los propietarios los redactan a su conveniencia y la gente los acepta sin reclamar ante la urgencia de vivienda.
Los contratos son leoninos, se exige intereses después de cinco días de tardanza del pago de la renta, se aumentan porcentajes desproporcionados, se dan el lujo de admitir o rechazar al inquilino incluso antes de la conclusión del contrato, hasta exigen que si hay un adeudo y los deudores mueren, sus hijos paguen la deuda al propietario.
Los recibos de renta son hojas sin membrete siquiera, sin folio, sin código de barras, sin código QR. Es decir, no pagan impuestos por el dinero recibido por rentas. Y cuando son descubiertos aseguran que tienen prestados los departamentos a familiares, por eso no les cobran renta, y los inquilinos por la necesidad de tener un lugar dónde vivir, aceptan todas las condiciones de los propietarios que son auténticos evasores fiscales y, por lo tanto, son delincuentes.
Así, condiciones, malos tratos, evasiones fiscales, complicidades se extienden a los inquilinos, quienes a los pocos meses de rentarle al dueño evasor se convierten en sus cómplices y los intimidan los dueños diciéndoles que, si no denunciaron a tiempo, los inquilinos son tan culpables como los propietarios y la impunidad se consolida.
La renta se ha convertido en un pago de derecho de piso legaloide, donde el inquilino está a merced de los caprichos de los propietarios, quienes evaden varias leyes, cometiendo delitos que quedan en la impunidad.
Los delincuentes que cobran derecho de piso lo hacen arriesgando su vida, sin que eso deje de ser un delito, pero el casero lo hace con la mano en la cintura y con la impunidad garantizada, con el peor chantaje que puede hacerle alguien al prójimo, la amenaza permanente de dejarlo en la calle.
La consigna fantasiosa de la expropiación de la propiedad privada en vivienda está muy lejana. La explotación de los inquilinos es privilegio y monopolio de los caseros. Nadie quiere quitarle nada a nadie, simplemente que haya una normatividad humana en ese proceso de renta, y se paguen impuestos los caseros porque es su obligación pagar, de otra manera se está infringiendo la ley.
Es una mafia organizada, apoyada por abogados, jueces y ministros, que se expande no sólo en influencia política sino en territorio porque hay quienes son propietarios de colonias enteras en la Ciudad de México, es decir, latifundios urbanos que pueden provocar movimientos como en ocurrido en 1910.
No se trata de quitarles las propiedades sino de gravar con impuestos sus ganancias improductivas, que obtienen sin despeinarse.
