Legalizar la explotación infantil
Las deportaciones masivas de Donald Trump afectan la economía de su país. La agricultura en California, por ejemplo, tiene pérdidas millonarias debido a la caía de empleos en hasta 20 por ciento. Pasa lo mismo en el rubro de la construcción y el procesamiento de alimentos. Según expertos, la persecución de inmigrantes indocumentados podría reducir entre 4.2 y 6.8 por ciento el PIB de Estados Unidos.
Para menguar los efectos negativos el gobierno estadunidense ofrece mejores salarios a sus trabajadores nacionales, lo que podría generar inflación en algunos sectores, asimismo, otra solución es invertir en tecnología, pero para ver resultados tendrían que esperar y esto podría tardar. Los expertos dicen que la pérdida de trabajadores inmigrantes podría desacelerar el crecimiento económico y afectar la competitividad, no es suficiente mejorar los salarios ni las condiciones de trabajo.
El gobierno estadunidense pretende cubrir estos empleos con mano de obra infantil, como propone el gobernador de Florida, Ron DeSantis, con la ley SB 918 que pretende revertir las protecciones de derechos laborales y con la que adolescentes de entre 14 y 17 años tendrían permiso para trabajar jornadas de hasta 30 horas a la semana, dejando la decisión a los padres de los menores con el argumento de que son derechos parentales. Esto abre la puerta para la explotación laboral y limitar el derecho a la educación. Esta ley, impulsada por el senador republicano Jay Collins y que se discute en la legislatura de Florida, permite interferir con su educación y seguridad y salud. Los menores de 16 y 17 años deberán trabajar más de cuatro horas consecutivas sin descanso de al menos 30 minutos, dejándolos sin un momento para comer en este lapso, esto vulnera a los menores y permite el abuso de los empleadores.
Mientras las Naciones Unidas hablan sobre los derechos de los mejores, el gobierno de Donald Trump se ve indiferente y permite el avance de estas leyes con el fin de proteger las ganancias de las empresas que afecta con el rechazo de los inmigrantes que durante años han aportado a la economía estadunidense. El trabajo infantil pone en riesgo la salud y el bienestar de los menores, lejos de incentivar el crecimiento perjudica y empobrece más a las familias, engrosando la desigualdad social, ejemplo de esto son países en vías de desarrollo que en la actualidad tienen a aproximadamente 160 millones de niños y niñas atrapados en trabajos peligrosos, según la UNICEF. En América Latina y el Caribe la cifra es de 8.2 millones.
Uno de los motivos para que se impulse el trabajo de menores de edad es la falta de empleos bien remunerados, las familias buscan cualquier medio para subsistir y esto incluye emplear a sus hijos. En Estados Unidos pretenden exponer a jóvenes a situaciones de explotación, lo cual no es nuevo porque se permitía por debajo del agua a inmigrantes. Es en países en vías de desarrollo donde la falta de recursos obliga a los niños y niñas a trabajar, y este no es el caso de los estadunidenses, lo hacen más bien para proteger sus empresas, en lugar de promover leyes en las que se permita el trabajo de extranjeros en edad laboral, lo cual en los últimos días es totalmente rechazado por el gobierno de Trump.
La explotación infantil es una realidad en muchas partes del mundo, en Estados Unidos hace un par de años se reportó que 4 mil niños trabajaban ilegalmente. La Ley SB 918 no es la única, el Instituto de Política Económica en EE. UU. encontró que en los últimos años 15 de sus 50 estados han discutido leyes locales que reducen las barreras a la explotación laboral infantil, y en ocho se han aprobado. Permiten, por ejemplo, que menores de 16 años se dediquen a actividades de riesgo o físicamente exigentes, como demoliciones o mataderos, o incluso servir alcohol en bares (aunque es ilegal beber antes de los 21 años en el país). Algunos de los proyectos de ley también prevén que se les pague la mitad que a los adultos.
Hay estados donde los mejores pueden trabajar en la fabricación y almacenamiento de fuegos artificiales, otras leyes se analizan para que menores de 16 años trabajen en el sector de la construcción, no existen cifras oficiales, los datos los recaban los inspectores y los afectados hace unos años eran menores inmigrantes. Las leyes para proteger a los jóvenes que hasta 2022 viajaban precisamente para trabajar en estos puestos mal pagados y sin derechos no existen, en ese año se registraron 128 mil menores de 17 años que cruzaron la frontera. Ahora el objetivo del gobierno es permitir que se vulnere a sus ciudadanos menores de edad solamente para proteger los intereses de las corporaciones que están perdiendo dinero con las deportaciones masivas.
DESDE EL CENTRO
Los aranceles que anunció Estados Unidos al jitomate mexicano afectarán a productores de México. Sinaloa, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán y Baja California Sur son los más importantes en la producción de jitomate tanto para el mercado nacional como de exportación. Donald Trump canceló un acuerdo que tenía 30 años con el argumento de que los productores estadunidenses pierden; pero el 70 por ciento que se consume en su país es de México. Cómo van a cubrir la demanda si no cuentan ni con la fuerza, ni las instalaciones, ni la capacidad para hacerlo.
