La reforma Judicial y la Economía
Por Jorge Torres Góngora
Por enésima vez en el actual gobierno, se está usando la conferencia de prensa matutina de Andrés Manuel López Obrador como un mecanismo de propaganda en apoyo a propuestas e intereses del grupo en el poder. Hasta hace poco, el objetivo de estas conferencias era influir en el ánimo de los electores para impulsar el triunfo de las candidatas y candidatos de MORENA y sus aliados en la elección federal, al denostar constantemente a la oposición y hablar de los beneficios del continuismo, en clara contradicción a la crítica de actitudes similares (nunca tan descaradas) de gobiernos previos.
Antes de ello, los objetivos habían sido diversos. Ahora, se busca incidir en la opinión pública para colocar en el imaginario colectivo conceptos como la supuesta corrupción y la frágil autonomía de jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial ante los intereses de las grandes empresas y del crimen organizado. Con indebidas generalizaciones, y con base en algunos ejemplos de lo que se considera decisiones judiciales compradas, se insiste en que los encargados de impartir justicia actúan como empleados de dichos intereses.
También en estas conferencias se persigue el objetivo de convencer a la población de que la solución a este desafío que enfrenta el sistema legal, está en la propuesta de reforma gubernamental que plantea, entre otras cosas, la elección popular de esos servidores públicos del ámbito judicial
Resulta valioso destacar lo anterior, porque la actitud presidencial ha sido fundamental para el impulso del efecto negativo que esta propuesta, junto al escenario de correlación de fuerzas políticas que surgirá derivado de la reciente elección federal, ha causado a diversas variables financieras, y su efecto en la evolución de la economía nacional.
Y es que desde que se conoció el resultado electoral, en que el partido en el gobierno arrasó a nivel federal y local, consiguiendo con ello la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y quedarse cerca de ella en el Senado, al igual que el control de 27 congresos estatales, se prendieron alarmas en diversos sectores de la economía y en especial en los mercados financieros, que respondieron con un comportamiento a la baja, mostrando con ello su incertidumbre ante el futuro.
Esto debido a que, con esa fuerza legislativa, el nuevo gobierno, que ofrece el continuismo de un modelo con tintes autoritarios, podría debilitar los contrapesos políticos y aplicar lo que se denomina la aplanadora parlamentaria para modificar leyes, autorizar presupuestos, e incluso realizar reformas constitucionales, a su libre albedrío sin el apoyo de ningún partido de oposición.
Tan solo hay que recordar que cuando el actual gobierno requería del uso de su mayoría en el Congreso, los respectivos dictámenes legislativos no modificaban ni una coma de la propuesta gubernamental, votándola tal como fue recibida. Esto no es el reflejo de un sistema democrático, con equilibrio de poderes. Y eso pone nervioso a cualquier inversionista, a menos que sea aliado del gobierno o acuerde directamente sus intereses con él.
Incluso cuando se realizaron ejercicios de lo que se denomina “parlamento abierto”, en que se invita a especialistas y organizaciones sociales interesadas en aportar su opinión e incluso proponer modificaciones a las iniciativas en revisión y discusión (por decirlo así), esto no afectó en lo más mínimo los dictámenes correspondientes, que se aprobaron tal y como se planteó la propuesta legislativa desde el inicio.
Este ambiente de falta de certeza y de equilibrios políticos y parlamentarios, se vio aún más enrarecido por las declaraciones presidenciales relativas al impulso que se dará, con su nueva y fortalecida mayoría, a diversas iniciativas de reformas constitucionales que propuso el actual gobierno, entre ellas una en materia judicial, que plantea, entre otros aspectos, la elección popular de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial.
Y es que un auténtico y sólido Estado de Derecho depende en buena medida de la autonomía técnica y administrativa y de la independencia del poder político de los entes judiciales, así como de la formación especializada de sus miembros. Una decisión en materia fiscal, financiera o penal, entre otros ámbitos, no puede tomarse seriamente, de manera objetiva y estrictamente subordinada al marco jurídico y constitucional, por quien no cuenta con los conocimientos y la experiencia necesarios para ello, por más popular, honrado, y socialmente consciente que sea.
Y sin un buen Estado de Derecho, las empresas no tienen certidumbre jurídica sobre sus inversiones, y por tanto, se les ahuyenta, y con ello al crecimiento económico y al empleo.
Es por ello que el anuncio de Claudia Sheinbaum respecto a que ello se debatiría en un modelo de parlamento abierto, no calmó el nerviosismo financiero. Menos aún, cuando desde las conferencias de prensa de AMLO se insistió prácticamente diario en que el Poder Judicial es corrupto, que sirve como empleado de grandes intereses económicos, e incluso del crimen organizado, que no responde al pueblo ni a la justicia, y que la única solución es la elección popular de sus integrantes.
Un día antes, AMLO convocó a que se realice desde ahora un debate amplio, tal como lo planteó Claudia Sheinbaum, que propuso la realización de un parlamento abierto como espacio para que organizaciones sociales, académicas, y de especialistas, así como otros interesados, den su opinión y discutan la reforma. Sin embargo, urgió a que ese debate se realice de inmediato, y, como ha sido su costumbre durante este tipo de conferencias, descalificó públicamente a quienes considera sus adversarios y que no piensan como él. En este caso, atacó la opinión de un ministro de la Corte, quien criticó la reforma judicial que propone el gobierno.
En la sección de “quién es quién en las mentiras”, se afirmó que es una mentira que se perdería la autonomía del Poder Judicial y que ello va a derivar en autoritarismo, en que una sola persona tome las decisiones sin importar lo que dictan los preceptos constitucionales, tal como lo afirmó el ministro, de quien se recordó que “guardó en su escritorio” un caso en que una empresa debía pagar miles de millones de pesos por sus obligaciones tributarias, así como que fue nombrado por Felipe Calderón, de quien se mostró una foto con el ministro y con Genaro García Luna. La descalificación a partir de imágenes, pero sin argumentos que rebatan las afirmaciones del ministro, quien cuenta con una carrera judicial de 40 años y algo ha de saber.
También, como suele hacer, sin pruebas cuando es él quien ataca, AMLO mencionó que jueces, magistrados y ministros son empleados de las grandes corporaciones, y ello es lo que busca combatir, ya que al ser elegidos por el pueblo, solo deberán responder ante él. Incluso mencionó que quien está en contra de su reforma, es porque le tiene miedo a las decisiones democráticas del pueblo. Posesión el nuevo Congreso de la Unión, donde su partido y aliados contará con mayoría calificada en la Cámara de Diputados, aunque en el Senado le faltan solo tres escaños para lograrla, lo cual en principio no parece un gran desafío.
Por otro lado, insistió en que están equivocados quienes piensan que va a dar marcha atrás en la reforma judicial solo por el nerviosismo en los mercados financieros, ya que, incluso, aunque haya desajustes económicos en este momento, ello lo vale, ya que en el futuro se va a lograr la justicia, lo cual va a ser benéfico para la economía. Que no va a cambiar la justicia por la corrupción. Así nomás.
La propuesta de Sheinbaum sobre discutir la reforma en parlamento abierto antes de votarla en el Congreso de la Unión, en principio tuvo el objetivo de calmar a los mercados, lo cual no logró completamente, al menos hasta ahora, quizá debido a las declaraciones de quien fuera su jefe.
Aunque adecuada, la propuesta del parlamento abierto se considera tibia, ya que, aunque implica destinar un tiempo a ello, lo cual podría aplazar la decisión final hasta que concluya el mes de septiembre, ha habido distintos casos, como por ejemplo el del presupuesto de egresos, entre otros, en que el parlamento abierto no ha sido nada más que una simulación, ya que al final no se toma en cuenta ninguna de las opiniones y el resultado final es idéntico a la propuesta original del gobierno.
Hay diversos especialistas que coinciden en que la reforma no es adecuada, que la gran mayoría de los países del mundo, en especial los desarrollados, cuentan con una carrera judicial que asegura el profesionalismo de los jueces y con un entramado institucional que promueve su actitud objetiva e imparcial. Que incluso en los pocos casos en que se elige a ciertos jueces, éstos son figuras que no toman las decisiones más importantes y definitivas en el sistema judicial. Algunos han llegado a calificar la reforma como “una locura”.
Lo cierto es que la elección popular de jueces, ministros y magistrados no es lo común en los poderes judiciales en el mundo, y que dicha elección popular tampoco asegura que se elija a los mejores perfiles ni que éstos actúen únicamente en defensa de los intereses de la población, o que se asegure que su principal objetivo sea el logro de la justicia. Mucho menos asegura que no puedan ser influidos por intereses ajenos.
Un caso que ejemplifica claramente lo anterior está en el Congreso de la Unión, donde la mayoría parlamentaria morenista, con sus aliados, cuando han podido han aplastado a la oposición en diversas reformas legales, sin mayor argumentación ni debate de altura, simplemente con descalificaciones y lugares comunes. Estos diputados y senadores en muchas ocasiones se han mostrado subordinados al Ejecutivo Federal, incluso al grado de la abyección. Ya mencionamos el caso del presupuesto de egresos, en que los debates y discusiones, aunque se abran a organizaciones sociales y especialistas, concluyen en la autorización del proyecto en los términos en que se presentó a la Cámara.
Quizá a eso se refieren quienes afirman que la reforma judicial podría derivar en autoritarismo y en la decisión de una sola persona, que sería el caso si los jueces, ministros y magistrados son electos popularmente a partir del apoyo de la, como hemos visto, muy eficaz maquinaria electoral morenista, y se les hace ver que a ella se les debe su triunfo y su permanencia en el encargo, ante lo cual deben actuar en correspondencia. “Amor con amor se paga” dicen los líderes del partido guinda.
Hasta ahora es difícil conocer la opinión sincera de Sheinbaum acerca de esta reforma y sus consecuencias, sin embargo, ya ha mostrado su cautela, al menos, a que sea votada con prisas y sin discusión. Quizá en el fondo busca retrasar lo más posible su procesamiento legislativo, hasta que sea ella quien defina hacia dónde se van a dirigir las cosas. O tal vez en efecto autorice el uso de la aplanadora parlamentaria en que se podría convertir su mayoría en el Congreso de la Unión. Ya veremos.
Un escenario que sería viable, en caso de que haya una auténtica negativa a que la reforma se resuelva en los términos que se propone por el gobierno actual, es que la discusión en el parlamento abierto tome el tiempo necesario para retrasar la decisión final hasta que sea posible cambiar el rumbo.
Otro escenario, es que se vote afirmativamente en la Cámara de Diputados, pero que en el Senado, los grupos parlamentarios afines al gobierno “fallen” en conseguir los votos que necesitan para la mayoría calificada y, por tanto, para realizar una reforma constitucional. Eso sin duda podría detener el proceso por un mayor plazo, y entonces sí, discutir una reforma que sea viable y que sea la adecuada para el fortalecimiento del Estado de Derecho, o para la construcción de uno auténtico, y para la evolución democrática de la Nación.
Costos de implementación, en especial en términos de rezago de revisión de casos y elaboración de sentencias.
Costo en los mercados y las perspectivas de inversión, que es lo más grave. Estado de Derecho.
No se asegura la independencia ni autonomía, ejemplo está en el Congreso, una oficialía de partes que en muchos casos no le cambia “ni una coma” a los proyectos de ley del gobierno.
Riesgos de cooptación política de los candidatos a jueces, ministros y magistrados.
Riesgos de cooptación forzosa de los candidatos por el crimen organizado… si, como se ha evidenciado, buscan manipular elecciones a alcaldes, gobernadores y legisladores, habrá qué imaginar su interés en impactar en los resultados de la elección de figuras que podrían determinar su futuro personal y el de sus negocios ilícitos
