“Inhabildad” a Rosario Robles para ocupar un cargo público es levantado por TFJA
La SFP había impedido a Rosario Robles Berlanga desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público federal
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) revocó la inhabilitación por 10 años que le había impuesto la Secretaría de la Función Pública (SFP) a Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social.
La secretaría había impedido a Robles Berlanga desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público federal al señalarla de haber falseado su declaración patrimonial.
Con esta decisión, el TFJA estableció que la SFP debe emitir una nueva sanción en contra de la exfuncionaria.
En septiembre de 2019, la entonces titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, había castigado a la exsecretaria “por falta de veracidad en la declaración patrimonial”.
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Esta acusación fue provocada después de que Robles Berlanga fuera señalada de haber omitido declarar una cuenta con dos mil 800 pesos.
En su momento, la secretaría destacó a través de un comunicado que con estas acciones “se refrenda el compromiso de realizar acciones imparciales en el combate a la corrupción y a la impunidad”.
Durante la sesión de este miércoles, el magistrado Carlos Mena Adame, propuso a sus compañeros que “en estricto cumplimiento a la ejecutoria del tribunal colegiado, se declara la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad demandada emita una nueva resolución”. Esta decisión fue aprobada por unanimidad de 10 votos.
¿Qué ha pasado con Rosario Robles?
El próximo viernes, Rosario Robles enfrentará una audiencia que podría deslindarla del caso de la “Estafa Maestra”. La ex funcionaria fue acusada de formar parte de un esquema millonario de desvío de recursos.
En una entrevista radiofónica, Robles Berlanga explicó que el delito está derogado y, además, mal planteado. Destacó que en casos de omisión se debe juzgar por la vía administrativa, por lo que tiene la esperanza de que se aplique la ley.
Finalmente detalló que obtuvo un amparo a través del cual servidores públicos podrán ser investigados antes de que estén en la cárcel.
Con información de El Financiero
