¿Estamos rumbo a una transformación económica real?
Por: Jorge Torres Góngora
Una vez que concluyó el primer gobierno de lo que se autodenominó “la cuarta transformación”, dando lugar al inicio de uno nuevo, que se ha autodeclarado como el responsable de construir “el segundo piso de la cuarta transformación”, vale la pena dilucidar qué es lo que ello podría significar.
Y es que resulta complejo enlistar de forma completa y detallada los principios y elementos que conforman a la 4T, fuera de conceptos vagos y objetivos poco precisos, ya que ni en los documentos básicos del partido Morena, ni en el Plan Nacional de Desarrollo o en algún otro documento oficial se encuentra su significado puntual.
Es claro que en los últimos años ha habido un cambio relevante de élites políticas, así como la conformación de una nueva fuerza política dominante a nivel nacional. También hemos visto modificaciones en el estilo de gobierno, y de una forma inéditamente unipersonal de tomar decisiones fundamentales para el desarrollo nacional.
Por otro lado, sería un error desestimar ciertas reformas constitucionales y legales, así como políticas públicas cuyo impacto, aún no sabemos en qué sentido, será de gran alcance para el futuro de los mexicanos, como la reforma judicial, la de los órganos autónomos, la referente a la guardia nacional y el ejército, la cancelación de ciertos proyectos de inversión y el impulso de otros, o el impulso de nuevos derechos y programas sociales, al igual que la relación con otras naciones y con organismos internacionales, entre otros aspectos que caracterizaron al gobierno que recién feneció y que han sido decididamente apoyados por el que inicia.
Habría que evaluar si estos cambios son más profundos que los que se impulsaron en otros gobiernos previos, en especial durante el siglo XX. Sin embargo, no resulta evidente que con el que se denominó el primer gobierno de la 4T se haya realizado una transformación tan profunda y radical en los ámbitos político, económico y social, como las que se desataron a partir de las “otras” tres transformaciones con las cuales se pretende comparar el actual régimen.
No es objeto de este espacio discernir sobre si es adecuada la visión que define a los grandes eventos históricos esenciales en la construcción y el desarrollo de la Nación tan solo como transformaciones, y si los actuales cambios, en su caso, son de igual magnitud e importancia.
La lucha por la independencia derivó ni más ni menos que en la formación de una nueva Nación, con su Constitución propia y gobernada por los propios mexicanos.
También facilitó el aprovechamiento de los enormes recursos naturales del País para beneficio de sus habitantes, pero igualmente le siguieron sangrientos enfrentamientos internos por el acceso al poder político y por la distribución de los bienes económicos, en la ejecución de los que habían sido sus principales libertadores, y en la formación de liderazgos caudillistas, dejando de lado el fortalecimiento institucional, lo que debilitó al País al grado de perder la mitad de su territorio ante una abusiva invasión norteamericana.
La Reforma arrebató privilegios al clero y a un sector conservador que había sido fundamental en la evolución política, económica y social, y construyó una nueva Constitución con un sello liberal, pero también aumentó la polarización interna hacia niveles que derivaron en una nueva y no menos abusiva intervención militar extranjera, en este caso del gobierno de Francia, apoyada por mexicanos traidores, y a la imposición de un emperador de origen austriaco, así como a la feroz defensa posterior de la República y finalmente a su restauración. Cambios sin duda fundamentales para el futuro nacional.
Sin embargo, al poco tiempo, se estableció una dictadura militar dirigida por quien había sido uno de los principales caudillos que defendieron a la Nación. Esta dictadura puso orden a los conflictos internos, estabilizó al sistema político y pacificó al País a la fuerza, devolvió privilegios a algunas élites del pasado y formó nuevas, al tiempo que impulsó el progreso económico y el fortalecimiento militar, a costa de desproteger a la gran mayoría de la población, totalmente marginada de los beneficios de tal progreso, y en muchos casos sujeta a un trato indigno y esclavizante. Aunque negativa, fue también una transformación relevante.
Esto provocó un nuevo conflicto armado, la Revolución mexicana, con la bandera democrática, que acabó con la dictadura, aunque en un inicio decepcionó a quienes lucharon por una mayor justicia social, lo que derivó en nuevos levantamientos a nivel regional, y en el resurgimiento de élites militares que habían sostenido y sido beneficiarias del régimen autoritario previo, y que abusaron de la actitud conciliadora del nuevo gobierno electo, al grado de que fue por ellos derrocado.
Esto promovió nuevos enfrentamientos armados, el triunfo sobre el gobierno ilegítimo, y también nuevas luchas internas por el poder político y por la definición del futuro nacional, con la consecuente destrucción humana, económica, del tejido social y de la infraestructura que ello implicó. Así que la Revolución, la que ahora se busca denominar como la tercera gran transformación nacional, fue un proceso largo, una sucesión de revoluciones, que al final rindió frutos valiosos para el devenir nacional y para el bienestar de la población mexicana.
Con base en ello se construyó una nueva Constitución política, que reconoció derechos sociales fundamentales para impulsar un trato más digno a trabajadores, campesinos y a otros sectores de la población; dio pie a la Reforma Agraria y a la reapropiación de los principales recursos naturales para los mexicanos. Fue derivado de ello que en las siguientes décadas se fomentó la industrialización del País y se construyeron instituciones sociales fundamentales para mejorar las condiciones de vida de la población, se fortaleció la educación pública y se democratizó el acceso a la salud, entre otros avances sociales importantes.
También en esos años se pacificó a los diversos grupos que habían combatido entre sí, y se estabilizó el sistema político, dando lugar a gobiernos dirigidos por una fuerza política única, con un partido de Estado que distribuía el poder político a nivel nacional y regional, con la consecuente falta de democracia, el fomento a los cacicazgos y la tolerancia ante la corrupción, los abusos y la eliminación de disidentes.
Ahora, en lo que se ha denominado la cuarta transformación, es claro que su primer gobierno fracasó en el logro de algunos de los objetivos que por él mismo se plantearon, en especial en materia de educación, salud, combate al crimen organizado, y crecimiento económico, entre otros ámbitos en los cuales, por supuesto, no hubo ningún tipo de transformación profunda. Tal vez, podrían decir algunos, se construyeron las bases para avanzar en una nueva transformación, que se vería culminada con su segundo piso.
En materia económica, aunque hubo algunas acciones importantes, está claro que no hubo un cambio de fondo. No solo se presentó uno de los menores crecimientos económicos de la historia reciente, sino que se evadió la realización de reformas que resultaban fundamentales en materia fiscal, financiera, comercial, de competencia, de defensa a los consumidores, laboral, presupuestaria, de política industrial y de otra índole con repercusiones económicas importantes. Tampoco se planteó en campaña alguna propuesta de modificación sustancial del modelo económico o del rumbo que tomarán las políticas en la materia.
Es por ello que se requiere que este nuevo gobierno, el del segundo piso de la 4T, avance en reformas sustanciales que den un giro relevante al modelo económico imperante. Mucho se ha pregonado que el nuevo régimen aniquiló el neoliberalismo, sin embargo es evidente que continúan en práctica muchos de sus preceptos y vicios, que han erosionado el bienestar popular.
Por tanto, el gobierno que inicia tiene el desafío de enfrentar diversos retos en materia económica, con medidas que podrían, ahora sí, construir una transformación profunda de la economía nacional, con importantes implicaciones regionales. Algunos aspectos de ello son:
Finanzas públicas.- Aunque nadie desea la promoción de desequilibrios en la hacienda pública federal, es posible que, por primera vez en muchos años, el presupuesto federal del siguiente ejercicio fiscal sea menor al actual. Por otro lado, hay presiones fiscales en materia de pensiones, programas sociales y otros gastos obligatorios que van a reducir el margen de acción del gobierno para implementar nuevas políticas públicas y mantener y construir la infraestructura pública necesaria para dotar de servicios públicos a la población y atraer a la inversión privada.
Es probable que el aumento en la eficiencia recaudatoria que ha impulsado los ingresos públicos hasta ahora, no sea suficiente para enfrentar los nuevos retos, por lo cual será necesaria una reforma fiscal que fortalezca las finanzas públicas, con un impulso al federalismo hacendario que renueve las haciendas locales, una reforma presupuestaria que evite el despilfarro y asegure el mayor impacto positivo social y económico con cada gasto.
También se requiere de una revisión de la política de deuda pública y de su legislación. Un mayor endeudamiento no es necesariamente negativo si se usan los recursos de manera adecuada, en inversiones que produzcan mayor riqueza nacional.
Empleo.- No basta con ser una de las economías con menor desempleo, como lo ha presumido el gobierno recientemente. Las condiciones del empleo a nivel nacional son demasiado precarias. Aún con el aumento al salario mínimo, medida sin duda loable, la gran mayoría de los trabajadores no ganan lo necesario para satisfacer sus requerimientos básicos y de su familia.
Por otro lado, el nivel de la economía informal es inaceptable, ya que implica distorsiones que impiden un mayor crecimiento saludable de la economía en su conjunto y mantiene a sus trabajadores marginados de diversas prestaciones y del respeto a sus derechos laborales, adicional a que en ella se fomentan diversos ilícitos. La cifra de trabajadores en el sector infrormal es mayor a la mitad del total de personas ocupadas, es decir, más de 32 millones de personas que no lograron encontrar un buen empleo en el sector formal.
La población desalentada, que requiere de un trabajo pero que ya ha dejado de buscarlo porque piensa que no lo va a encontrar, es de más de 5 millones de personas. Al sumar los subocupados, que son otros 5 millones, y los casi 2 millones de desempleados, hay en total unas 12 millones de personas que necesitan trabajar y recibir un ingreso digno. No hay tampoco los empleos necesarios para que los jóvenes empiecen a trabajar. Es un tema que se debe abordar desde la perspectiva laboral pero también con un enfoque de incentivos fiscales y de políticas de fomento económico. Sin mayor inversión y crecimiento, no habrá más empleos.
En tal sentido, la política económica del siguiente gobierno debe dirigirse a aumentar la inversión, fomentar el crecimiento con un enfoque regional e incentivar una distribución más justa de la riqueza, con empleos obligatoriamente bien pagados y que otorguen las prestaciones adecuadas para que los trabajadores logren las mejores condiciones de bienestar posibles, así como combatir a la economía informal.
Que quede claro: un nuevo aumento del salario mínimo será positivo, pero no va a ser suficiente, ya que los empleos no se otorgan con base en múltiplos del mismo, por lo que solo quienes ganan un salario mínimo al mes serían claramente beneficiadas. Quizá incluso podría aumentar la proporción de trabajadores que gana solo un salario mínimo, y reducirse los escalones mayores.
Sistema financiero.- No es correcto afirmar que toda la población ha alcanzado un mayor bienestar y que al mismo tiempo los bancos y las grandes empresas han aumentado sus ganancias. Lo segundo sí es cierto, pero en muchos casos ha sido a costa de la economía de las familias mexicanas. Tanto la inflación como el cobro de tasas y comisiones elevadas, aunado al terrible y hasta indigno trato que se le da a millones de usuarios del sistema financiero, afectan negativamente su bienestar.
Aún cuando las tasas de cartera vencida no son alarmantes, el deterioro auténtico de la cartera crediticia es mayor, y ello podría implicar deudas por cientos de miles de millones de pesos, que cientos de miles de personas, y pequeñas empresas no han podido pagar, con el consecuente deterioro de sus finanzas.
Se requiere de una profunda reforma económico-financiera que busque evitar los abusos de instituciones privadas contra los usuarios y consumidores, que aumente la competencia, que fortalezca los instrumentos de defensa de éstos, y que promueva decididamente la educación financiera, con el objetivo de lograr la salud financiera de la gran mayoría de las personas, familias y empresas. Ese nuevo sistema financiero también deberá impulsar decididamente el crecimiento del ahorro y el crédito popular, de la economía social y solidaria y del cooperativismo, en especial a escala regional y local.
Por otro lado, es necesario realizar una revisión a fondo de la regulación de los mercados financieros, buscando desincentivar y aminorar en lo posible los efectos nocivos de la especulación, y asimismo dirigir la inversión hacia fines más productivos. La coordinación y en su caso revisión y redistribución de funciones de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México será esencial.
Comercio justo.- Ya se han anunciado por el nuevo gobierno medidas en este sentido, tales como el fortalecimiento de la red alimentaria popular. Sin embargo, será necesario ampliar lo más posible el abanico de productos que serán apoyados con medidas que eliminen los abusos contra productores en materia de precios, y que abarquen un alcance mayor que solo el sector agropecuario.
Avances tecnológicos.- Es necesario promover políticas de fomento a la innovación tecnológica y apoyar a la ciencia y el desarrollo tecnológico nacional, así como la transferencia de conocimientos, fundamentalmente en industrias especializadas donde ya hay avances en este sentido, y en donde podemos destacar en el corto plazo. Esto derivará en una economía nacional más productiva y competitiva.
Hay que impulsar el desarrollo e implementación de energías limpias, que logren impulsar los motores de una economía en crecimiento y de una población que demanda combustibles más baratos. También se debe vigilar que los avances en el uso de la Inteligencia Artificial no vayan en detrimento del tejido social y del bienestar de las personas, de sus valores, su empleo, su entorno privado, de la educación de sus hijos y de su salud.
Estado de Derecho.- Se debe evitar la percepción de que la reciente reforma judicial afectará negativamente el ya de por sí débil Estado de Derecho, y que por el contrario, lo fortalecerá como se ha pregonado, y también dar certeza sobre que no se realizarán al vapor y atropelladamente otras reformas con un efecto relevante para la economía y el ambiente de negocios. Será fundamental mostrar avances en el combate al crimen organizado, cuyo embate es uno de los elementos que ahuyentan la inversión en algunas regiones.
Las grandes transformaciones del País han requerido del valor, el coraje y el esfuerzo de los mexicanos, pero en especial de sus líderes. En cada una de ellas se han debido enfrentar fuertes intereses nacionales y extranjeros, con serias consecuencias, pero también con valiosas recompensas para el bienestar de la población. La transformación económica con sentido social que se necesita implementar, también enfrentará amenazas diversas. ¿Contará el nuevo gobierno con lo necesario para realizarla, en beneficio de millones de familias mexicanas? Es lo justo.
