El peso real de la economía informal
Por Mouris Salloum George
El comercio ambulante y las actividades “económicas” informales siguen expandiéndose imparables. En época navideña y de fin de año aumenta porque muchas familias aprovechan para ganar un dinero extra. La también llamada economía subterránea alcanzó el 3.1% de crecimiento promedio al segundo trimestre del 2023, de acuerdo con datos del INEGI. Tal dinamismo, en todo 2022, representó el 24.4% del PIB, desde el 22.8% en 2018, con el anterior gobierno.
Como es sabido, desde hace décadas la informalidad en México ha sido refugio para los desempleados o subocupados formalmente.
El hecho ha sido interpretado como un indicador del fracaso de las políticas económicas. Hay vertientes que atribuyen la informalidad a la exclusión laboral y social, pero está claro que es una tendencia más fuerte que eso –una política económica “informal”-.
El lado negativo del balance es que una parte de los movimientos económicos informales representan la compraventa de bienes y servicios al margen de la ley. Imperan la corrupción y la criminalidad en el reparto de espacios, en la distribución de mercancías y en la recaudación de cuotas. Se comercia piratería, contrabando y robo. Todo esto implica evasión de impuestos, trabajo infantil, invasión de espacios públicos, lavado de dinero y corrupción.
Los organismos oficiales inmersos en la materia no especifican con claridad conceptos y alcances al respecto. Por ejemplo, si miden únicamente el comercio en puestos callejeros o si consideran entre la economía informal una multitud de actividades en las que se mueve mucho dinero (la mendicidad, los artistas callejeros, profesiones y oficios que prestan servicios sin facturación de ningún tipo; la venta de drogas y el sexo-servicio).
Este detalle es importante para la contabilidad y recaudación de impuestos, porque -con excepciones- la informalidad representa ingresos personales regularmente muy superiores al salario mínimo; de otra manera no existiría como problema.
Hay motivos para afirmar que la verdadera magnitud del fenómeno es superior a lo que pregonan autoridades.
Al tercer trimestre de 2023, la población económicamente activa (PEA) del país sumaba 61 millones de personas. Del total, la economía informal supera el 55%. INEGI contabiliza una tasa de desempleo de solo 3.0% al tercer trimestre. Ese porcentaje tan bajo se debe a que incluye a los ocupados en la economía informal.
El trasfondo del expansivo ambulantaje se relaciona con los ríos de dinero que abonan la actividad. Tales recursos son repartidos por los líderes de los vendedores a funcionarios del entramado político y jurídico que intervienen en la cadena.
Como se sabe, todos quienes viven de la informalidad carecen de prestaciones sociales. Por todo lo que implica de negativo, ha sido una exigencia a los funcionarios que regularicen la situación. El caso es que ni unos ni otros.
Es difícil creer que un nuevo gobierno quisiera interesarse realmente en poner orden y en acabar con la simulación. En una democracia eso importa mucho para corregir anomalías, como la exclusión social y la criminalidad. Como sea, el planteamiento y la exigencia deben prevalecer, más en tiempos electorales. Debiera ser un compromiso de quienes aspiran a la presidencia.
