El devenir de nuestra Constitución

Por: Alberto Woolrich

Los profanos en las ciencias jurídicas de la Cuarta Transformación de la Nación, afirman, sin ser ello cierto, que “todo lo político es jurídico” y niegan que lo jurídico sea aquello inserto en nuestra Constitución Republicana. Este desconocimiento proviene de sus insanos deseos de crear un nuevo orden político que desconozca a nuestro Estado de Derecho y, para ello pretenden crear una nueva Carta Magna con pensamientos popularizados y politizados por ignorancia de todo aquello que sea del ámbito estrictamente jurídico.

En relación a lo antepuesto, ya lo dijo en el ayer Plauto: “mientras vamos en pos de lo incierto perdemos lo seguro”. Certa amittimus dum incerta petimus.

En contraposición del pensamiento expresado por Andrés Manuel López Obrador, la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., por ser versada en el Derecho, sostiene de manera invariable, eficiente y tajante que las versiones callejeras del Primer Magistrado de la Nación desconocen que nuestra Carta de Carranza tiene vida eterna, por ello el saber de los de antes estipulaba aquello que solo los entendidos conocen como “El Constituyente Revolucionario”, en el que se sustenta la teoría de la permanencia de nuestro Pacto Federal en el devenir de nuestro México.

La política a secas del Poder Ejecutivo Federal actual, como se ha dicho, es de incultura supina, al igual, que la de muchos de sus aplaudidores, en esa política se pretende desconocer el reconocimiento de los derechos con los que contamos todos los mexicanos, los cuales son muy diferentes a “sus derechos políticos de crear un nuevo Pacto Federal”.

El presidente saliente debería de saber que su política tendría que abarcar toda la acción del Estado encaminándola sólo a aliviar y mejorar la situación y condiciones de la justicia de todos, introduciendo una constante aplicación de la ley y rectificando las consecuencias del neoliberalismo que se comprometió a efectuar durante su campaña electoral.

En un sentido más estricto habrá que asentar que su política solo dio continuidad a la corrupción, a la narco-política y, durante su fatal mandato se hizo sordo a las reclamaciones y exigencias de la abogacía independiente de la República, la cual siempre ha venido exigiendo un combate frontal a la corrupción que impera en algunos funcionarios del ámbito de procuración e impartición de justicia, incluyendo a agentes de ministerio público, fiscales, jueces, magistrados y algún ministro y/o ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.