El circo de la justicia
El 1 de junio de 2025 marcará un hito en la historia de México: por primera vez, jueces y magistrados serán elegidos por voto popular.
Esta reforma, promovida por el gobierno y respaldada por Morena, ha sido presentada como un esfuerzo por democratizar el sistema judicial. Sin embargo, al analizar los antecedentes, la situación actual y las implicaciones de esta medida, no es difícil imaginar escenarios futuros e intenciones quizá ocultas pero a la vista de todos.
La reforma judicial de 2024 introdujo cambios significativos en la estructura del Poder Judicial mexicano. Se redujo el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9, se establecieron periodos de 12 años para su ejercicio y se creó un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
Además, se eliminó el sistema de carrera judicial, permitiendo que jueces y magistrados sean elegidos por voto popular, con listas de candidatos preseleccionadas por el Congreso, con todo lo que esto implica.
A medida que se acerca la fecha de las elecciones, han surgido algunos candidatos que son polémicos. Entre ellos se encuentra Job Daniel Wong Ibarra, exministro religioso de la iglesia La Luz del Mundo, cuya candidatura ha sido confirmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a pesar de las impugnaciones que argumentaban su inelegibilidad debido a su rol religioso en una congregación cuyo líder fue condenado por abuso sexual infantil.
Otro caso preocupante es el de Silvia Delgado, ex abogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien se postula para jueza penal en Chihuahua. También destaca Francisco Herrera Franco, ex fiscal apodado “el fiscal del terror”, implicado en presunta colaboración con el crimen organizado y señalado por violaciones a derechos humanos. Además, se han identificado candidatos ligados a la iglesia evangélica La Luz del Mundo, cuyo líder fue condenado por abuso sexual infantil.
Asimismo, se ha denunciado la participación de jueces que han favorecido a políticos en procesos judiciales. Por ejemplo, Crescencio Contreras Martínez, juez de Distrito en Tamaulipas, fue denunciado por otorgar suspensiones que beneficiaron al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, permitiéndole evadir órdenes de aprehensión y obtener fuero político.
Organizaciones como el Diálogo Interamericano y la Barra Mexicana de Abogados han señalado que esta medida pone en peligro los derechos de las minorías y es contraria a los estándares internacionales sobre la independencia e imparcialidad del poder Judicial. Además, se ha advertido sobre la posibilidad de que el crimen organizado infiltre el sistema judicial, aprovechando la falta de requisitos profesionales y la politización del proceso de selección.
La elección popular de jueces significa un cambio profundo en el sistema judicial mexicano, pero no necesariamente para bien. Al permitir que candidatos con antecedentes cuestionables accedan a cargos judiciales, se corre el riesgo de que la justicia se convierta en un instrumento al servicio de intereses particulares y del gobierno en turno.
Revertir esta situación requerirá un esfuerzo considerable y podría tomar muchos años, si es que llega a suceder. La independencia judicial es un pilar fundamental de la democracia, y su debilitamiento tiene consecuencias graves para el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos en México.
Tiempo al tiempo.
