El añorado Fonden
· Se atiza el debate
· Fondo de 19 mil mdp para emergencias
· No hay pretexto para desvío de recursos
· Aprobada reforma a Ley de Amparo
En medio de la emergencia en México por los desastres que han ocasionado las lluvias en casi todo el territorio nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum atizó el debate sobre la desaparición del Fondo de Desastres Naturales al reconocer la lenta respuesta a la población damnificada y criticar a quienes evocan a ese fideicomiso. “El Fonden es igual a corrupción”, dijo.
El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) fue creado en 1996 como un fideicomiso público federal para financiar la reparación de daños ocasionados por huracanes, terremotos, lluvias e incendios forestales, pero inició operaciones hasta 1999.
Durante más de 20 años, el Fonden fue una herramienta clave en la gestión de emergencias naturales en el país. El apoyo de este fideicomiso se financiaba a través de la asignación en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
El fondo liberaba recursos de manera automática y etiquetados para atender a los afectados, reconstruir infraestructura y restablecer servicios básicos cuando se declaraba una zona de desastre.
En medio de la emergencia por las lluvias en prácticamente en todo el territorio nacional, que han dejado 64 muertos, 65 desaparecidos y miles de damnificados, según el último reporte de Protección Civil, resurge el debate sobre la desaparición del Fonden en 2021, mecanismo que durante más de dos décadas garantizó recursos inmediatos para atender desastres naturales y reconstruir comunidades afectadas.
Mientras estados como Veracruz, Puebla e Hidalgo, los más afectados hasta el momento por las torrenciales lluvias esperan apoyo federal, el Gobierno de México enfrenta críticas por la falta de un esquema ágil de respuesta.
Austeridad vs Fonden
Durante los primeros años de operación del programa, 1999-2001, se asignó el equivalente a 500 millones de dólares anuales al Fonden, suma que se redujo drásticamente; sin embargo, en 2011 recibió la más alta asignación de recursos registrada hasta el momento por un total de 833 millones de dólares, presupuesto que fue una constante en años posteriores.
Como parte de la política de austeridad impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en 2021 el Congreso de la Unión aprobó la extinción de 109 fideicomisos públicos, entre ellos el Fonden.
El argumento del entonces mandatario para solicitar su desaparición fue que el fondo “se usaba como caja chica” y que existían malos manejos y duplicidad de funciones, discurso utilizado una y otra vez por el gobierno lopezobradorista para eliminar fideicomisos públicos y de esa manera allegarse recursos, cuyo uso y destino no fueron transparentados en su totalidad.
Desde la eliminación del Fonden, los apoyos para desastres naturales dependen directamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que autoriza los recursos caso por caso, tras la evaluación de daños de Protección Civil. Los recursos se canalizan a través de partidas presupuestales del Ramo 23, bajo control de esa dependencia.
Sin el Fonden, ya no existen reglas automáticas ni montos preasignados para liberar dinero ante una emergencia. Los estados deben presentar informes, esperar dictámenes y solicitar formalmente apoyo federal.
Este procedimiento ha generado retrasos en la llegada de ayuda, especialmente durante los primeros días posteriores a los desastres, cuando el tiempo resulta crucial para rescate y reconstrucción.
Fondo de 19 mil mdp
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la respuesta ante emergencias debe ser más rápida y pese a que el Fonden ya no existe, afirmó que el gobierno cuenta con una partida presupuestal de 19 mil millones de pesos para atender desastres, de los cuales a la fecha se han destinado cerca de 3 mil millones de pesos, principalmente en Guerrero y en Oaxaca por el huracán Erick, con la posibilidad de reasignar dinero de otros rubros si se requiere.
Mientras tanto, miles de familias continúan esperando apoyo en las zonas devastadas, y el debate sobre el Fonden se reactiva con fuerza en el país, aunque para la mandataria ese fideicomiso era sinónimo de corrupción.
Mientras el país lidia con las consecuencias de huracanes, inundaciones y otras emergencias, el debate entre reconstrucción, corrupción y prevención sigue abierto, pero lo inadmisible es que la tragedia no debe usarse como pretexto para el desvío de recursos.
Reforma aprobada
Como era de esperarse, los argumentos, propuestas, tesis y hasta críticas de jurisconsultos reunidos en los foros de consulta para analizar las reformas a la Ley de Amparo convocados por la Cámara de Diputados, quedaron en el olvido a la hora de la votación en el Palacio Legislativo de San Lázaro y como ha sucedido en las últimas dos legislaturas, Morena aplicó su “mayoría calificada” para dar luz verde a las controvertidas y cuestionadas reformas.
Ayer, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 345 a favor, 131 en contra y 3 abstenciones, el dictamen a la minuta que modifica la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política.
El documento, que deriva de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, también reforma el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público enmendaron el régimen transitorio en los términos de la iniciativa de la titular del Ejecutivo, para establecer en el artículo tercero transitorio que los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final “conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio”, y no “conforme a las disposiciones que establece este Decreto”, como lo especificaba la minuta que hizo llegar al Senado de la República.
El dictamen establece, entre otros puntos que, tratándose del interés legítimo, la norma, acto u omisión reclamados deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de las personas, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto, directo y no meramente hipotético o eventual en caso de que se otorgue el amparo.
Además, en el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Su presentación puede hacerse de forma electrónica o impresa. La presentación electrónica de promociones será opcional para la parte promotora, por lo que en ningún supuesto podrá condicionar el acceso al procedimiento a la utilización de medios digitales, cuando la persona haya elegido ejercer su derecho a promover por escrito.
Diputados del PAN, PRI Y Movimiento Ciudadano argumentaron que con la reforma el amparo se está convirtiendo en exclusivo para las élites y se desdeña el amparo que requiere la sociedad ante el gobierno. “Que quede claro: el gobierno no tiene derechos, el gobierno tiene obligaciones. Son los ciudadanos los que tienen derechos. El interés legítimo no puede ser subordinado a un supuesto interés público”.
La reforma penal a la Ley de Amparo, afirmaron, es inconstitucional y viola el artículo primero de la Carta Magna. Además, atenta contra la presunción de inocencia y contra las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de prisión preventiva.
Estos cambios a la norma legal no nacen de la necesidad popular, ni de la ciudadanía, ni de la judicatura informada. La reforma termina con el interés legítimo, mengua la suspensión, porque es recaudatoria y van por el dinero de los contribuyentes y opositores, enfatizó Rubén Moreira, del PRI.
