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Cuando la impunidad se vuelve negocio político

Cuando la impunidad se vuelve negocio político

Cuando la impunidad se vuelve negocio político

El caso Colosio es la muestra de cómo en este país las mentiras gubernamentales se vuelven negocio electoral.

Llevo más de 15 años investigando el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Y, al paso de los lustros, te das cuenta la mafia gubernamental en la que se cimentan los gobiernos: todos.

Desde marzo de 1994 a este marzo de 2024, serán 30 años de mentiras, impunidad, gasto del presupuesto invertidos en ficales de risa, e infinidad de candidatos que han vivido políticamente del caso. Raja electoral, pues.

A finales de la década de 1990, encuestas aseguraban que en los albores del magnicidio más del 80% de los mexicanos rechazaba la teoría del asesino solitario. Y las cifras no han cambiado mucho.

Nadie podía creer que un solo hombre, armado de un pensamiento torpe (egocéntrico hasta más no poder, cuando se recreó la escena de los disparos parecía director de cine), y un escrito realizado al aventón en un cuaderno escolar con espiral sobre cómo planeó el crimen, podía causar tanta conmoción y cambiar la historia del país.

En México, creemos profundamente en el poder de los que nos gobiernan, pero también en su perversidad infinita.

En tres décadas los fiscales encargados del caso solo realizaron representaciones difusas e incompleta llenas de incongruencias, tantas imágenes repetidas buscando rasgos inéditos, tanta falsificación de pruebas y torpezas mediáticas, simplemente allanaron el escenario para que el magnicidio viva en la interpretación y en las teorías.

Pero como tapar lo evidente. ¿Y las pistas y hechos que define claramente un complot orquestado para el asesinato?

Evidencias: tres miembros del equipo de seguridad de Colosio fueron asesinados antes y después del magnicidio.

Por ejemplo, José Larrazolo Rubio excomandante policiaco que iba a ser jefe de seguridad de Colosio, fue asesinado en su casa en enero de 1994.

También murió en una balacera, a principios de marzo de ese mismo año, Alejandro Castañeda Andrade, agente de la entonces PGR que iba a formar parte del equipo de seguridad de Colosio en su gira por Baja California.

Un mes después del atentado, José Federico Benítez López, director de Seguridad Municipal de Tijuana que, aparentemente, estaba haciendo una investigación paralela del magnicidio, fue asesinado en una carretera. Él fue el hombre que encontró el “cuaderno de actas” en el que Aburto confesaba toda la planeación de su crimen.

También fue asesinado el policía que encontró el casquillo en la escena del crimen, Alfredo Aarón Juárez Jiménez en un accidente de tránsito. José Luis Arroyo Rodríguez, teniente coronel de la Coordinación General de Seguridad del Estado Mayor Presidencial que investigaba las relaciones del Estado Mayor Presidencial con el asesinato de Colosio fue baleado, también, en Naucalpan en 1996.

En total, más de quince muertes violentas se han relacionado con el asesinato de Colosio.

Hoy en albores de la 4T, Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del candidato presidencial del PRI asesinado hace casi 30 años, pidió al presidente López Obrador que indulte al asesino confeso de su padre, Mario Aburto Martínez. Colosio, actualmente alcalde de Monterrey, dijo que el caso ha estado “muy manoseado” por lo cual pide que se le dé carpetazo final.

“No es justo para la gente, incluida la familia, que estén dando, no quiero decir falsas esperanzas, pero que estén reciclando el tema con tal de sacar una raja política”, señaló.

A pesar de la solicitud el mandatario rechazó indultar a Mario Aburto quien está preso por disparar al priista en 1994. “No se puede permitir la impunidad”, llamó el presidente y pidió a las autoridades atender el caso.

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“Aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo que pide que yo indulte, quiero contestar que no puedo hacerlo, sé que él ya no quiere, sus familiares no quieren saber nada de esto que fue terrible. Quiero que en lo que a mi corresponde no se deje de investigar, no voy a dar un carpetazo a un asunto así”, destacó.

 

Como los 43 de Ayotzinapa, nadie sabrá quién mató al aspirante presidencial en 1994. Ahora, la FGR ya incorporó oficialmente al segundo tirador. Lo que siempre sostuve. Este 28 de marzo serán 30 años plagados de falsedades, rollos políticos, investigaciones con los pies y especulaciones.

 

Digámoslo claro, tres décadas de mentiras y mentirosos. Así es la política mexicana. Todo lo utilizan electoralmente, hasta la impunidad.

 


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