Encubrimiento judicial y privilegios en el uso del agua
El caso César Duarte reabre debate sobre corrupción en el manejo de recursos naturales
La presidenta Claudia Sheinbaum denunció públicamente un nuevo capítulo de corrupción vinculado al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, al informar que su gobierno, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el uso ilegal de aproximadamente 700 mil metros cúbicos de agua en una propiedad del exmandatario.
Más allá del acaparamiento de un recurso vital, lo que ha llamado poderosamente la atención es el velo de protección judicial que, según denunció la mandataria, vuelve a envolver a Duarte: en menos de 24 horas de haber iniciado el proceso administrativo para desmontar la infraestructura ilegal —una presa, cuatro represas y un pozo— la jueza Décimo de Distrito en Chihuahua, Madhay Soto Morales, concedió una suspensión provisional para frenar las acciones.
“Lo que no se puede permitir es que en un lugar donde hay escasez de agua se apropie un recurso nacional sin permiso, y además en contubernio de autoridades. El agua es un derecho humano y no puede seguir siendo rehén del poder político y económico del pasado”, subrayó Sheinbaum durante la conferencia matutina “Las Mañaneras del Pueblo”.
La situación ha reavivado el debate sobre el papel del Poder Judicial en la protección de intereses particulares frente al interés público. No es la primera vez que la misma jueza es señalada por frenar acciones del gobierno federal, como la distribución de libros de texto gratuitos en Chihuahua. Ante estos antecedentes, la presidenta anunció que también se presentará una denuncia por la intervención judicial en este caso.
Encubrimiento judicial y privilegios en el uso del agua
Según Efraín Morales, titular de la Conagua, las obras hidráulicas fueron presumiblemente construidas durante la administración de Duarte, lo que implicaría un abuso de poder sistemático. La propiedad afectada se ubica en una cuenca clave para el cumplimiento del Tratado de 1944 sobre aguas con Estados Unidos, lo que agrava la gravedad de la usurpación.
Además del proceso penal, Sheinbaum destacó que el caso se enmarca en una estrategia más amplia de regularización de concesiones de agua en todo el país. “Se están revisando los títulos, porque encontramos que muchas concesiones para riego se usan para desarrollos habitacionales. El agua para riego no tiene costo, así que esto también representa una evasión económica y un fraude contra la nación”, puntualizó.
El caso ha generado indignación entre colectivos ambientalistas y defensores del agua, quienes exigen sanciones ejemplares, no sólo para el exgobernador, sino también para quienes han facilitado legalmente estas irregularidades. La recuperación del agua y la justicia en su gestión se perfilan como ejes centrales de la agenda hídrica del nuevo gobierno federal.
