Sheinbaum rechaza acuerdo con EEUU para designar zonas de seguridad nacional en la frontera sur
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó este viernes que su gobierno haya suscrito algún acuerdo con el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, para designar zonas de la frontera sur de Estados Unidos como “zonas de seguridad nacional”, lo cual permitiría multar, arrestar o enjuiciar a personas migrantes.
Durante una declaración pública, Sheinbaum sostuvo que México no ha avalado esa medida y subrayó el respeto a la soberanía de ambos países. Si bien reconoció que Estados Unidos tiene derecho a implementar decisiones dentro de su territorio, insistió en que su gobierno también tiene el derecho de expresar desacuerdo.
“No, no, nada. Nosotros no vamos a hacer un acuerdo de ese tipo. Ellos tienen derecho a hacer en su país lo que determinen, nosotros también tenemos derecho a decir que no estamos de acuerdo”, afirmó.
Sheinbaum reveló que México envió una nota diplomática a Washington luego del anuncio de un aumento en la presencia militar estadounidense en su frontera sur, reiterando el respeto por las decisiones internas del país vecino, pero haciendo hincapié en la importancia de la soberanía territorial.
Enfoque humanitario ante la migración
A diferencia del enfoque estadounidense, que prioriza el despliegue militar como estrategia para frenar la migración, la presidenta mexicana reiteró que su administración abordará el fenómeno migratorio desde una perspectiva social y humanitaria.
“La migración es un tema social fundamentalmente. La gente no migra por gusto, en general migra por necesidad, y siempre vamos a plantear que la mejor manera de atender la migración es con cooperación para el desarrollo”, explicó.
Sheinbaum destacó que el objetivo del gobierno mexicano es apoyar a las comunidades de origen de los migrantes, promoviendo oportunidades que les permitan quedarse en sus lugares de origen sin necesidad de arriesgar su vida al emigrar.
La postura de la mandataria refuerza la posición histórica de México de favorecer soluciones estructurales frente a políticas de contención migratoria, en un contexto de crecientes tensiones bilaterales por la gestión de los flujos migratorios en la región.
