Impugna Andrea Chávez medidas del IEE; defiende carácter social de programa médico itinerante
La senadora de Morena afirma que la resolución vulnera sus derechos políticos y cuestiona los criterios para sancionar acciones sociales de legisladores
Chihuahua, Chih.— La senadora morenista Andrea Chávez presentó una impugnación ante el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua para revertir las medidas cautelares dictadas por el Instituto Estatal Electoral (IEE), que le ordenan eliminar su nombre, imagen y cargo de unidades médicas móviles y un consultorio ubicado en el municipio de Guadalupe y Calvo.
La resolución del IEE se desprende de una denuncia del Partido Acción Nacional (PAN), que acusa a la legisladora de incurrir en actos anticipados de campaña, promoción personalizada y posible uso indebido de recursos públicos. El Instituto también turnó el caso al Órgano Interno de Control del Senado para que investigue el financiamiento de las unidades médicas.
En respuesta, Chávez sostuvo que se trata de un programa social de salud con fines exclusivamente comunitarios y sin ánimo de posicionamiento electoral. Argumentó que las medidas impuestas limitan su derecho a la representación y afectan programas sociales legítimos impulsados desde su labor legislativa.
“El combate a la desigualdad y el acceso a la salud son parte esencial de mi compromiso con las comunidades más alejadas. Convertir eso en una falta electoral es un retroceso en la visión de la función pública”, expresó la senadora a través de un comunicado.
Impugna Andrea Chávez medidas del IEE; defiende carácter social de programa médico itinerante
La controversia ha reabierto el debate sobre los límites de la actuación de representantes populares, especialmente cuando llevan servicios a regiones marginadas. Especialistas en derecho electoral señalan que el criterio para calificar estas acciones como propaganda o promoción personalizada debe atender al contexto, la temporalidad y el uso de recursos públicos.
El PAN, por su parte, reforzó la denuncia con una fe de hechos ante autoridades en la Ciudad de México y sostiene que el programa médico constituye una ventaja indebida de cara al proceso electoral de 2027.
El Tribunal Estatal Electoral tendrá que resolver si las medidas cautelares del IEE se sostienen o si, como alega la senadora, se trata de una acción desproporcionada que limita su facultad de gestión social. La resolución podría sentar precedente sobre la relación entre asistencia social y restricciones electorales en el desempeño legislativo.
