Chocholá pelea y salva sus tierras de voraces constructoras e inmobiliarias.
Ejidatarios en sus protestas y manifestaciones venían advirtiendo: “Lucharemos como en la Guerra de Castas”; y no permitirían invasiones, ni residenciales, ni contaminación, menos devastación; pero por fin parece ser que ahora sí, les han hecho justicia. Un tribunal falla a favor de ejidatarios en Chocholá y refrenda restitución de tierras comunales, que le fueron arrebatadas por empresarios constructores e inmobiliarias. Estas cientos de parcelas querían ser utilizadas para la extracción de material pétreo, una fábrica de cal y de esa manera tener los materiales cerca para los desarrollos de grandes residenciales.
Con esta resolución no solo queda firme la sentencia del Tribunal Unitario Agrario, sino también se asegura la restitución de tierras al ejido de Chocholá, suscitando a la conservación de la flora y fauna nativa del lugar y los cenotes del municipio pertenecientes al área natural protegida denominada “Reserva Estatal Geohidrológica de Cenotes” Decreto N° 117 emitida por el gobierno del Estado de Yucatán, pues en dichas tierras se pretendían instalar bancos para la extracción de material pétreo y una fábrica de cal, en la que no solo se peligraba la destrucción de los recursos naturales, sino también la salud de los habitantes debido a la contaminación que se generaría. Tribunal falla a favor de ejidatarios en Chocholá y refrenda restitución de tierras comunales
Un gran logro que el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito resolvió sobreseer el juicio de amparo directo 151/2023, promovido por el Comisariado Ejidal de Chocholá. Este fallo se deriva de la sentencia dictada el 23 de febrero de 2023 por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, que declaró la nulidad del acta de asamblea del 16 de diciembre de 2012, en la que se aprobó de manera ilegal el cambio de destino de una superficie de 612.12 hectáreas de tierras de uso común para crear cuatro parcelas y asignarlas a empresarios acaparadores de tierras.
Cabe recordar que el juicio principal comenzó el 15 de julio de 2019, cuando un grupo de ejidatarios presentó una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario, argumentando que la asamblea contravenía el artículo 59 de la Ley Agraria, el cual establece que la asignación de parcelas en tierras que contengan bosques o selvas es nula de pleno derecho; además de que existieron irregularidades en el proceso de inscripción del acta de asamblea en el Registro Agrario Nacional.
Es importante destacar que el Tribunal Unitario Agrario determinó procedente la demanda de nulidad de la asamblea ejidal del 16 de diciembre de 2012, al haber acreditado las diversas irregularidades en el procedimiento de inscripción del acta de asamblea ante el Registro Agrario Nacional. En particular, se mencionó que no se cumplió con la obligación de obtener un dictamen técnico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) antes de proceder con la calificación registral, lo que afectó la validez del acto. Además de que, con el acuerdo de asamblea, se contravino lo que establece el artículo 59 de la ley agraria, ya que la evidencia presentada demostró que las parcelas asignadas en la asamblea estaban ubicadas en áreas con selva mediana caducifolia, lo que hacía nulo el acuerdo de la asamblea.
Después de diversas audiencias y alegatos, el tribunal unitario dictó su sentencia en febrero de 2023, favoreciendo a los demandantes, declarando la nulidad del acta, la nulidad de la inscripción en el Registro Agrario Nacional, así como la nulidad de los certificados parcelarios y los títulos de propiedad que habían sido expedidos a favor de los acaparadores de tierra. A pesar de que con esa sentencia favorable para los ejidatarios, ya que esas tierras regresaban a ser propiedad del ejido, el Comisariado Ejidal de Chocholá, representado por David Alejandro Anguas Quintal, José Humberto Quintal Durán y María Isabel Quintal Osorio, interpusieron el juicio de amparo el 21 de marzo de 2023 ante el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, buscando revertir la sentencia y favorecer a los empresarios, argumentando que la sentencia del Tribunal Unitario Agrario transgredía derechos fundamentales y la protección de la propiedad agraria, consagrados en la Constitución.
El Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa, realizó un estudio detallado de lo resuelto por el Tribunal Unitario Agrario y apegándose a la ley, resolvió que el amparo era improcedente, basándose en el principio de definitividad. Este principio establece que los promoventes del amparo debían agotar el recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario, antes de acudir al amparo, por lo que, al no haberlo hecho, sobreseyó el amparo promovido por el ejido. Con este fallo a favor solo queda firme la sentencia del Tribunal Unitario Agrario, sino también se asegura la restitución de tierras al ejido de Chocholá, suscitando a la conservación de la flora y fauna nativa del lugar, los cenotes del municipio y logran salvar de los depredadores inmobiliarios y empresarios constructores.
