Gobierno de Trump deporta a niños estadounidenses y sus madres indocumentadas
En un acto que ha generado fuerte indignación, el Gobierno de Donald Trump deporta a niños estadounidenses junto a sus madres indocumentadas, exponiendo fallos profundos en el sistema migratorio y violaciones a derechos humanos. Esta situación, denunciada por organizaciones como la ACLU, ha puesto en tela de juicio las políticas migratorias de esa administración.
Gobierno de Trump deporta a niños estadounidenses sin respetar sus derechos básicos
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) denunció que niños menores de siete años, ciudadanos estadounidenses, fueron deportados junto a sus madres indocumentadas, quienes llevaban años viviendo en Estados Unidos y mantenían fuertes lazos con sus comunidades locales.
Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Nueva Orleans realizaron los arrestos el 22 y 24 de abril. Durante el proceso, el ICE mantuvo a las familias casi totalmente incomunicadas, ignorando los múltiples esfuerzos de abogados y familiares para establecer contacto.
Las dos madres involucradas eran elegibles para alivio migratorio, pero debido a la falta de acceso legal, no pudieron recibir asesoría adecuada a tiempo. Un ejemplo alarmante: a una de ellas solo se le permitió una llamada telefónica de menos de un minuto antes de ser cortada abruptamente.
Deportaciones ilegales: consecuencias devastadoras
En uno de los casos, el ICE prometió permitir llamadas legales dentro de 24 a 48 horas, pero tras el cierre de los tribunales, las autoridades federales aceleraron la deportación a la mañana siguiente. La falta de transparencia y el atropello de derechos básicos ha generado un gran escándalo.
Una madre fue deportada junto a su hijo, un niño ciudadano estadounidense diagnosticado con cáncer metastásico. La acción del ICE ignoró advertencias médicas críticas, enviándolo al extranjero sin tratamiento ni acceso a sus médicos.
Otra de las madres fue deportada estando embarazada, sin garantizar atención médica adecuada ni seguimiento prenatal. Estas acciones muestran un patrón alarmante de negligencia y deshumanización bajo las políticas migratorias del Gobierno de Trump que deporta a niños estadounidenses.
Alanah Odoms, directora ejecutiva de la ACLU de Luisiana, condenó estos hechos:
“Estas acciones atroces deben ser condenadas. Como nación, somos mejores que esto. Estas familias merecen algo mejor. Deben ser devueltas.”
Por su parte, Teresa Reyes-Flores de la Coalición por la Dignidad y la Detención del Sureste (SEDND) enfatizó la gravedad:
“Las familias fueron aisladas de sus abogados y seres queridos, deportadas apresuradamente, privando a sus padres de la oportunidad de proteger a sus hijos ciudadanos estadounidenses.”
La presión pública para que el ICE revierta las deportaciones crece cada día.
Violaciones graves al debido proceso
Otra niña estadounidense de dos años fue deportada junto a su madre a Honduras. Este caso provocó fuertes críticas de parte de un juez federal en Luisiana, quien denunció la ausencia total de procedimientos formales. La audiencia para esclarecer los hechos se programó para el 16 de mayo.
Según documentos judiciales, aunque el gobierno no negó los hechos, argumentó que la deportación fue solicitada por la madre. Sin embargo, la ley prohíbe deportar ciudadanos estadounidenses, y este caso ha reavivado el debate migratorio en todo el país.
Además del drama vivido por estas familias, otro caso resalta las deficiencias del sistema migratorio: el del salvadoreño deportado por error, Kilmar Ábrego García. Este hombre fue enviado a una peligrosa megaprisión en El Salvador tras un fallo administrativo, pese a órdenes judiciales que exigían su regreso inmediato a EE.UU.
Este caso no solo evidencia la negligencia en los procesos migratorios, sino que también incrementa el miedo y la inseguridad entre las comunidades de inmigrantes legales e indocumentados.
Trump y su lucha contra la inmigración
Desde su regreso al poder en enero, Donald Trump priorizó la lucha contra la inmigración ilegal. Sin embargo, sus políticas han generado múltiples sentencias judiciales desfavorables, confrontaciones con jueces, y acciones que han sido calificadas como inhumanas y autoritarias.
Incluso, en un hecho sin precedentes, un juez fue arrestado por supuestamente “obstruir” la detención de un migrante en un tribunal federal, en medio de un ambiente judicial altamente polarizado.
