Un presupuesto inconstitucional y poco realista, que podría volverse un serio problema para la 4T
La revisión, discusión y autorización del presupuesto del gobierno es una de las tareas democráticas más importantes que tienen la mayoría de los congresos y parlamentos en el mundo. Se trata, ni más ni menos, que de definir el uso de los recursos que la población le entrega al gobierno para que éste realice sus funciones. No podría haber educación o salud de carácter público, ejército, policía, inversión pública en infraestructura, programas sociales, actos de promoción turística o apoyos al campo, por citar algunos ejemplos, si no hay un presupuesto con el cual financiar tales acciones.
Es también un ejercicio de equilibrio entre poderes, en el cual uno le autoriza a otro cuánto es lo que puede y debe recaudar y gastar, y en qué rubros, de acuerdo a lo que se considere prioritario para el bienestar social y el impulso al crecimiento económico.
Es por ello que el proceso que culmina con la autorización de los gastos de la hacienda pública por lo general está lleno de pasión discursiva, de álgidos debates con argumentaciones sólidas e inteligentes, y de negociaciones complejas, en donde se enfrentan proyectos diversos y fuerzas políticas que con base en su representación popular y regional, plantean lo que debería ser incluido en el presupuesto, y lo que debe ajustarse o descartarse. Esto en aras de construir el consenso, cuando sea posible, o en su caso la mayoría que haga viable la labor gubernamental.
Sin embargo, eso no sucede en México. Aunque en el régimen priista seguramente eran mínimos los cambios al proyecto enviado a la Cámara de Diputados (la única que tiene la facultad de autorizar los gastos del gobierno, por lo cual el presupuesto no es una ley, sino un decreto), su discusión en muchos casos podía ser rica e interesante. Cuando la oposición empezó a ocupar mayores espacios legislativos y de gobierno, era común que se integraran al presupuesto algunos proyectos de su interés.
Desde 1997, en que el PRI perdió la mayoría, y durante los gobiernos panistas, la Cámara se volvió un actor fundamental para la operación gubernamental, tanto para reformar leyes como para autorizar los presupuestos. Aunque tal vez no era mucho el monto modificado respecto al total, alcanzaba para redistribuir recursos a los programas y proyectos de inversión que resultaban de mayor importancia para la oposición. Y no solo eso, la normativa sobre el gasto que se incluye en el decreto también era sujeta de cambios, lo cual alentaba la revisión a detalle, la discusión, el debate y las negociaciones entre fuerzas políticas diversas y el gobierno.
Aunque en primera instancia se buscaba lograr una mayoría que apoyara el presupuesto, también había esfuerzos por construir el mayor consenso posible, cuando ello era viable, ya que así se legitimaba más el resultado.
En el neopriismo, esta práctica decayó, y en el régimen morenista, desapareció. La premisa se volvió “no mover ni una coma” al proyecto enviado por el gobierno. Y cuando hay algún cambio, no es por la presión opositora, sino a solicitud de representantes gubernamentales, con el respaldo de su mayoría parlamentaria. La insípida oposición no es capaz ni de promover un debate serio para evidenciar pifias, errores o abusos en la asignación de los recursos. Y la mayoría de la mayoría, ni siquiera se esfuerza en leer a detalle el dictamen correspondiente antes de votar por él y autorizarlo en sus términos.
En ese ambiente, a mediados del mes pasado se autorizó la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación del actual ejercicio fiscal, cuyas estimaciones se basaron en diversos elementos que podrían resultar poco realistas, y otros que muy probablemente están en contra de algunos preceptos constitucionales.
En la Ley de Ingresos, adicional a la proyección de los ingresos públicos propios, que se integran con la recaudación tributaria, los ingresos no tributarios y los de organismos y empresas, se establece el límite de endeudamiento que autoriza el Congreso al gobierno para financiar su gasto. También establece el régimen fiscal de PEMEX y algunas medidas fiscales.
En el caso del Presupuesto de Egresos, es el documento que integra el gasto total del sector público federal, en sectores como la educación, la inversión pública en infraestructura, los programas sociales, el combate al crimen, entre otras tareas.
Entre las cifras que se estimaron en los criterios de política económica, se prevé que la inflación se reducirá a un 3.5%, que el tipo de cambio con el dólar volverá a niveles de 18.5 pesos y la tasa de interés disminuya hasta llegar al 8%, con un crecimiento económico de entre 2 y 3% y el precio del petróleo de casi 58 dólares por barril. Sin embargo, ni la inflación, ni el tipo de cambio, ni el crecimiento económico previstos cuentan con el consenso de especialistas en diversos sectores, en cuyo ámbito se estima una evolución distinta, con mayor inflación, un tipo de cambio por arriba de los 20 pesos y un crecimiento económico menor al 1%.
Los ingresos totales según lo prevé la Ley de Ingresos, serán de 9 millones 300 mil millones de pesos, similar a lo que se gastará en el ejercicio fiscal, y en que los tributarios crecerán en cerca de un 3% real, ya que se estiman en 5 billones 296 mil millones de pesos, el 14.6% del PIB. Esa es la principal fuente de ingresos del gobierno federal para hacer frente a su gasto.
En busca de otorgar la certidumbre que requieren los mercados financieros para que la inversión fluya y crezca, el endeudamiento será menor al de ejercicios previos. Así, se reduce el déficit presupuestario de 5.9% del PIB en 2024 a 3.9% del PIB en 2025, y dicho déficit se reducirá gradualmente, hasta lograr un promedio de 2.4% de déficit en el actual gobierno. Incluso, se buscará lograr un superávit presupuestario primario (es decir, sin tomar en cuenta el costo financiero de la deuda) por casi 218,000 millones de pesos. Con las presiones de gasto y la evolución diferente a lo previsto de las variables económicas, esto parece imposible.
En cuanto al gasto, destaca que los programas sociales aumentarán su cobertura, a los cuales se les asignarán 835 mil millones de pesos, donde destacan la pensión de adultos mayores y la de discapacitados, los programas de becas, jóvenes construyendo el futuro, el programa de vivienda social y el apoyo a mujeres mayores de 63 años, entre otros.
Aunque hay un esfuerzo que podría ser positivo de reducción del gasto, en que el programable se reduce en un 3.6% real, y el de los ramos administrativos un 7.6%, hay diversos ámbitos en los que el gasto público caerá bastante, lo cual podría provocar un efecto negativo en esos sectores y en la población que se beneficia de ellos. Por ejemplo, las funciones de gobierno de Salud y de Cultura caen en 12 y 24% real. La del sector agropecuario se reduce en 24.3%, la de Comunicaciones en 12% y la de Turismo en 27%. La que se dirige a asuntos económicos, laborales y de comercio caerá en un 51.3%
Por otro lado, la inversión pública, que es la que detona crecimiento económico, será de 836 mil millones de pesos, con lo que se reduce en 14% real, que es más del doble de lo que cae el gasto en operación del gobierno, que caerá en 6.5% y será de un billón con 94 mil millones de pesos.
Aunque estas cifras son de una dimensión que la mayoría de las personas ajenas a las finanzas públicas no comprende, el gasto del gobierno es fundamental para el desarrollo del país y el bienestar de la población, en especial para quienes acuden a escuelas públicas, utilizan las instituciones gubernamentales de salud o reciben algún subsidio, pero también para quienes desean sentirse más tranquilos ante el ambiente de violencia, o quienes necesitan un buen empleo y que el gobierno dirija sus esfuerzos a fomentar un ambiente que atraiga la inversión.
Por otro lado, resalta que en la Constitución se establece que “ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos”; es decir, que el total del endeudamiento se debe dirigir a la inversión en infraestructura.
Sin embargo, en el presupuesto autorizado, hay solo 836 mil millones de pesos para inversión física (que también incluye la compra de ciertos activos como automóviles, entre otros, y no sólo el gasto en las obras públicas), mientras que en la Ley de Ingresos se autorizó un endeudamiento de hasta un billón 580 mil millones de pesos. Es decir, que el límite de endeudamiento autorizado por el Congreso al Gobierno, es de casi el doble que la inversión física, contrario a lo que indica el precepto constitucional. Habrá qué ver cuánto de ese endeudamiento se contrata, y qué tanto del gasto se dirige a la inversión física, y en qué momento.
También es relevante recordar que en fecha reciente se realizó una reforma constitucional que elimina diversos organismos autónomos, como el INAI, el IFETEL, el CONEVAL, y la COFECE, entre otros, en la cual se establece que las economías y ahorros derivados de ello, se dirigirán al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Por otro lado, se instruye a que los derechos laborales de los servidores públicos sean respetados totalmente, y que ,el personal con que cuentan los organismos públicos que se extinguen, pasará a formar parte de aquellos a quienes se otorgue sus atribuciones.
Sin embargo, en el Presupuesto que se autorizó, se le redujeron a la COFECE, al IFETEL y al INAI 2 mil 160 millones de pesos, que es el 65% de lo que se les asignaba en el proyecto de Presupuesto, los cuales se reasignaron a los rubros de Educación, Cultura, Agricultura, Infraestructura, Defensa y a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Es decir, antes de saber cuál será el costo administrativo de liquidar a esos organismos, y cuál sería el remanente o ahorro, el cual según la reforma constitucional debería usarse en financiar a las pensiones, los legisladores ya les retiraron la mayoría de los recursos que traían asignados, de acuerdo a su gasto histórico, y los repartieron en otros sectores. Y, por otro lado, con el restante que les dejaron, ni siquiera alcanzará para cubrir su gasto en servicios personales, por lo cual se infiere que la gran mayoría de sus empleados no serán asignados a otras dependencias.
Estos son claros ejemplos de que tanto la Ley de Ingresos como el nuevo Presupuesto de Egresos contienen elementos poco realistas, e inconstitucionales. Tal vez la mayoría de quienes lo autorizaron, ni siquiera se dieron cuenta. ¿Será que la mayoría de los electores votó por apoyar ese tipo de acciones al elegir a sus nuevos legisladores?.
No solo se trata de conocer cuánto se ingresa y se gasta en el gobierno federal. Un enorme desafío del ejercicio del presupuesto es el de lograr una adecuada evaluación de las acciones de gobierno para conocer el efecto de este gasto en el bienestar popular y en la promoción económica, entre otros ámbitos.
Por otro lado, la recaudación de ingresos implica retirarle dinero a personas y empresas, que no podrán utilizarlo en su beneficio, por lo cual debemos exigir que esos recursos de dirijan a promover un mayor bienestar general y se usen de forma eficiente y con un buen resultado, y la administración del endeudamiento público debe ser responsable y sensata.
Es por ello que preocupa tanto, por un lado, que este gobierno va a gastar más en su costo de operación, en pensiones, y en el costo financiero de la deuda, que lo que se dirigirá a la inversión en infraestructura pública, a la salud y la educación, solo por mencionar algunos ejemplos.
Pero también es motivo de preocupación que ya en el ejercicio del gasto, el presupuesto no sea viable en los términos que autorizaron los legisladores, y que por tanto se deban recortar los recursos, ya de por sí totalmente insuficientes, a programas educativos, a proyectos de inversión, al medio ambiente y a otros rubros, o en su caso aumentar el nivel de endeudamiento, que rebasaría con ello en mayor medida el límite constitucional. Incluso, tal vez sea necesario tomar ambas medidas indeseables, lo que ocasionaría nefastas consecuencias económicas, políticas y sociales, luego del enorme déficit del ejercicio anterior.
La economía y las finanzas públicas del País enfrentan un enorme desafío ante un contexto internacional turbulento e incierto: la consolidación de un nuevo modelo económico, con un enfoque de mayor justicia y bienestar social, que impulse decididamente la inversión nacional y extranjera, la cual derive en mayores y mejores empleos, y que al mismo tiempo, muestre señales de contar con una hacienda pública sólida, responsable, que otorgue la certeza de que será capaz de hacer frente a sus obligaciones financieras y presupuestarias sin desequilibrios ni improvisaciones.
La representación popular, en sus distintos niveles, debe hacerse valer en la determinación de los gastos del gobierno, vigilar estrictamente su uso, y reflejar en ellos las más valiosas demandas de la población. Es lo justo.
