De acuerdo con autoridades federales, al corte de las 18:00 horas de este lunes se contabilizaban cinco bloqueos activos en igual número de entidades, una reducción significativa frente a los 11 cierres reportados al inicio del día en nueve estados. La disminución refleja avances en las negociaciones entre autoridades y representantes de los sectores inconformes, quienes han planteado diversas demandas relacionadas con sus actividades productivas.

Desde las primeras horas, dependencias federales establecieron comunicación directa con gobiernos estatales y líderes de las organizaciones involucradas, con el objetivo de contener las afectaciones a la ciudadanía y garantizar, en la medida de lo posible, el tránsito en las principales vías de comunicación del país. Las autoridades subrayaron que, si bien se respeta el derecho a la libre manifestación, también se busca evitar impactos mayores en la movilidad y en las cadenas de suministro.

Los bloqueos que permanecían activos hacia la tarde se localizaban en puntos estratégicos del territorio nacional. En Baja California, se reportó el cierre en la carretera federal 2D Mexicali–San Luis Río Colorado, a la altura de Mexicali. En Guanajuato, la afectación se concentró en la carretera federal 110, en el tramo Pénjamo–La Piedad.

En tanto, en Michoacán se mantenía bloqueada la autopista México–Guadalajara, específicamente en la caseta de Contepec, uno de los corredores logísticos más relevantes del país. En , la interrupción se ubicó sobre la carretera federal 136, que conecta con la vía México–Veracruz.

Finalmente, en Morelos persistía un bloqueo en la autopista Siglo XXI, a la altura de la comunidad de Amilcingo , donde se mantenía presencia de manifestantes.

El Gobierno federal reiteró su llamado a los grupos que continúan con cierres carreteros para que privilegien las vías institucionales de diálogo y liberen las vialidades, a fin de evitar mayores afectaciones a terceros. Asimismo, destacó que las mesas de negociación permanecen abiertas y que se continuará trabajando para alcanzar acuerdos que permitan atender las demandas sin recurrir a medidas que impacten la circulación en el país.

La jornada dejó en evidencia la capacidad de respuesta de las autoridades ante escenarios de presión social, así como la relevancia de los canales de interlocución para desactivar conflictos que inciden directamente en la movilidad y la actividad económica nacional.

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Durante conferencia de prensa, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que la mayoría de las demandas de transportistas y productores agrícolas han sido atendidas, aunque reconoció que algunos acuerdos continúan en proceso debido a tiempos administrativos y operativos.

La funcionaria subrayó que las mesas de trabajo con los sectores inconformes se han mantenido activas desde meses atrás, por lo que insistió en privilegiar el diálogo sobre las acciones de presión. En ese sentido, hizo un llamado directo a evitar bloqueos que impacten la movilidad y la actividad económica.

Por su parte, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, informó que se contabilizaron al menos 11 bloqueos —entre totales y parciales— en entidades como Estado de México, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, con la participación de más de mil manifestantes.

El funcionario detalló que algunas vialidades comenzaron a liberarse conforme avanzaron las negociaciones, entre ellas la caseta La Venta de la autopista México-Toluca, lo que refleja —dijo— la efectividad del diálogo inmediato con los inconformes.

En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que existan razones de fondo para mantener las protestas, al afirmar que su administración mantiene canales abiertos de comunicación con los sectores productivos.

“No vemos razón para las movilizaciones porque está la puerta abierta al diálogo”, sostuvo la mandataria, quien enfatizó que diversas dependencias federales han atendido temas clave como seguridad, trámites administrativos y apoyos económicos.

Presión del mercado agrícola, detonante del descontento

Más allá del conflicto inmediato, el gobierno reconoció que uno de los factores estructurales detrás de las movilizaciones es la caída en los precios internacionales de granos básicos como maíz, frijol, sorgo y trigo, lo que ha reducido los ingresos de los productores.

Ante este panorama, la administración federal informó sobre la implementación de medidas de contención económica, entre ellas:

• La dispersión de cerca de 4 mil millones de pesos en apoyos
• Beneficios directos para aproximadamente 45 mil productores
• Estrategias para fortalecer el consumo de granos nacionales mediante acuerdos con compradores

La presidenta explicó que estos apoyos forman parte de compromisos previamente establecidos, especialmente en estados con alta producción agrícola como Sinaloa, donde el ciclo de cosecha por riego inicia en mayo.

Señalamientos políticos y alcance limitado de la protesta

En un tono más crítico, Sheinbaum señaló que algunos de los actores que impulsan las movilizaciones podrían tener vínculos con partidos políticos, aunque evitó profundizar en acusaciones directas.

Al mismo tiempo, matizó el alcance del descontento al señalar que se trata de grupos minoritarios frente a un universo más amplio de productores que sí participan en los mecanismos de diálogo institucional.

No obstante, reconoció que algunas demandas —como la modificación de acuerdos comerciales para limitar importaciones— implican procesos complejos que requieren la intervención de distintas dependencias y negociaciones a nivel internacional.

Infraestructura estratégica bajo presión

Los bloqueos impactaron una red carretera nacional que supera los 178 mil kilómetros, considerada una de las principales arterias para el desarrollo económico del país. Entre las rutas afectadas destaca la Carretera Federal 180, una de las más extensas del territorio nacional.

En este contexto, el gobierno federal reiteró su postura: mantener abiertos los canales de negociación, atender las causas económicas del descontento y evitar interrupciones en vías estratégicas que afectan tanto a la producción como al comercio.

La jornada evidenció, sin embargo, la persistente tensión entre las políticas públicas de apoyo al campo y las presiones del mercado internacional, un factor que podría seguir detonando movilizaciones en el corto plazo si no se estabilizan los ingresos del sector agrícola.

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Durante la conferencia matutina, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, delineó un nuevo enfoque que busca atender no solo la dimensión operativa de la búsqueda, sino también el rezago histórico que ha marcado este delito en el país.

Un problema con raíces históricas y evolución criminal

El funcionario subrayó que la desaparición de personas en México no es un fenómeno homogéneo, sino que responde a dos etapas claramente diferenciadas. La primera, vinculada a la llamada “Guerra Sucia” entre las décadas de 1950 y 1990, cuando el aparato estatal utilizó la desaparición forzada como mecanismo de represión política.

La segunda etapa, explicó, se detonó a partir de la estrategia de seguridad iniciada en 2006, que derivó en un incremento de desapariciones relacionadas con el crimen organizado, en un contexto de violencia generalizada.

En este punto, hizo referencia al caso emblemático de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, , cuya investigación —dijo— continúa siendo prioritaria para el Estado mexicano.

De registros dispersos a una base con criterios científicos

Uno de los ejes centrales del nuevo planteamiento gubernamental es la revisión integral del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Medina reconoció que, durante años, este sistema permitió el ingreso de información sin criterios homogéneos ni mecanismos suficientes de verificación, lo que generó inconsistencias y dificultades para las labores de búsqueda.

Ante ello, la administración actual impulsa una depuración basada en metodologías científicas y análisis de datos, con el objetivo de construir un padrón confiable que permita diseñar estrategias más efectivas.

Este proceso se articula con el trabajo de la , instancia que ha sido fortalecida con mayor personal especializado y equipamiento tecnológico.

Reformas legales y նոր arquitectura institucional

Como parte de esta nueva etapa, en julio de 2025 se publicaron reformas clave en materia de desaparición y población, que introducen cambios estructurales en el sistema de búsqueda. Entre ellos destacan:

• La creación de una Alerta Nacional de Búsqueda inmediata.
• La obligación de iniciar carpetas de investigación desde el primer reporte.
• La implementación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación.
• El desarrollo de una Plataforma Única de Identidad.
• El fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.

Además, se estableció la obligatoriedad de que todas las entidades federativas cuenten con fiscalías especializadas y unidades de investigación dedicadas a este delito, con el fin de homologar capacidades en todo el país.

Coordinación interinstitucional y participación de víctimas

El rediseño de la estrategia contempla una mayor articulación entre dependencias federales, fiscalías estatales, comisiones de búsqueda y organismos de atención a víctimas, bajo un esquema que busca evitar la fragmentación institucional.

Asimismo, el subsecretario destacó que las reformas fueron impulsadas en coordinación con colectivos de familiares, quienes han sido actores clave en la visibilización del problema y en la construcción de políticas públicas.

Compromiso político y deuda pendiente

En el plano político, Medina reiteró el compromiso del gobierno encabezado por de garantizar verdad y justicia, así como de evitar que las instituciones del Estado vuelvan a ser utilizadas para reprimir a la población.

No obstante, el diagnóstico presentado deja ver que el reto sigue siendo mayúsculo: reconstruir la confianza en los registros oficiales, mejorar la coordinación entre niveles de gobierno y, sobre todo, dar პასუხo a miles de familias que continúan en la búsqueda de sus seres queridos.

La actualización de la estrategia, más que un punto de llegada, se perfila como el inicio de una nueva fase en la política pública sobre desapariciones en México, donde la eficacia institucional será puesta a prueba frente a una de las crisis humanitarias más profundas del país.

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El hallazgo fue resultado de inspecciones permanentes en carreteras, coordinadas por el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Gobernación y la Guardia Nacional, en rutas consideradas estratégicas para el tránsito migratorio. De acuerdo con autoridades, estas acciones buscan frenar el uso de transporte de carga por parte de redes de tráfico de personas, una práctica que ha derivado en tragedias en años recientes.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que este tipo de rescates forman parte de una política integral que combina vigilancia, atención humanitaria y control migratorio. Señaló que el objetivo central es evitar abusos contra personas en movilidad, así como combatir a las organizaciones criminales que lucran con su traslado en condiciones peligrosas.

En este contexto, la mandataria explicó que las caravanas migrantes que ingresan al país son interceptadas desde el sur, donde se implementa un protocolo que incluye opciones de repatriación voluntaria o procesos de regularización que permitan a los migrantes integrarse laboralmente, principalmente en esa región. Según dijo, esta estrategia ha impedido que grupos numerosos avancen sin control hacia la frontera norte.

El caso del tráiler en Veracruz se suma a una tendencia que ha obligado a reforzar operativos en carreteras y puntos de revisión, ante el incremento en el uso de vehículos de carga para el traslado irregular de personas. Autoridades federales consideran que estos métodos no solo representan un riesgo para la vida de los migrantes, sino que también reflejan la capacidad de adaptación de las redes de tráfico ante los controles oficiales.

Aunque no se ha informado la nacionalidad de las personas rescatadas, se confirmó que todas recibieron atención médica inmediata, alimentos y acompañamiento institucional. Su situación migratoria será evaluada conforme a los procedimientos vigentes.

Este episodio pone de relieve el doble desafío que enfrenta el Estado mexicano: por un lado, garantizar condiciones humanitarias para quienes cruzan el país, y por otro, contener las operaciones de grupos criminales que convierten la migración en un negocio de alto riesgo.

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Durante la conferencia matutina, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, expuso que el proyecto busca modificar de fondo la lógica del ejercicio del poder, al priorizar el uso responsable de los recursos públicos y reducir lo que calificó como excesos en la burocracia.

Austeridad como eje de reorganización del Estado

Uno de los pilares de la propuesta es la consolidación de la llamada “austeridad republicana”, principio que ha marcado la política gubernamental en los últimos años. Bajo esta premisa, se plantea establecer un tope salarial para todos los funcionarios públicos, incluidos los integrantes de organismos electorales, de modo que nadie perciba ingresos superiores a los de la titular del Ejecutivo.

La medida, explicó la funcionaria, no busca debilitar el servicio público, sino redefinirlo bajo criterios de equidad. “Se trata de garantizar salarios dignos, pero sin excesos”, afirmó, al tiempo que subrayó que los recursos ahorrados podrían destinarse a proyectos de infraestructura social, particularmente en municipios con mayores rezagos.

Ajustes a gobiernos locales y eficiencia administrativa

En el ámbito municipal, la iniciativa contempla cambios en la integración de los ayuntamientos, específicamente mediante la reducción o limitación del número de regidurías. Este planteamiento abre un debate sobre el equilibrio entre representación política y eficiencia administrativa, en un contexto donde los gobiernos locales enfrentan crecientes demandas de servicios y cercanía con la ciudadanía.

Especialistas han señalado que esta medida podría traducirse en estructuras más compactas, aunque también advierten sobre el riesgo de reducir la pluralidad en los cabildos.

Más poder ciudadano: revocación de mandato ampliada

Otro de los puntos clave del proyecto es el fortalecimiento de los mecanismos de participación directa. La reforma propone ampliar los periodos en los que la ciudadanía puede solicitar la revocación de mandato, con el objetivo de consolidar un modelo de evaluación constante del desempeño de los gobernantes.

“El pueblo pone y el pueblo quita”, reiteró Rodríguez, al destacar que esta herramienta busca responder a una demanda histórica de mayor control ciudadano sobre el poder político.

Un rediseño en disputa

La iniciativa, en su conjunto, coloca en el centro del debate nacional temas estructurales como la redistribución del poder, el tamaño del aparato gubernamental y los alcances de la democracia participativa en México.

Mientras el gobierno defiende la propuesta como un paso hacia un país más equitativo y cercano a la gente, sectores críticos anticipan una discusión intensa sobre sus posibles implicaciones en la autonomía institucional, la representación política y el equilibrio de poderes.

De avanzar en el Congreso, la reforma no solo modificaría normas, sino que podría redefinir la relación entre ciudadanía y gobierno, marcando un nuevo capítulo en el proceso de transformación política del país.

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Desde su nombramiento el funcionario público que ha generado controversia y al respecto el secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, destacó que Mora Gómez tiene la nacionalidad mexicana.

Mora Gómez ha participado en diversas actividades en Tabasco, como el lanzamiento de las Jornadas de Paz, que buscan brindar atención directa y gratuita a la población, en las colonias de la capital principalmente aquellas con alto grado de marginación.

En estas jornadas ha expresado su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público.

Ante la denuncia del PRD por una intervención extranjera en la política del Estado por parte del funcionario de la SEGOTAB al ser originario de Costa Rica, José Ramiro López Obrador, señaló que Mora Gómez inició los trámites ante la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración (INM), para ser mexicano.

López Obrador sostuvo que los señalamientos que la oposición realiza en contra del Gobierno solo buscan afectar a Morena.

El propio subsecretario José Pablo Mora Gómez aclaró en sus redes sociales oficiales que su nacionalidad es mexicana. La publicación estuvo acompañada de una fotografía de su credencial del INE.

“Ante las versiones que circulan en redes, aclaro que mi nacionalidad es mexicana. Mi vida, mi historia y mi futuro están aquí”, señaló.

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La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que en la entidad se han llevado a cabo 278 Jornadas por la Paz, una iniciativa que combina acciones de participación ciudadana, recuperación de espacios públicos y servicios gubernamentales en colonias consideradas prioritarias.

Durante su visita a Guadalajara, la funcionaria explicó que estas jornadas incluyen ferias deportivas, talleres de prevención de la violencia, exhibiciones culturales y ferias de salud enfocadas especialmente en mujeres, además de acciones para fortalecer la organización comunitaria.

Intervención en colonias prioritarias

Los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque han concentrado parte importante del esfuerzo interinstitucional. En conjunto, se han brindado más de 91 mil servicios y trámites a la población mediante módulos de distintas dependencias.

En Tlajomulco se realizaron 12 mil visitas casa por casa en 14 colonias para acercar programas sociales y escuchar las necesidades de los vecinos. Asimismo, se instalaron 11 comités de paz y se organizaron 14 ferias comunitarias y 17 jornadas, en las que participaron más de 8 mil personas.

Por su parte, en Tlaquepaque se efectuaron 20 mil visitas domiciliarias en 19 colonias, se integraron 18 comités de paz y se recuperaron cinco espacios públicos para actividades comunitarias. En este municipio también se impulsaron campañas de vacunación contra el sarampión y la realización de bodas comunitarias.

Programas para jóvenes

Rodríguez señaló que, por instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo , se reforzarán las estrategias dirigidas a jóvenes a través del programa “Jóvenes Transformando México”.

Entre las acciones previstas se encuentra la construcción de 22 nuevos planteles del bachillerato Margarita Maza, así como un Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario en El Salto, cuatro telebachilleratos comunitarios y la ampliación de centros tecnológicos en el estado.

Además, se contempla la edificación de cuatro centros comunitarios “México Imparable” en Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, con el objetivo de ofrecer espacios para actividades educativas, culturales y deportivas.

Actividades juveniles y deportivas

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, desde enero de 2025 se han realizado 1,556 actividades juveniles en las 15 regiones de Jalisco, entre ellas murales colectivos, rodadas por la paz y jornadas de tequio para mejorar espacios públicos.

Para marzo se prevé la organización de 500 actividades deportivas adicionales, así como los Juegos Nacionales Clasificatorios en disciplinas como ciclismo, bádminton, esgrima, natación artística y kárate.

Desarme voluntario

Como parte de la estrategia de construcción de paz, la funcionaria también destacó el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, en el que participaron autoridades federales, la Iglesia católica y gobiernos locales.

A través de este esquema, los ciudadanos entregaron 82 armas de fuego de manera voluntaria a cambio de una compensación económica, con el objetivo de reducir la presencia de armamento en los hogares.

La titular de Gobernación subrayó que estas acciones buscan fortalecer el tejido social y prevenir la violencia desde las comunidades, mediante la participación ciudadana y la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.

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Culiacán, Sinaloa.– La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó este viernes la presentación de resultados de las acciones emprendidas en la entidad como parte del eje de atención a las causas de la violencia dentro de la estrategia nacional de seguridad.
Rodríguez informó que, desde octubre de 2024, se han realizado 413 reuniones de la Mesa de Paz estatal, además de 2,456 sesiones regionales y una interestatal, lo que permitió alcanzar 840 acuerdos en beneficio de la población. El gobernador Rubén Rocha Moya presidió la mesa estatal, mientras que en las regiones participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno.
En paralelo, se efectuaron 228 jornadas por la paz en distintos municipios, con la participación de más de 69 mil personas. Estas actividades incluyeron acciones deportivas, culturales y artísticas dirigidas a jóvenes, comunidades rurales y planteles educativos. Para abril se prevé la instalación de los Consejos de Paz y Justicia en todos los municipios.
La funcionaria destacó el programa “Sí al desarme, sí a la paz”, mediante el cual la población entregó de forma anónima 1,219 armas de fuego entre octubre de 2024 y febrero de 2026. Solo en El Fuerte se recibieron 208 armas, municiones y explosivos. Además, se promovió el intercambio de juguetes bélicos por didácticos, con el objetivo de fomentar la resolución pacífica de conflictos entre niñas y niños.
Rodríguez adelantó que se organizarán ferias de paz con la participación de más de 50 dependencias, y que llegarán a la entidad programas como “Jóvenes Transformando México”, con la construcción de un nuevo bachillerato tecnológico, la ampliación de otro centro de educación técnica y la edificación de 20 nuevos planteles del Bachillerato Nacional Margarita Maza, instruidos por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Asimismo, se inaugurará este año la sede de la Universidad Rosario Castellanos, que iniciará clases virtuales en marzo y presenciales en septiembre. En el marco de la estrategia juvenil, también se edificarán dos centros comunitarios México Imparable, se pondrá en marcha el programa “Jóvenes Unen al Barrio” y se celebrará un concierto masivo como parte del circuito nacional de festivales por la paz, acompañado de la presentación de las orquestas sinfónicas por la paz.
Con estas acciones, el gobierno federal y estatal buscan consolidar un modelo de seguridad que atienda las causas sociales de la violencia y fortalezca la confianza ciudadana en Sinaloa.

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Impulsan Consejos de Paz y Justicia en Tabasco

Durante el encuentro virtual, la subsecretaria explicó que estos consejos tienen como objetivo central consolidar una política de resolución pacífica de conflictos. Estarán integrados exclusivamente por ciudadanos representativos de cada municipio y funcionarán como una herramienta para que las y los presidentes municipales atiendan problemáticas sociales mediante el diálogo y la mediación.

En la reunión también participaron integrantes de la Mesa de Paz de Tabasco, así como la titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención Social y Reconstrucción del Tejido Social de la Segob, Clara Luz Flores Carrales, quien detalló la estructura y funcionamiento de estos organismos.

Estrategia nacional para reducir la violencia

Bárcena Molina destacó que los Consejos de Paz y Justicia ya se consolidan en distintas entidades del país como parte de una estrategia nacional orientada a reducir la violencia a través de la participación ciudadana, la justicia cívica y la reconstrucción del tejido social.

Precisó que se trata de órganos intersectoriales en los que participan los tres órdenes de gobierno, así como iglesias, sector empresarial y academia, con el propósito de generar acciones coordinadas en favor de la paz social.

La estrategia es impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Convocarán a los 17 municipios

En respaldo a esta iniciativa federal, el secretario de Gobierno solicitó al subsecretario de Gobierno, José Pablo Mora Gómez, convocar esta misma semana a los 17 presidentes municipales de Tabasco, a fin de que reciban información detallada sobre la creación e importancia de los Comités de Paz y Justicia.

Fases de implementación

Por su parte, Clara Luz Flores Carrales explicó que la estrategia contempla la integración de mecanismos de medición para evaluar la eficiencia y los resultados de las acciones de construcción de paz tanto a nivel estatal como municipal.

Detalló que las fases de implementación incluyen:

• Presentación del programa.
• Identificación de actores clave (iglesias, universidades y organizaciones de la sociedad civil).
• Capacitación.
• Instalación formal de los consejos.
• Elaboración y presentación de un diagnóstico sobre violencia social.
• Formulación de un plan de trabajo con indicadores de resultados e impacto.

A nombre del gobernador Javier May Rodríguez, el secretario de Gobierno reiteró la disposición de Tabasco para atender la convocatoria del Gobierno de México.

En el mismo sentido se pronunciaron el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Efraín Reséndez Bocanegra, y la alcaldesa de Centro, Yolanda Osuna Huerta, quienes manifestaron su compromiso con la estrategia de construcción de paz en la entidad.

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La funcionaria subrayó que este enfoque parte de un principio central: la cercanía con la población, en especial con niñas, niños y jóvenes, como condición indispensable para reconstruir el tejido social. En ese marco, el gobierno federal ha realizado visitas casa por casa en casi 300 mil hogares de municipios prioritarios, lo que ha permitido identificar necesidades específicas y canalizar programas sociales, servicios y apoyos para el ejercicio pleno de derechos.

Uno de los pilares visibles de esta estrategia ha sido la recuperación de espacios públicos. De acuerdo con los datos presentados, 373 espacios que anteriormente eran basureros, focos de inseguridad o zonas abandonadas fueron rehabilitados. Actualmente, en ocho de cada diez de estos lugares se desarrollan de manera permanente actividades deportivas, culturales y recreativas, organizadas con la participación directa de las comunidades.

La coordinación interinstitucional ha sido otro elemento central. A través de las 298 Mesas de Paz Estatales y Regionales, se han llevado a cabo 7 mil 310 Jornadas por la Paz, en las que han participado más de un millón de personas, principalmente jóvenes. Estas jornadas incluyen acciones comunitarias como tequios, reforestaciones y la creación de senderos seguros, con el objetivo de fortalecer la organización vecinal y la apropiación del espacio público.

En el ámbito juvenil, la campaña “Por la Paz y Contra las Adicciones” ha logrado sumar a 856 mil jóvenes en actividades deportivas y culturales, en coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud y la Comisión Nacional del Deporte. A ello se suma la participación de casi 300 mil jóvenes en talleres, la asistencia de 67 mil a ferias de empleo y emprendimiento, y la incorporación de 247 mil al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, como parte de una estrategia para ampliar oportunidades educativas y laborales.

La atención a las causas también ha incluido un componente de salud comunitaria. Según la Secretaría de Gobernación, se han brindado más de medio millón de atenciones médicas, que abarcan desde vacunación hasta revisiones odontológicas, bucales y oftalmológicas. En este rubro, brigadas del Instituto Mexicano del Seguro Social realizaron más de 10 mil consultas adicionales en diversas regiones del país.

Atención a las causas: el eje social que redefine la estrategia de seguridad en México

En paralelo, se han conformado 353 Comités de Paz, espacios comunitarios orientados a la identificación de problemáticas locales y a la construcción de soluciones colectivas. Asimismo, mediante 456 Ferias de Paz, el gobierno federal llevó trámites y servicios directamente a las colonias, como la expedición de actas del Registro Civil y credenciales para votar, reduciendo barreras de acceso institucional.

La estrategia ha tenido un alcance territorial amplio. En Tamaulipas se instalaron 10 Consejos de Paz y Justicia Cívica estatales y municipales; en Michoacán se mantiene el respaldo al Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha y al Plan por la Paz y la Justicia; mientras que en Chiapas se realizaron asambleas comunitarias en municipios como Chicomuselo y Tila, además de la restitución del servicio eléctrico en comunidades afectadas.

Otro componente relevante ha sido el Tianguis del Bienestar, mediante el cual se han entregado de manera gratuita casi dos millones de artículos nuevos de primera necesidad, en coordinación con diversas dependencias federales. A ello se suma el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, que, del 1 de octubre de 2024 a la fecha, ha permitido el canje voluntario y anónimo de 9 mil 128 armas de fuego por dinero en efectivo, con el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica.

Rosa Icela Rodríguez enfatizó que estos resultados reflejan un cambio de enfoque en la política de seguridad: atender las causas sociales de la violencia antes de que se conviertan en delitos. En cifras globales, el gobierno federal ha otorgado más de cinco millones de servicios, beneficiando a más de tres millones de personas, como parte de una estrategia que busca construir territorios de paz desde lo comunitario y lo preventivo.

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