Investigación detectó faltas graves

De acuerdo con la dependencia federal, el Órgano Interno de Control (OIC) del Banco del Bienestar acreditó que los exservidores públicos realizaron movimientos indebidos en cuentas de cuentahabientes sin el consentimiento de los titulares, generando afectaciones superiores a los 275 mil pesos.

Los sancionados fueron identificados como Juan D., quien se desempeñaba como subjefe de área; Orlando P., exauxiliar de sucursal, y Marco M., exasistente administrativo.

Aplican inhabilitaciones y sanciones económicas

Como resultado de las investigaciones, los tres exfuncionarios recibieron una inhabilitación por una década para ocupar cargos, empleos o comisiones dentro del servicio público.

Además, las autoridades impusieron sanciones económicas cuyos montos van de los 25 mil a los 250 mil pesos, según la responsabilidad atribuida a cada involucrado.

También sancionan a exfuncionario del SAT

La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno indicó que otro caso derivó en la sanción de un exfuncionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Según las investigaciones del OIC, el exservidor público habría participado en la asignación irregular de citas para trámites fiscales utilizando datos personales de contribuyentes que no estaban registrados en la plataforma oficial del SAT.

Víctor R., quien ocupaba el cargo de subadministrador de Servicios al Contribuyente, fue sancionado con una inhabilitación de un año para ejercer funciones dentro del servicio público.

Lista de sanciones

• Víctor R., exsubadministrador de Servicios al Contribuyente del SAT: inhabilitación por un año.
• Juan D., exsubjefe de área del Banco del Bienestar: inhabilitación por 10 años y sanción económica.
• Orlando P., exauxiliar de sucursal del Banco del Bienestar: inhabilitación por 10 años y sanción económica.
• Marco M., exasistente administrativo del Banco del Bienestar: inhabilitación por 10 años y sanción económica.

Dependencia llama a denunciar actos de corrupción

La Secretaría encabezada por Raquel Buenrostro señaló que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones conforme a la ley.

No obstante, aseguró que defenderá cada determinación con base en las pruebas recabadas y priorizando el interés público.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a denunciar posibles actos de corrupción mediante el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas: sidec.buengobierno.gob.mx

“La corrupción representa una traición a la confianza de la población y debe tener consecuencias”, señaló la dependencia al reiterar su compromiso con el combate a la impunidad y el fortalecimiento de una cultura de transparencia en el servicio público.

Violar la ley tiene consecuencias: la Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno inhabilita hasta por 10 años a cuatro personas servidoras públicas del @SATMX y @bbienestarmx.

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— Buen Gobierno México (@BuenGobierno_mx) May 13, 2026

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Durante su conferencia matutina, la mandataria no sólo ratificó el dato, sino que adelantó que su administración evalúa transparentar una lista más amplia de exservidores públicos que perciben montos elevados por concepto de retiro, algunos de los cuales —según versiones periodísticas citadas en Palacio Nacional— podrían superar los 500 mil pesos mensuales.

Revisión a fondo y posible reforma constitucional

Sheinbaum señaló que, si bien la cifra oficial confirmada hasta ahora es de 120 mil pesos en el caso de Gurría por su paso por Nacional Financiera (Nafinsa), se revisará la información completa para evitar discrepancias y garantizar claridad en los montos reales.

“Sí, en efecto, Gurría está entre las personas”, respondió al ser cuestionada sobre exfuncionarios que perciben ingresos superiores al salario presidencial.

La presidenta fue más allá y anunció que enviará al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para ajustar las pensiones de exfuncionarios de confianza al principio de austeridad republicana. El criterio retomaría la política impulsada por el expresidente , según la cual ningún servidor público debe ganar más que la persona titular del Ejecutivo federal.

La propuesta contempla que dichas pensiones no rebasen, al menos, la mitad del salario presidencial.

Cuestionamientos a la doble percepción

En referencia a Gurría —quien también fue secretario de Hacienda, canciller y posteriormente secretario general de la (OCDE)— Sheinbaum cuestionó la pertinencia de mantener una pensión financiada con recursos públicos en México tras haber ocupado cargos internacionales de alto nivel.

“Pues abuso, excesos. Imagínense cuánto ganaría como director de la OCDE y luego, aparte, estar cobrando una pensión”, expresó.

El señalamiento coloca en el centro del debate la compatibilidad entre trayectorias internacionales de alto perfil y beneficios derivados del erario mexicano.

Fuerzas Armadas, fuera de la revisión

La mandataria precisó que las Fuerzas Armadas no están contempladas dentro de esta revisión, al considerar que sus esquemas de retiro responden a condiciones particulares de servicio y disciplina castrense.

El foco, explicó, está en esquemas de retiro otorgados a funcionarios de confianza que, en algunos casos, permanecieron pocos años en el servicio público pero accedieron a beneficios considerados desproporcionados.

Transparencia como siguiente paso

Además de la iniciativa legislativa, el gobierno federal analiza el mecanismo jurídico y administrativo para dar a conocer públicamente los nombres de otros beneficiarios con percepciones superiores a los 500 mil pesos mensuales, en aras de transparentar el uso de recursos públicos.

Con esta revisión, la administración de Sheinbaum busca reforzar la narrativa de continuidad en la política de austeridad y abrir un nuevo capítulo en la discusión sobre privilegios heredados de administraciones anteriores.

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