Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que las autoridades estadounidenses enviaron las peticiones a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), instancia que posteriormente consultó a la FGR sobre la viabilidad jurídica de proceder.

“La fiscalía respondió que no hay elementos suficientes y así se notificó al gobierno de Estados Unidos a través de Relaciones Exteriores”, señaló Sheinbaum.

Investigación permanece abierta

La presidenta aclaró que, aunque la FGR rechazó proceder con las órdenes solicitadas, el expediente no fue cerrado. Indicó que la institución abrió una investigación para revisar los señalamientos y definir si existen posibles responsabilidades conforme al marco legal mexicano.

El caso deriva de solicitudes de detención provisional promovidas por autoridades estadounidenses contra funcionarios y exfuncionarios mexicanos presuntamente relacionados con el Cártel de Sinaloa y con posibles delitos vinculados al narcotráfico y operaciones con recursos ilícitos.

SSPC niega ficha roja contra Rocha Moya

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este miércoles que Rubén Rocha Moya no cuenta con ficha roja de Interpol, luego de realizar consultas tanto en México como a nivel internacional.

La dependencia detalló que no existe ninguna notificación roja activa en contra del mandatario con licencia y recordó que este mecanismo internacional funciona únicamente como una alerta de búsqueda y localización, no como una orden de captura automática.

García Harfuch explica alcance de las fichas rojas

En la misma conferencia matutina, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, precisó que una ficha roja de Interpol no autoriza por sí sola la detención de una persona en territorio mexicano.

“No porque exista una ficha roja se puede detener automáticamente a alguien”, puntualizó el funcionario, quien agregó que cualquier acción debe pasar por un proceso de validación entre autoridades nacionales e internacionales.

Asimismo, destacó que este tipo de mecanismos forman parte de los acuerdos de cooperación internacional en materia de seguridad y justicia.

Especialista advierte debilidad en la respuesta oficial

Sobre el caso, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, consideró que las solicitudes emitidas por Estados Unidos están contempladas dentro del tratado de extradición vigente entre ambos países, por lo que no representan una intervención indebida.

No obstante, opinó que la respuesta del gobierno mexicano podría interpretarse como una postura débil frente a las acusaciones, además de sugerir que las autoridades buscan “ganar tiempo” mientras avanzan las investigaciones.

Cossío también planteó que las medidas de seguridad implementadas alrededor de los señalados podrían funcionar como mecanismos de control indirecto mientras se define su situación jurídica.

Señalamientos elevan tensión política y jurídica

El exministro advirtió que este caso posee características distintas a otros expedientes recientes debido a que involucra acusaciones relacionadas con el presunto uso de recursos ilícitos en campañas electorales, situación que incrementa la complejidad política y legal del asunto.

Finalmente, recordó que la propia Interpol establece que muchas de sus fichas rojas son de uso exclusivo policial y no necesariamente se hacen públicas, ya que su difusión depende de la decisión del país solicitante y de los lineamientos del organismo internacional.

La entrada FGR respondió a EU que no hay “pruebas suficientes” contra Rocha Moya; caso sigue en investigación se publicó primero en La Chispa.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario estatal aseguró que enfrentará el proceso “con la frente en alto” y reiteró que continuará defendiendo su postura para que “la verdad prevalezca”.

Comparecencia en la sede de la FGR en Culiacán

Rocha Moya explicó que se presentó en las instalaciones de la FGR en Culiacán, Sinaloa, donde respondió a los cuestionamientos realizados por una agente del Ministerio Público Federal.

El político sinaloense afirmó que mantendrá disposición total para acudir a cualquier llamado de las autoridades investigadoras cuando sea requerido.

Asimismo, sostuvo que su decisión de comparecer obedece a la confianza que tiene en el sistema judicial mexicano, el Estado de derecho y las instituciones encargadas de impartir justicia en el país.

Respalda instituciones y menciona a la presidenta

En su posicionamiento, Rocha Moya destacó que las instituciones de justicia han sido fortalecidas mediante las reformas impulsadas por el movimiento de la Cuarta Transformación.

“El movimiento de la Cuarta Transformación, ha venido saneando y legitimando, a través de múltiples acciones reformadoras que profundizan la vida democrática y de justicia de las y los mexicanos”, señaló en su mensaje.

También señaló que acudió motivado por el liderazgo de la presidenta de México, a quien reconoció por defender la soberanía nacional frente a presiones externas.

“Lucha con inteligencia y profundo patriotismo por el absoluto respeto a nuestra Soberanía Nacional, frente a cualquier intento de mancillarla”, dijo.

A la opinión pública:

Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República (@FGRMexico), con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal.

Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la…

— Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) May 26, 2026

Vicefiscal con licencia también rindió declaración

Horas más tarde, el vicefiscal general de Sinaloa con licencia, Dámaso Castro Saavedra, también se presentó ante la FGR para rendir declaración dentro de la misma investigación.

Al salir de las instalaciones federales, el funcionario afirmó que rechaza las acusaciones en su contra y expresó confianza tanto en su desempeño como en el trabajo institucional de la dependencia.

“Confío en mi trabajo y en el trabajo institucional. Rechazo estas acusaciones. Vamos a esperar la integración de la carpeta”, declaró ante medios de comunicación.

Investigación se originó por acusación en Nueva York

El pasado sábado, la FGR confirmó que citó a declarar a 10 personas mencionadas en una acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

La investigación en México se inició después de que fiscales estadounidenses anunciaran, el pasado 29 de abril, cargos contra Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.

Departamento de Justicia señala presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los acusados habrían conspirado con líderes del Cártel de Sinaloa para introducir narcóticos a territorio estadounidense a cambio de presuntos sobornos y respaldo político.

Entre las personas señaladas también aparecen Enrique Inzunza Cázares, Enrique Díaz Vega, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.

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El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reaccionó al citatorio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR) para comparecer ante autoridades federales, luego de las acusaciones realizadas en semanas recientes por instancias judiciales de Estados Unidos, donde se le señala de presuntos nexos con el cártel de Sinaloa.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario estatal con licencia confirmó que recibió el requerimiento oficial durante la mañana de este sábado y sostuvo que acudirá ante la autoridad ministerial con disposición y confianza en que prevalecerá la verdad.

“Hoy, en horas de la mañana, recibí citatorio para comparecer ante la Fiscalía General de la República”, escribió Rocha Moya, quien también dirigió un mensaje a la ciudadanía sinaloense, a los simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En su posicionamiento público, el político morenista aseguró ser “un hombre probo” y afirmó que no tiene nada que temer frente a las investigaciones en curso. “Mi biografía testimonia lo que soy”, expresó en su publicación.

Asimismo, subrayó que atenderá el llamado de la FGR “con la frente en alto”, al tiempo que reiteró su confianza en las instituciones y en el desarrollo del proceso legal correspondiente.

El citatorio se produce en medio de una creciente tensión política y judicial derivada de las investigaciones impulsadas desde Estados Unidos contra presuntos operadores y colaboradores vinculados al cártel de Sinaloa, situación que ha generado repercusiones políticas en distintos niveles de gobierno.

Hoy, en horas de la mañana, recibí citatorio para comparecer ante la Fiscalía General de la República.

Le digo a las y los sinaloenses, a las y los integrantes de nuestro movimiento de transformación, a nuestra líder y Jefa del Estado mexicano: soy un hombre probo y que no tiene…

— Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) May 23, 2026

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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este jueves que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, permanece bajo protección de la Guardia Nacional y se encuentra en su domicilio, en medio del creciente contexto de investigaciones y presiones políticas relacionadas con la entidad.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal aclaró que los esquemas de seguridad para funcionarios o exfuncionarios no dependen de decisiones personales de la Presidencia, sino de análisis técnicos realizados por instancias federales de seguridad como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Gobernación.

“Entiendo que sí”, respondió Sheinbaum al ser cuestionada sobre si Rocha Moya continúa bajo resguardo federal.

La presidenta explicó que las dependencias encargadas aplican metodologías de evaluación de riesgo para determinar si una persona enfrenta amenazas derivadas de su cargo, contexto político o condiciones de seguridad específicas.

“¿Cómo se hace esto para que no es que lo decida la presidenta? Se solicita a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o directamente a la Secretaría de la Defensa”, señaló.

Añadió que las autoridades realizan revisiones técnicas antes de decidir si procede la asignación de vigilancia o escoltas.

“La Defensa tiene una metodología para hacer la evaluación o Secretaría de Gobernación hace una revisión de riesgo, es posible que esté en riesgo por una u otra razón y a partir de ahí toma la decisión de si poner vigilancia o no poner vigilancia”, sostuvo.

En otro momento de la conferencia, Sheinbaum fue cuestionada sobre una presunta solicitud de protección federal por parte del senador Enrique Inzunza. La mandataria respondió que no contaba con información al respecto y consideró que probablemente no existe una petición formal.

La presidenta también abordó el tema de las ocho personas investigadas por autoridades estadounidenses en una indagatoria abierta por la fiscalía de Nueva York y presuntamente vinculadas a personajes cercanos al gobierno sinaloense.

Sheinbaum enfatizó que México no mantiene vigilancia especial sobre individuos únicamente por existir investigaciones abiertas en otro país, salvo cuando se activan mecanismos jurídicos internacionales.

“La fiscalía abrió una investigación, entonces ellos desarrollarán su investigación, pero no hay nada legal que nos obligue a que nosotros tengamos una vigilancia particular”, afirmó.

La mandataria explicó que, en caso de emitirse órdenes de captura internacionales por parte de Estados Unidos, estas pueden derivar en fichas rojas de Interpol que permitan detenciones fuera del territorio mexicano.

“Eso hace que se alerten fichas rojas por parte de Interpol. Entonces, eso es del gobierno de Estados Unidos. Si ellos llegaran a salir de México, otros países, a partir de la alerta roja que emitió el gobierno de Estados Unidos, pudiera llegar a detenerlos”, indicó.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen en un escenario de creciente presión política y judicial alrededor de Sinaloa, mientras el gobierno federal busca marcar distancia institucional respecto a investigaciones impulsadas desde Estados Unidos y subraya que cualquier actuación en México debe sustentarse en mecanismos legales internacionales.

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Las malas noticias continúan para el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de destaparse una segunda denuncia de juicio político en su contra realizada en 2025, por un caso en el que mil 359 trabajadores del gobierno fueron defraudados a principios de la década de 1980.

Con la salida del hoy mandatario estatal con licencia, la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde, tiene la responsabilidad de solucionar un problema en el que durante más de cuatro décadas todos los gobernantes anteriores cerraron los ojos.

Las solicitudes de juicios políticos se le siguen acumulando a Rocha Moya, acusado por el Gobierno de Estados Unidos por narcotráfico. Una de estas fue promovida por un particular por un caso sin solución desde hace más de cuatro décadas.

El pasado lunes 11 de mayo, la dirigencia nacional del PAN solicitó de manera formal un juicio político en contra del gobernador con licencia, tras darse a conocer la solicitud de detención de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, pero no es el primero que se solicita en su contra.

Hace un año el Congreso del Estado había recibido una solicitud similar con un caso que ningún gobierno estatal quiso arreglar en casi 44 años.

Aunque poco se supo de esta primera denuncia, ahora se sabe que el ex gobernador se sumó a una lista de mandatarios estatales que decidieron encubrir un fraude fraguado desde el mismo seno del gobierno sinaloense en el año de 1982.

Caso FibraSin; impunidad que data de 1982

En ese año, Sinaloa era gobernada por Antonio Toledo Corro del PRI (1981-1986), dicho mandatario presentó un proyecto para crear una empresa que fabricaría aglomerado de bagazo de caña llamada FibraSin.

Se trata de un material ecológico y sostenible fabricado mediante la compactación de las fibras residuales sobrantes tras extraer el jugo de la caña de azúcar, unidas con adhesivos naturales o sintéticos.

Se utiliza principalmente como una alternativa biodegradable al plástico en empaques y como material ligero de construcción.

Sin presupuesto estatal ni inversores del sector privado interesados, Toledo Corro tuvo la “idea” de convertir en “socios obligados” a mil 359 trabajadores al servicio del Estado.

Sin pedir opinión ni consentimiento, Toledo Corro ordenó que parte del salario de los trabajadores fuera tomado y depositado en un fideicomiso para capitalizar a la “naciente” empresa.

Durante más de dos años, millones de pesos (el peso mexicano en aquel entonces tenía tres ceros más) de las nóminas de los empleados estatales fueron tomados para engordar la cuenta de FibraSin.

El fraude llamado FibraSin

Los trabajadores fueron obligados a financiar una empresa que sólo estuvo en el papel, que nunca tuvo presencia física, sin recibir nada. Nunca tuvieron beneficios económicos, información sobre las finanzas ni existen constancias sobre juntas de Consejo.

El premio de consolación para los miles de trabajadores fue que Toledo Corro les dio el título de “accionistas”, cada vez que se refería a la empresa “fantasma” en los medios de prensa sinaloenses.

Con el paso de los años y las administraciones de gobierno, el fraude quedó evidenciado. Con el tiempo el fideicomiso fue cancelado, pero el dinero jamás regresó a las cuentas bancarias de los trabajadores.

Para 1985 los trabajadores solicitaron los títulos de las acciones que les correspondían como socios de la supuesta empresa, pero jamás les fueron otorgados y a partir de ese momento empezó una lucha que ya alcanzó más de 40 años.

Durante más de cuatro décadas los trabajadores recibieron amenazas veladas o directas para evitar cualquier tipo de demanda en contra del Gobierno para exigir sus derechos. Algunos fueron suspendidos de sus labores por realizar reclamos.

Toledo Corro, quien presumía una gran amistad con los entonces presidentes José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado, falleció el 6 de julio del 2018 a los 99 años, sin ser llamado a rendir cuentas.

Algunos de los defraudados han muerto, pero sus familias continúan su lucha, y los que viven ya son jubilados que a pesar de todo mantienen la esperanza de que en algún momento la justicia les sea otorgada.

FibraSin alcanzó a Rocha Moya

Toledo Corro dejó la gubernatura en 1986 y le siguieron Francisco Labastida Ochoa (1987-1992), Renato Vega Alvarado (1993-1998), Juan Sigfrido Millán Lizárraga (1999-2004), Jesús Alberto Aguilar Padilla (2005-2010).

Continuaron Mario López Valdez (2011-2016), Quirino Ordaz Coppel (2017-2021) hasta llegar a Rubén Rocha Moya, quien asumió el poder en 2021 y solicitó licencia para dejar el cargo de manera temporal el pasado 2 de mayo.

Todos con discursos de apoyo a las víctimas del fraude, con promesas de legalidad y transparencia, pero sin resolver nada y archivando el caso en lo más profundo de la impunidad.

Durante décadas las víctimas buscaron soluciones mediante su Sindicato, pero sus líderes siempre les dieron largas y se cargaron del lado de los gobiernos en turno.

Fue en el 2022 que un grupo de 477 afectados representados y asesorados por Bruno Radamés Valdéz Leyva, interpusieron el amparo 246/2022, un Tribunal Colegiado les dio la razón y emplazaron al gobernador a proporcionar toda la información necesaria, documentación que sirva de soporte, respecto a si se realizó o no descuento en los salarios de los trabajadores, pero no hubo respuesta por parte de la administración de Rocha Moya.

El 7 de mayo del 2025 Valdez Leyva, en representación de su padre, Israel Valdez Sandoval, quien es una de las víctimas, denunció de manera formal a Rubén Rocha Moya ante la Secretaría General del Congreso del Estado en busca de iniciar un juicio político en contra del mandatario con licencia.

Bruno Valdez creció y se hizo adulto escuchando hablar a su padre y sus compañeros de trabajo sobre este fraude, por lo que este tema para él es algo personal y tiene la confianza de que más víctimas se sumen para que, en un futuro, puedan presentar una demanda colectiva.

Congreso del Estado empantanó la denuncia contra Rocha Moya

El 18 de junio del 2025, la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación de la LXV Legislatura del Congreso local, cuya presidente de la Mesa Directiva en ese momento era Yeraldine Bonilla Valverde, actual gobernadora interina, analizó el dictamen que contiene la resolución de la denuncia de Juicio Político JP/001/2025 y desde ese momento el caso quedó estancado.

A poco más de un año de que Bruno Valdez interpuso la demanda para promover el juicio político en contra de Rocha Moya, el Congreso, conformado en su mayor parte por morenistas, no ha hecho nada ni ha dado alguna respuesta.

La encargada de supervisar el accionar de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación en ese momentos era la hoy gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, persona de toda la confianza de Rocha Moya y que de manera abierta ha declarado su apoyo al ahora ex gobernador.

Dieron su vida al Gobierno de Sinaloa y éste les dio la espalda

Bruno Valdez comentó que la lucha no es sólo para recuperar el dinero que le fue quitado a la fuerza a los trabajadores, sino porque se trata de personas que dieron su vida trabajando para el Gobierno de un Estado que decidió darles la espalda.

“Son personas entre los 70 y 80 años que merecen un final justo y digno. Dejaron su vida en el Gobierno del Estado y no es posible que no lo vean así

“No acaba (el problema) con la indemnización. Son personas grandes que merecen un final feliz. Son personas que batallan con medicinas, que les obligaron a hacer un sacrificio que no querían”, comentó Valdez Leyva.

El representante legal de los trabajadores del Estado señaló que el Gobierno de la entidad movilizó todo su aparato mediático para evitar que se diera a conocer su denuncia de juicio político a Rocha Moya.

“Acá en Sinaloa todos los medios hicieron caso omiso de mi denuncia, sólo un medio publicó la nota, pero el resto no. Supongo que tienen miedo de perder los privilegios que les otorga el gobierno”, indicó.

“Yo traté de dar a conocer por mi parte que se había entablado una denuncia, pero es muy complicado hacerlo sólo. Acá la mayoría de los medios tienen compromiso con el Gobierno y así es complicado ir contra los funcionarios como Rocha Moya”, dijo Valdez Leyva.

Fuente: (Con imágenes e información publicada por Xpectro)

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Durante una declaración pública realizada el sábado, Bonilla señaló que el exfuncionario fue enviado por la propia Sedena para asumir el cargo en el estado, luego de que se conociera la detención de Mérida Sánchez en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Exsecretario fue detenido al ingresar a Estados Unidos

Gerardo Mérida Sánchez ocupó la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, dentro de la administración encabezada por Rocha Moya.

Según información del Gabinete de Seguridad federal, el militar retirado ingresó a territorio estadounidense desde Hermosillo y fue arrestado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en el cruce fronterizo de Nogales el pasado 11 de mayo.

Diversos reportes periodísticos apuntan a que el exfuncionario se habría entregado voluntariamente para colaborar con las autoridades estadounidenses como posible testigo cooperante.

Fiscalía estadounidense lo acusa de narcotráfico y conspiración

La acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Estados Unidos involucra a Mérida Sánchez, al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y a otros exfuncionarios sinaloenses.

De acuerdo con el expediente judicial, el exsecretario enfrenta cargos por conspiración para importar drogas como fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina, además de delitos relacionados con posesión de armas de alto poder y dispositivos destructivos vinculados con operaciones de narcotráfico.

Las autoridades estadounidenses sostienen que Mérida Sánchez habría recibido sobornos mensuales superiores a los 100 mil dólares por parte de la facción criminal conocida como “Los Chapitos”, ligada a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Acusan protección a “Los Chapitos”

Entre las acusaciones en su contra destacan presuntas órdenes a policías estatales para evitar detener a integrantes de dicho grupo criminal, así como acciones para hostigar a organizaciones rivales.

El documento judicial también señala que habría filtrado información confidencial sobre investigaciones federales y alertado con anticipación sobre operativos militares, cateos y redadas contra laboratorios clandestinos y casas de seguridad.

Incluso, la investigación indica que durante 2023 se habrían frustrado al menos diez operativos debido a las advertencias anticipadas realizadas presuntamente por el exfuncionario, permitiendo el retiro de drogas, armamento y personal antes de las incursiones.

En caso de ser declarado culpable, Mérida Sánchez podría enfrentar una condena mínima de 40 años de prisión, además de cadena perpetua y el decomiso de bienes relacionados con las actividades ilícitas investigadas.

Gobierno estatal asegura que investigaciones no afectan a Sinaloa

Al ser cuestionada sobre el impacto político de las investigaciones contra exfuncionarios sinaloenses, Yeraldine Bonilla aseguró que la situación no afecta el funcionamiento del gobierno estatal ni las inversiones en la entidad.

La mandataria interina afirmó que la administración continúa trabajando de manera normal y sostuvo que no cuenta con información adicional sobre el caso de Mérida Sánchez ni sobre el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega.

También investigan a exsecretario de Finanzas

El viernes pasado trascendió que Enrique Díaz Vega también se encuentra bajo custodia de autoridades estadounidenses.

La acusación en su contra lo identifica como un presunto enlace entre líderes de “Los Chapitos” y el entonces gobernador Rocha Moya. Además, se le atribuye haber facilitado el nombramiento de funcionarios presuntamente vinculados con la organización criminal dentro del gobierno estatal.

Los fiscales estadounidenses también lo relacionan con actos de intimidación y violencia durante el proceso electoral de 2021 en Sinaloa.

Según la investigación, Díaz Vega habría sostenido reuniones con Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, entre otros integrantes de la facción criminal, y presuntamente entregó información personal de adversarios políticos para obligarlos a abandonar la contienda mediante amenazas y secuestros.

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La presunta captura del senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, por parte de agentes de la DEA en Estados Unidos ha generado una ola de especulaciones y tensión política, luego de que diversos medios reportaran una posible detención en San Diego, California.

Hasta el momento, ni la Administración para el Control de Drogas (DEA) ni autoridades mexicanas han confirmado oficialmente el supuesto arresto del legislador sinaloense, señalado recientemente en investigaciones estadounidenses relacionadas con presuntos vínculos con el narcotráfico.

Versiones apuntan a una posible entrega voluntaria

De acuerdo con reportes difundidos en medios regionales y nacionales, Inzunza Cázarez habría sido detenido o presentado voluntariamente ante autoridades estadounidenses en San Diego. Algunas versiones señalan que el senador estaría relacionado con expedientes abiertos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

Las especulaciones crecieron tras la reciente detención en Arizona de Gerardo Mérida Sánchez, exfuncionario del gobierno sinaloense acusado en Estados Unidos de presuntos nexos con “Los Chapitos”.

Enrique Inzunza niega detención y asegura estar en Sinaloa

Horas después de que se viralizaran los rumores, el propio senador reapareció en redes sociales para rechazar cualquier contacto con autoridades estadounidenses y aseguró que permanece en Culiacán, Sinaloa.

El legislador calificó como “falsas” y “sin sustento” las versiones sobre una supuesta captura o entrega a la DEA, además de reiterar que únicamente responderá ante instituciones mexicanas.

EU mantiene investigaciones contra funcionarios sinaloenses

El nombre de Enrique Inzunza aparece dentro de las acusaciones presentadas por autoridades estadounidenses contra varios funcionarios y exfuncionarios ligados al gobierno de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya.

Según documentos difundidos por fiscales del Distrito Sur de Nueva York, los señalados habrían colaborado con integrantes del Cártel de Sinaloa mediante protección institucional, filtración de operativos y apoyo político.

Pese al impacto político del caso, hasta este domingo no existe confirmación oficial sobre una orden de captura internacional o detención formal contra el senador morenista.

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La presidenta Claudia Sheinbaum cerró filas en defensa del debido proceso, la soberanía nacional y el Estado de derecho frente a las acusaciones surgidas en Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, señalado presuntamente por narcotráfico y vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fijó una postura firme al rechazar que su gobierno actúe por presiones mediáticas o señalamientos provenientes del extranjero sin pruebas formales. Subrayó que cualquier ciudadano mexicano, independientemente de su cargo o afiliación política, tiene derecho a un juicio justo basado en evidencias.

El posicionamiento surgió también en respuesta a la propuesta impulsada por Héctor Serrano, quien planteó aplicar exámenes de control de confianza a aspirantes a cargos públicos rumbo a 2027, utilizando como referencia el caso del mandatario sinaloense.

Sin embargo, Sheinbaum amplió el debate al terreno jurídico y diplomático, al insistir en que la relación con Estados Unidos debe basarse en el respeto mutuo y la reciprocidad. Reveló que existen al menos 36 casos en los que autoridades estadounidenses rechazaron solicitudes de México para detener personas con fines de extradición por falta de pruebas, lo que, dijo, evidencia la necesidad de aplicar el mismo criterio.

“La opción más importante es pedir pruebas”, enfatizó, al señalar que ni la detención ni la extradición pueden proceder sin sustento legal dentro del sistema penal acusatorio mexicano.

La presidenta dejó claro que su administración no protegerá a ninguna persona involucrada en delitos, pero tampoco permitirá acciones fuera del marco constitucional ni decisiones unilaterales de otros países.

Asimismo, cuestionó el papel de algunos analistas y opositores que, dijo, invocan el Estado de derecho de manera selectiva, al tiempo que exigen medidas inmediatas sin base judicial.

Finalmente, reafirmó que México no busca confrontación con Estados Unidos, pero sí mantener una relación basada en el respeto a la soberanía nacional y a las instituciones jurídicas del país.

La entrada Sheinbaum defiende soberanía y exige pruebas a Estados Unidos se publicó primero en La Chispa.

El gobierno federal cerró filas en torno a la ausencia de indicios previos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de que autoridades de Estados Unidos lo señalaran por presuntos vínculos con el narcotráfico, tráfico de armas y relaciones con el grupo criminal conocido como “Los Chapitos”.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, funcionarios del gabinete federal subrayaron que, hasta ahora, ninguna instancia mexicana cuenta con evidencia que respalde dichas acusaciones, ni ha recibido información formal por parte del gobierno estadounidense.

El titular de la Subsecretaría para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, detalló que México ya activó los canales diplomáticos correspondientes. Explicó que se envió una nota diplomática a través de la embajada en Washington para solicitar información oficial al Departamento de Estado de Estados Unidos.

“Estamos en comunicación permanente tanto con la embajada de Estados Unidos en México como con el Departamento de Estado. Se envió la nota diplomática y estamos en espera de una respuesta”, precisó.

Velasco fue enfático al señalar que, hasta el momento, no existe intercambio de pruebas: “No tenemos respuesta”, dijo al ser cuestionado sobre si Washington ha entregado elementos que sustenten los señalamientos contra el mandatario sinaloense.

Sin hallazgos en inteligencia federal

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, rechazó que las áreas de inteligencia del gobierno federal hayan detectado conductas ilícitas atribuibles a Rocha Moya.

“No se detectó”, respondió de forma directa al ser cuestionado sobre posibles irregularidades durante los operativos federales en Sinaloa.

El funcionario destacó que, a lo largo de la actual administración, las fuerzas federales han operado sin restricciones en la entidad, logrando detenciones relevantes de objetivos prioritarios, incluidos perfiles con órdenes de extradición internacional.

“Se han realizado detenciones de alta prioridad, no sólo para México, sino en el marco de responsabilidades compartidas. Nunca hubo impedimento para que el Gabinete de Seguridad desarrollara sus actividades”, afirmó.

Sin investigación abierta en México

Ante cuestionamientos adicionales, García Harfuch reiteró que no existe ninguna investigación en curso por parte de dependencias federales contra el gobernador con licencia.

“Por parte de nosotros, no”, sostuvo.

Relación bilateral en pausa técnica

El caso abre un nuevo capítulo en la relación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, particularmente en el intercambio de información de inteligencia y cooperación judicial.

Mientras el gobierno mexicano insiste en la falta de pruebas y mantiene su postura institucional, la atención se centra ahora en la respuesta que pueda emitir el gobierno estadounidense y en si ésta incluirá evidencia concreta que sustente las acusaciones.

En tanto, la vía diplomática se mantiene como el único canal activo para esclarecer un caso que, por su naturaleza, podría escalar a un tema de mayor tensión política y jurídica entre ambos países.

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La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el principio de presunción de inocencia y exigió pruebas al gobierno de Estados Unidos ante las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria subrayó que cualquier señalamiento debe estar respaldado con evidencia judicial y dejó en claro que su administración no encubrirá a nadie, pero tampoco actuará sin pruebas.

“No protegemos a nadie, absolutamente a nadie. Si hay pruebas, adelante, pero tiene que haber pruebas”, afirmó.

Sheinbaum explicó que los señalamientos contra Rocha Moya provienen de autoridades estadounidenses, por lo que corresponde a la Fiscalía General de la República iniciar investigaciones propias en caso de existir elementos suficientes.

“Las acusaciones no las hace México, las hace Estados Unidos, pero son graves. Tienen que tener pruebas”, sostuvo.

En el intercambio con medios, la presidenta también corrigió a un reportero al señalar que no se puede dar por hecho la culpabilidad sin que antes se acrediten jurídicamente los hechos.

Asimismo, detalló que el sistema penal acusatorio en México impide detenciones sin sustento legal, ya que toda acción debe derivar de una investigación formal y una orden de aprehensión basada en pruebas.

“Para detener a cualquier persona en México, sea un gobernador con licencia o cualquier otro ciudadano, tiene que haber pruebas y una orden de aprehensión”, enfatizó.

Finalmente, reiteró que si el gobierno estadounidense cuenta con evidencias contra Rocha Moya, debe presentarlas formalmente ante las autoridades mexicanas para que se actúe conforme a derecho.

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