El punto de quiebre fue la operación ejecutada en Caracas, donde fuerzas especiales estadounidenses capturaron al presidente en funciones de Venezuela, Nicolás Maduro. Ese episodio, ocurrido a inicios de enero, fue leído por analistas como una señal inequívoca de que la administración Trump está dispuesta a romper límites históricos en América Latina. Días después, el propio mandatario estadounidense volvió a mencionar la posibilidad de actuar contra los cárteles mexicanos, ahora ya no solo como amenaza retórica, sino como una opción “sobre la mesa”.

Un cambio de reglas en la región

La política de “la zanahoria y el garrote”, tradicional en la relación de Estados Unidos con América Latina, parece haber sido sustituida por una lógica de presión directa. Primero fue la designación de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras; luego, el decreto que clasifica al fentanilo como un “arma de destrucción masiva”, firmado el 15 de diciembre pasado; y, de forma paralela, los ataques a embarcaciones sospechosas de transportar droga desde septiembre del año anterior. Todo ello configura una estrategia que apunta a justificar acciones extraterritoriales bajo el argumento de seguridad nacional.

Trump ha mencionado en al menos una docena de ocasiones la posibilidad de intervenir militarmente en México. Frente a ello, la respuesta del gobierno mexicano ha sido consistente: la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que la soberanía nacional no está en negociación y que cualquier acción contra el crimen organizado se realiza bajo esquemas de diálogo y cooperación bilateral, no de imposición.

Cooperación sin precedentes… y aún insuficiente

En los hechos, ambos gobiernos han presumido resultados conjuntos: decomisos históricos de drogas y armas, destrucción de laboratorios de metanfetaminas y fentanilo, y golpes relevantes a estructuras criminales que operan a ambos lados de la frontera. A ello se suma una decisión inédita del gobierno mexicano: la entrega acelerada de decenas de presos vinculados al narcotráfico requeridos por Estados Unidos, sin agotar los largos procesos de extradición.

Tan solo en 2025 fueron entregados 55 reos en dos operaciones “fast track”. El caso más emblemático fue el de Rafael Caro Quintero, exlíder del cártel de Guadalajara, acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985. Su traslado a Estados Unidos fue celebrado por agencias antidrogas y por la familia del agente, que esperó justicia durante cuatro décadas. En México, sin embargo, la medida abrió un debate jurídico sobre posibles violaciones constitucionales.

Pese a todo, para Trump “nada es suficiente”. El presidente estadounidense sostiene que amplias zonas de México están controladas por organizaciones criminales y ha llegado a afirmar que estas mantienen vínculos con el partido gobernante. Según su narrativa, la presidenta Sheinbaum evitaría enfrentarlas por temor, rechazando incluso la “ayuda” ofrecida desde Washington.

La presión política y la sombra de la narcopolítica

Sheinbaum ha respondido que estas acusaciones forman parte de una campaña impulsada desde la oposición mexicana, que durante el proceso electoral de 2024 intentó vincularla al crimen organizado bajo la etiqueta #NarcoPresidenta. No obstante, el problema para su administración es que existen indicios —y señales diplomáticas— que apuntan a posibles nexos entre figuras del oficialismo y organizaciones criminales.

La revocación de visados a políticos mexicanos de alto perfil, algunos de ellos militantes de Morena, por parte del Departamento de Estado, ha sido interpretada por analistas como un mensaje claro de que Washington posee información sensible. Esa percepción se refuerza con el lenguaje utilizado en una orden ejecutiva firmada por Trump hace un año, en la que se afirma que las organizaciones criminales mexicanas mantienen “una alianza intolerable con el gobierno de México”, poniendo en riesgo la seguridad nacional estadounidense.

Entre la presión externa y la disputa interna: el dilema de México ante la ofensiva discursiva de Trump

Llamadas para contener la crisis

La más reciente amenaza de Trump derivó en una llamada telefónica con la presidenta Sheinbaum. Según versiones oficiales, el diálogo permitió, al menos de forma temporal, disipar el riesgo de una acción unilateral. El compromiso, una vez más, fue aumentar la colaboración y mostrar más resultados.

Se trató de la decimoquinta llamada entre ambos mandatarios desde que iniciaron sus gobiernos casi en paralelo —Sheinbaum en octubre de 2024 y Trump en enero de 2025—, un promedio cercano a una conversación mensual. Hasta ahora, estas comunicaciones han servido para administrar la crisis, pero no para eliminar la amenaza ni la percepción, instalada en Washington, de que los cárteles tienen un control profundo del territorio mexicano.

¿Qué más quiere Trump?

La pregunta central sigue sin respuesta clara: ¿qué entiende la Casa Blanca por “más colaboración”? ¿Cuáles son los parámetros y métricas que satisfarían a Trump? Para algunos analistas, el giro que dio el gobierno de Sheinbaum en materia de seguridad —alejándose de la política de “abrazos, no balazos” heredada de Andrés Manuel López Obrador— es una señal de que México está dispuesto a confrontar de manera más directa al crimen organizado.

Esa estrategia previa, basada en atender las causas sociales de la violencia, es vista hoy como un fracaso: los cárteles no solo crecieron, sino que diversificaron sus actividades ilícitas y profundizaron su penetración en estructuras políticas y territoriales.

El “golpe en la mesa” pendiente

La discusión llegó al centro del debate público cuando Sheinbaum fue cuestionada sobre un artículo de The Washington Post que sugería que la Casa Blanca estaría pidiendo acciones legales contra políticos de Morena presuntamente ligados al crimen organizado. La presidenta negó categóricamente que ese tema forme parte de la agenda bilateral.

Sin embargo, para diversos sectores, un golpe contundente contra la llamada “narcopolítica” sería una señal poderosa, tanto hacia Estados Unidos como hacia la sociedad mexicana, cansada de la impunidad y de la percepción de que existen intocables. Un movimiento así reafirmaría que el país está bajo el control de su presidenta.

El costo político, no obstante, sería alto. Implicaría fricciones internas en un oficialismo marcado por disputas de poder y por la influencia aún vigente del fundador de Morena, el expresidente López Obrador. Sheinbaum controla el aparato gubernamental, el presupuesto y la burocracia, pero el control político total del movimiento sigue siendo una tarea inconclusa.

En ese delicado equilibrio —entre la presión externa de Trump y las tensiones internas de la Cuarta Transformación— se juega hoy una parte central del futuro político y de la soberanía de México.

Con información de CNN

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Migración bajo control en la frontera norte

La mandataria compartió con Trump los avances de la estrategia mexicana para atender el fenómeno migratorio, asegurando que actualmente no se reportan caravanas llegando a la frontera norte del país. Según explicó, esto se debe a las acciones implementadas por su administración para ofrecer atención y alternativas dentro del territorio nacional.

“México está haciendo su parte para gestionar la migración de manera ordenada, siempre respetando los derechos humanos y evitando que las personas lleguen a situaciones de riesgo en su trayecto hacia el norte”, señaló la presidenta.

Seguridad y soberanía como ejes de trabajo

Otro punto destacado de la conversación fue el fortalecimiento de la colaboración en temas de seguridad, siempre en el marco del respeto a la soberanía nacional. Aunque no se especificaron los detalles de esta cooperación, ambos líderes coincidieron en la importancia de trabajar de manera conjunta para garantizar la seguridad en la región.

Campaña contra el fentanilo

La mandataria también mencionó la campaña nacional que su gobierno está llevando a cabo para prevenir el consumo de fentanilo, una droga que ha generado una crisis de salud pública en Estados Unidos y que también representa un riesgo creciente en México.

México refuerza colaboración con Estados Unidos en migración y seguridad

“Nuestro objetivo es no solo detener el tráfico de esta sustancia, sino también concientizar a la población sobre los peligros de su consumo. Este esfuerzo requiere de cooperación binacional y de un enfoque integral”, aseguró.

Un diálogo constructivo

Aunque la relación entre ambos países ha tenido altibajos, la presidenta calificó la conversación como “excelente” y subrayó que este tipo de encuentros son fundamentales para fortalecer los lazos entre las dos naciones.

En un contexto en el que la migración, el narcotráfico y la seguridad siguen siendo desafíos compartidos, México y Estados Unidos buscan mantener el diálogo abierto para encontrar soluciones conjuntas y equilibradas.

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