El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó la participación de tres mil 422 aspirantes, quienes tendrán 60 días para presentar sus propuestas antes de la jornada electoral del 1 de junio. En esa fecha, más de 100 millones de ciudadanos podrán votar para elegir a 881 nuevos funcionarios judiciales. La SCJN verá la renovación de nueve de sus 11 ministros, cinco mujeres y cuatro hombres, seleccionados entre 64 aspirantes.

Las ministras buscan continuidad

Entre los contendientes destacan las actuales ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, quienes buscan su reelección tras la reforma constitucional promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). Esta legislación modificó el sistema de designación de los jueces y magistrados, permitiendo la elección directa de los altos cargos judiciales.

Las candidatas dieron inicio a sus campañas en distintos puntos de la capital. Ortiz en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas, Esquivel en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec y Batres en la alcaldía Tlalpan.

Reglas y transparencia en la contienda

El INE estableció normativas estrictas para garantizar la equidad del proceso. Los candidatos no podrán contratar publicidad en medios ni redes sociales, por lo que sus campañas dependerán de eventos presenciales y difusión en plataformas digitales sin pago de anuncios.

Para facilitar la participación ciudadana, el organismo electoral habilitó la plataforma “Conóceles”, donde se podrá consultar información curricular y propuestas de los aspirantes.

Recursos y organización del proceso

Los topes de gasto de campaña varían según el cargo:

• 1.47 millones de pesos para ministros, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior del Tribunal Electoral.
• 881 mil 304 pesos para las salas regionales del Tribunal Electoral.
• 413 mil 111 pesos para magistrados de circuito.
• 220 mil 326 pesos para jueces de distrito.

El día de la elección, los ciudadanos recibirán seis boletas de distintos colores y podrán ejercer su voto en más de 84 mil casillas, atendidas por 1.5 millones de funcionarios.

Con este proceso, México inaugura un nuevo capítulo en su historia judicial, con una renovación sin precedentes que promete transformar la impartición de justicia en el país.

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El encuentro fue encabezado por la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, y contó con la participación de los ministros Javier Laynez Potisek y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Por parte del Ejecutivo, estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos.

Impacto del recorte presupuestal y el destino de los fideicomisos

La reunión abordó la reducción del 12% al presupuesto del PJF, aprobado por la Cámara de Diputados, que ha generado preocupación entre los trabajadores judiciales. Este recorte afecta directamente prestaciones laborales y salarios, motivo de recientes movilizaciones y amenazas de paro por parte del personal del PJF.

En este contexto, la SCJN presentó una solicitud de ampliación presupuestal para 2025, amparada en el artículo décimo transitorio de la reforma judicial de 2023. El objetivo es garantizar los derechos laborales de los empleados y evitar afectaciones derivadas de la extinción de fideicomisos, cuyos recursos ascienden a más de 10 mil millones de pesos.

Según datos de la SCJN, hasta enero de 2024, seis fideicomisos concentraban 6 mil 241.9 millones de pesos, mientras que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) administraba cuatro fondos adicionales por 10 mil 260 millones de pesos. A esto se suma un fideicomiso del Tribunal Electoral del PJF con 18.2 millones de pesos.

SCJN y SEGOB diálogo para salvaguardar derechos laborales en el Poder Judicial

Compromiso federal y pasos a seguir

El gobierno federal se comprometió a analizar la solicitud de ampliación presupuestal, enfatizando la necesidad de evitar que los ajustes financieros afecten los derechos de los trabajadores. Como contraparte, la SCJN accedió a establecer una mesa de trabajo con representantes del Poder Judicial, la Consejería Jurídica y Nacional Financiera (Nafin), con el propósito de explorar alternativas para la administración de los recursos restantes de los fideicomisos.

Suspensión del Comité de Evaluación del PJF

Otro de los puntos abordados fue la paralización de los trabajos del Comité de Evaluación del PJF, aunque no se detallaron acuerdos específicos sobre este tema. La continuidad de las labores del comité es clave para la revisión de los impactos de las reformas y el diseño de estrategias administrativas para el Poder Judicial.

Un diálogo clave en tiempos de transformación

La instalación de la mesa de trabajo representa un esfuerzo por tender puentes entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, en un contexto marcado por la reforma judicial y sus implicaciones financieras. Este diálogo es esencial para garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores del PJF y asegurar que la justicia en México se ejerza sin interrupciones.

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En conferencia de prensa, Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica de la Presidencia, explicó que las iniciativas incluyen la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Carrera Judicial y la Ley de Responsabilidades Administrativas. Según detalló, cada una de estas reformas responde a necesidades específicas para modernizar y fortalecer el sistema judicial del país.

Objetivos claros en cada iniciativa

Godoy destacó que la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene como propósito reorganizar la estructura y las funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y establecer las nuevas competencias del Tribunal de Disciplina Judicial. Esta última institución jugará un papel clave en garantizar la ética y el cumplimiento de los estándares dentro del Poder Judicial.

Por otro lado, la Ley de Carrera Judicial busca robustecer la formación y profesionalización de jueces y magistrados a través del fortalecimiento de la Escuela Nacional de Formación Judicial, lo que redundará en una mejor impartición de justicia.

Sheinbaum impulsa Reforma Judicial: envían al Congreso leyes secundarias para fortalecer el Poder Judicial

Finalmente, la Ley de Responsabilidades Administrativas busca brindar mayor claridad sobre las faltas y sanciones dentro del Poder Judicial, asegurando así transparencia y rendición de cuentas en su operación.

Compromiso con la especialización y el desempeño judicial

En respuesta a las inquietudes sobre la posible afectación de la especialización de los juzgadores, Godoy subrayó que estas iniciativas respetan y preservan este principio. Además, aseguró que las reformas procesales contempladas dotarán a los jueces de herramientas necesarias para desempeñar sus funciones de manera adecuada.

“Estas leyes no solo garantizan la continuidad de un Poder Judicial especializado, sino que también fortalecen su transparencia, profesionalismo y eficiencia, asegurando un servicio de justicia a la altura de las necesidades del país”, puntualizó.

El anuncio de estas iniciativas marca un paso significativo en la agenda legislativa del gobierno de Sheinbaum, quien ha manifestado su intención de priorizar reformas estructurales que refuercen las instituciones democráticas de México. Ahora será el turno del Congreso de la Unión para analizar y discutir estas propuestas que podrían redefinir el panorama judicial del país.

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Zaldívar subrayó que el objetivo es contar con más de 5 mil aspirantes, conforme lo estipula la nueva legislación, para reducir posteriormente esa cifra a poco más de 2 mil seleccionados. Actualmente, el número de registros supera ligeramente las 2 mil solicitudes, lo que, según Zaldívar, ha generado opiniones divididas en los medios de comunicación.

“Hay quienes consideran que son pocos, pero yo creo que vamos bien. Confío plenamente en que en los próximos días se sumarán más aspirantes”, declaró, destacando que el proceso se mantiene abierto a través de la plataforma oficial: registroeleccionjudicial.adyt.gob.mx.

Zaldívar confía en alcanzar meta de aspirantes a jueces pese a bajas inscripciones

El coordinador aseguró que la baja inicial en las inscripciones no refleja desinterés, sino la complejidad del proceso. Además, resaltó que esta convocatoria busca garantizar que los nuevos jueces y magistrados cumplan con los más altos estándares éticos y profesionales, lo cual es clave para la transformación del sistema judicial en México.

El límite para inscribirse vence el 24 de noviembre, dejando poco margen de tiempo para alcanzar la meta planteada. Sin embargo, Zaldívar reiteró su optimismo sobre el éxito de esta convocatoria, que forma parte de una reforma mayor para fortalecer la transparencia y legitimidad del Poder Judicial.

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La convocatoria establece que las elecciones serán libres, auténticas y periódicas, con el fin de garantizar los derechos políticos y la equidad en la contienda electoral. Los aspirantes podrán inscribirse a partir de las 00:00 horas de este martes 5 de noviembre hasta las 24:00 horas del domingo 24 de noviembre. El proceso de registro se realizará en el sitio web del Senado (https://convocatoriapublica.senado.gob.mx/029PJ24) o en las oficialías de partes de ambas cámaras del Congreso de la Unión.

Cargos en disputa y requisitos

Entre los cargos que estarán en juego se incluyen cinco ministras y cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de otros puestos clave como tres magistradas y dos magistrados para el Tribunal de Disciplina Judicial, y una magistrada y un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral. También se elegirán 15 magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral, 464 magistrados para Tribunales Colegiados de Circuito y Tribunales de Apelación, y 386 jueces de Distrito.

Para participar, los aspirantes deben cumplir con una serie de requisitos estrictos, que incluyen demostrar su formación académica en Derecho, experiencia profesional y buena reputación. También deben contar con un promedio mínimo de 8 en el caso de jueces, y 9 en asignaturas relacionadas al cargo. Adicionalmente, deberán entregar cinco cartas de referencia y una carta bajo protesta de decir verdad sobre su buena conducta y su elegibilidad para el cargo.

Inicia registro para la primera elección judicial histórica en México

Proceso de selección y evaluación pública

La evaluación de los aspirantes será un proceso riguroso llevado a cabo por los Comités Técnicos de Evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, quienes realizarán entrevistas públicas y evaluaciones de idoneidad. Se prevé que estos comités publiquen el listado de candidaturas seleccionadas a más tardar el 31 de enero de 2025.

El proceso incluirá una depuración mediante insaculación pública, con el fin de asegurar que los listados finales mantengan paridad de género y correspondan a la especialidad de cada cargo. Estos listados se enviarán al Senado de la República para su aprobación final y, posteriormente, al Instituto Nacional Electoral (INE) para la organización del proceso electoral.

Un paso hacia la transparencia y el empoderamiento ciudadano

Esta inédita elección de jueces, magistrados y ministros es vista como una transformación en la vida democrática y judicial del país, pues busca dotar de mayor transparencia y legitimidad a las designaciones en el Poder Judicial. La implementación de elecciones libres y directas se perfila como una apuesta por un sistema de justicia más cercano y accesible para la ciudadanía.

En los próximos meses, el país será testigo de una etapa de cambios profundos en su sistema de justicia, en la cual la ciudadanía jugará un papel central en la configuración de su propio poder judicial, un proceso que sin duda marcará el rumbo de las instituciones democráticas en México.

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Preocupaciones de los Inversionistas

Clark reveló que, en conversaciones recientes, varios inversionistas canadienses le transmitieron su preocupación por la reforma judicial. “He escuchado esta mañana estas preocupaciones. Lo único que estoy haciendo es escuchar lo que dicen nuestros inversionistas al respecto, y hay preocupación”, declaró el embajador.

El diplomático subrayó la importancia del “vínculo de confianza” que existe entre los inversionistas y el Gobierno de México, señalando que la estabilidad y previsibilidad del marco legal son fundamentales para la inversión extranjera. “Una inversión es una muestra de confianza. Yo voy a invertir en tu país, yo voy a construir una fábrica o invertir en una empresa mexicana”, explicó.

Preocupación Creciente Entre Inversionistas Canadienses por Reforma Judicial en México

Impacto Potencial en la Relación México-Canadá

Aunque Clark se mostró cauteloso al abordar el tema, dejó claro que su papel como diplomático es transmitir las preocupaciones del sector privado canadiense, sin que esto implique una injerencia en los asuntos internos de México. “Como diplomático, soy muy sensible a cualquier comentario que podría ser visto como una injerencia en los asuntos de México y ciertamente no es el propósito”, puntualizó.

Contexto Regional y Opinión de EUA

El embajador estadounidense en México, Ken Salazar, también se pronunció sobre la reforma judicial, advirtiendo que podría poner en riesgo la democracia y la relación comercial entre ambos países, especialmente en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Salazar expresó que la elección directa y política de jueces podría debilitar los esfuerzos para fortalecer la integración económica de América del Norte.

Por último, las declaraciones de los embajadores de Canadá y Estados Unidos subrayan una creciente preocupación internacional sobre la reforma judicial en México, particularmente en relación con su posible impacto en la confianza de los inversionistas y la estabilidad del entorno legal. Mientras se acerca la revisión del T-MEC en 2026, estas inquietudes podrían influir en las futuras relaciones comerciales y diplomáticas entre México y sus socios norteamericanos.

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Durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador fue cuestionado nuevamente sobre el paro en el PJF. En su respuesta, reiteró que la reforma no perjudicará a los trabajadores, asegurando que el problema principal es la corrupción “que hay arriba”. Enfatizó que su gobierno respeta el derecho a la manifestación y subrayó: “Nosotros no reprimimos”.

En un giro en la narrativa, López Obrador anunció que enviará una carta a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, instándola a resolver los expedientes pendientes relacionados con adeudos fiscales por 35 mil millones de pesos a la Hacienda Pública.

“Hoy le voy a pedir a la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, y a la Consejera Jurídica, María Estela Ríos González, que envíen un oficio a la presidenta de la SCJN para que le dé trámite a estos expedientes”, señaló el mandatario.

AMLO Reitera Oferta de No Represión y Urge a la SCJN Resolver Expedientes Fiscales

Asimismo, el paro en el PJF, motivado por la preocupación de los trabajadores ante la reforma judicial, refleja el clima de tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Mientras los empleados del PJF mantienen su postura de resistencia, el presidente López Obrador aprovecha la coyuntura para presionar a la SCJN en un asunto de gran importancia fiscal.

El mandatario también recordó que la cuestión de los adeudos fiscales ya ha sido resuelta en favor del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en instancias previas y consideró inconstitucional el retraso en la resolución final por parte de la SCJN.

Finalmente, este cruce de declaraciones y acciones subraya la complejidad de la relación entre los distintos poderes del Estado en México. Mientras los trabajadores del PJF continúan su paro, el presidente López Obrador mantiene su narrativa contra la corrupción y presiona a la SCJN para acelerar la resolución de casos de alto impacto económico. En los próximos días, la respuesta de la Suprema Corte será clave para determinar el rumbo de este conflicto.

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“Queremos respaldar la propuesta que hizo el presidente de la República, la cual nos parece muy valiosa. Me parece muy buena idea por parte del Presidente que, para acabar con las discusiones [proponga que los recursos] se destinen al tema de Acapulco”, expresó.

El dirigente morenista, catalogó como una buena noticia que tanto las y los diputados de la Transformación, como el propio Poder Judicial de la Federación, apoyen la iniciativa del Presidente, por lo que espera que pronto los recursos puedan ser canalizados en ayuda a los damnificados.

Asimismo, se mostró de acuerdo con que la utilización de los recursos para apoyar a los guerrerenses sea vigilada por la Auditoría Superior de la Federación. Destacó que “incluso representantes del Poder Judicial podrán verificar el buen gasto, el buen destino de esos recursos”.

El líder del partido guinda afirmó que la materialización de la propuesta es una oportunidad importante, pues Acapulco necesitará de mucha inversión para levantarse de nuevo. “Es una oportunidad que se tiene que aprovechar. Evidentemente Acapulco y otras poblaciones de Guerrero van a necesitar una inversión muy fuerte para poner de pie de nuevo a Acapulco, y ahí hay una bolsa disponible importante que puede ser definitiva”.

Por otro lado, felicitó a los grupos parlamentarios de Morena, PT y PVEM por haber atendido la convocatoria de la Coordinadora de Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum y donar un mes de su salario para apoyar a los damnificados.

“Felicitar a los diputados de Morena, PT y Verde porque accedieron a la convocatoria que hizo la doctora Claudia Sheinbaum para donar un mes de salario: se van a juntar alrededor de 15 millones de pesos. Los diputados van a anunciar dónde van a depositar ese dinero”, puntualizó.

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