Las omisiones graves en operativo del penal

Tras el suceso donde decenas de mujeres policías reportaron haber sufrido agresiones sexuales por los internos, estalló una manifestación exigiendo la remoción de sus superiores, destacando a la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz Martínez. Este motín policial, un hecho sin precedentes en México, se mantuvo durante 104 días. Resulta alarmante que, para entender la magnitud de las omisiones graves en operativo del penal, el reporte detalla cómo más de 600 efectivos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) fueron reunidos la noche previa bajo engaños. Sus jefes les mintieron diciéndoles que participarían en un desalojo del Tren Maya, en la vigilancia del “Ironman” o cuidando el perímetro de un evento. Además, estas omisiones graves en operativo del penal dejaron claro que jamás existió una estrategia para proteger la integridad de los uniformados.

Engaños sistemáticos y falta de planeación táctica

Antes de subir a los vehículos, los mandos ordenaron que los agentes entregaran sus teléfonos, carteras, llaves, armas, toletes (PR24) y gas lacrimógeno. La única indicación fue guardar su credencial del INE “por si les ocurría algo y debían identificarlos”. Este batallón, que sumaba a más de un centenar de elementos femeninos del grupo “Mujer Valiente”, fue movilizado sin una directriz, ignorando el mapeo de peligros y careciendo de indumentaria antimotines. Además, los escasos equipos disponibles estaban defectuosos, forzando a los policías a entrar vulnerables o sin las placas de sus chalecos antibalas para una supuesta “inspección de celdas”. Al ingresar, los prisioneros ya los aguardaban armados con machetes, tubos, piedras y explosivos caseros.

Violencia desatada y traición de las autoridades

El documento oficial constata que los líderes del operativo enviaron a las oficiales a la línea de choque frontal, sin cascos ni escudos. Al iniciar el altercado, múltiples agentes fueron acorraladas, brutalmente golpeadas, sufrieron tocamientos indebidos, asaltos sexuales y amenazas directas de violación por parte de los reclusos. Aunque clamaban por ayuda mediante sus radios, ningún alto cargo respondió, dejándolos completamente solos. La instrucción directa fue “no entrar a auxiliar a las compañeras”, orden que muchos oficiales rasos ignoraron, adentrándose por su cuenta para salvar a sus colegas lastimados. Este evento masivo resultó en elementos con traumatismos en el cráneo, huesos rotos, cortadas y cuadros agudos de estrés postraumático. Al concluir la retirada a las 6:00 horas, se les negó asistencia médica urgente y los forzaron a regresar a sus rondines poco después.

Exigencia de sanciones y el camino legal

El dictamen de la Codhecam se dirigió a Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, secretario de Gobierno del estado; a Javier Herrera Valles, subsecretario del Sistema Penitenciario; y a Marcela Muñoz Martínez, titular de la SPSC. De igual manera, se mandaron copias certificadas a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para buscar castigos penales, a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno para deslindar responsabilidades administrativas, y al Instituto de Acceso a la Justicia, buscando asegurar defensa legal sin costo y la reparación total del daño para las víctimas.

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