Gerardo Cleto López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño (ConComercioPequeño SC), señaló que la magnitud de los daños y el nivel de organización de los grupos violentos obliga a replantear la estrategia de seguridad implementada por las autoridades capitalinas.

“Que puedan ocurrir estos actos a plena luz del día, superando los dispositivos de seguridad, enfrentando a los oficiales con petardos, bombas molotov y cohetones, y saqueando negocios, demuestra que no se trató de hechos espontáneos, sino de acciones planeadas y premeditadas. La autoridad debe valorar si esto no constituye un acto equiparable al crimen organizado o incluso al terrorismo”, advirtió.

Pérdidas millonarias y empleos en riesgo

De acuerdo con los cálculos iniciales de ConComercioPequeño, la violencia del jueves dejó pérdidas superiores a 50 millones de pesos, derivadas del cierre anticipado de negocios como medida de prevención. A ello se suman entre 4 y 5 millones de pesos en daños directos a infraestructura, equipo, aparadores y mercancía.

Las afectaciones impactan de manera directa a más de 200 familias que dependen de su trabajo en los establecimientos dañados, lo que, según López Becerra, representa un golpe doble: al patrimonio de los comerciantes y a las fuentes de empleo de la zona.

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Críticas a la estrategia de contención

Si bien reconoció que las autoridades capitalinas instalaron vallas y activaron protocolos preventivos, López Becerra aseguró que la estrategia fue insuficiente. Criticó la política de “no responder a la provocación”, la cual —dijo— es aprovechada por los grupos radicales.

“Nos parece sintomático que, de un bloque de más de 300 activistas que participaron en actos violentos, sólo se haya registrado un detenido. Eso envía el mensaje de que se puede delinquir con impunidad. Ya quedó claro que abrazar a los criminales no es una opción en materia de seguridad”, afirmó.

Exigen medidas firmes

El dirigente del comercio en pequeño pidió al Gobierno de la Ciudad de México fortalecer la protección a negocios y ciudadanos durante movilizaciones sociales, sin criminalizar las protestas pacíficas, pero con acciones contundentes contra quienes utilizan estas manifestaciones para generar violencia y saqueo.

“El peor mensaje que se deja a la sociedad es que los grupos vandálicos pueden destruir y agredir sin consecuencias, dañando el patrimonio de familias trabajadoras que han hecho de sus negocios una forma honesta de vivir”, concluyó López Becerra.

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