Mediante un comunicado oficial, la dependencia capitalina calificó como falsa la versión difundida por la gobernadora y precisó que la investigación referida ya había sido concluida sin consecuencias penales. Según la institución, el Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal al no encontrar elementos constitutivos de delito.

Citatorio correspondía a una audiencia, no a una acusación

La Fiscalía explicó que el documento enviado al correo electrónico de Campos únicamente corresponde a una notificación de audiencia y no representa una imputación formal ni una judicialización del caso.

Asimismo, reiteró que la resolución ministerial establece que no existe delito que perseguir, por lo que descartó cualquier procedimiento penal en contra de la mandataria estatal.

Crece tensión política entre Morena y PAN

La polémica ocurre en medio de un nuevo episodio de confrontación entre Morena y el PAN por diversos asuntos relacionados con el estado de Chihuahua.

Horas antes, Maru Campos aseguró que el citatorio formaba parte de una campaña de hostigamiento político impulsada por el Gobierno federal y legisladores morenistas. La gobernadora también enfrenta un proceso político promovido por diputados de Morena, quienes presentaron una solicitud de juicio político ante la Cámara de Diputados.

Los legisladores acusan a la mandataria de presunta traición a la patria por permitir la participación de agentes estadounidenses en un operativo contra el narcotráfico realizado en territorio chihuahuense.

Caso CIA y comparecencia ante la FGR

La controversia se suma a la comparecencia que Campos deberá realizar ante la Fiscalía General de la República como testigo en la investigación sobre la intervención de agentes de la CIA en el desmantelamiento de un laboratorio clandestino en la Sierra Tarahumara.

No obstante, la gobernadora aclaró que el nuevo citatorio no está relacionado con esa indagatoria federal, sino con una denuncia presentada por el exgobernador y ahora senador morenista Javier Corral.

Revive disputa entre Campos y Corral

De acuerdo con Campos, el procedimiento deriva de una denuncia interpuesta por Corral por un supuesto intento de secuestro ocurrido durante un operativo realizado en 2024 en la Ciudad de México.

En aquel episodio, autoridades de Chihuahua intentaron ejecutar una orden de aprehensión contra el exmandatario estatal, acción que fue frenada por funcionarios capitalinos.

La gobernadora recordó el caso conocido mediáticamente como “Yin Yin” y acusó a Corral de mantener vínculos con personajes señalados por presuntos nexos con el narcotráfico.

Javier Corral responde a señalamientos

Tras las declaraciones de Campos, Javier Corral respondió mediante redes sociales y acusó a la gobernadora de manipular el procedimiento para presentarse como víctima de persecución política.

El senador afirmó que el trámite legal mencionado incluso favorece a la mandataria, y sostuvo que durante la actual administración estatal se han cometido irregularidades y abusos en su contra como parte de una supuesta venganza política derivada de investigaciones impulsadas durante su gobierno.

“La ironía brutal es que María Eugenia Campos denuncia persecución por un mero trámite que le favorece, mientras que ella y sus funcionarios corruptos y déspotas actuaron de manera artera, ilegal y fraudulenta al intentar detenerme, y no han dejado de acumular delitos e irregularidades en su afán de venganza política por mi denuncia del #Maruduartismo y la Operación #JusticiaParaChihuahua”, señaló Corral.

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que 18 a 19 personas están involucradas, con 10 órdenes de aprehensión cumplimentadas y 10 imputados vinculados a proceso por feminicidio, homicidio y asociación delictuosa. Además, ocho personas adicionales enfrentan procesos por actividades relacionadas con la operación criminal.

La fiscal Bertha Alcalde Luján detalló que la indagatoria permitió desarticular buena parte de la estructura operativa, identificar roles y reconstruir la cadena de mando detrás del crimen, ocurrido tras un seguimiento de al menos 20 días a las víctimas.

Entre los principales implicados figura Francisco “N”, señalado como coordinador logístico y uno de los autores materiales. Cámaras lo captaron el 14 de mayo de 2025 en Calzada de Tlalpan realizando labores de vigilancia con chaleco reflejante y comunicación constante. Según las investigaciones, también gestionó recursos económicos mediante terceros y cuentas bancarias para financiar la operación.

Las autoridades identificaron distintos niveles de participación: desde quienes realizaron seguimiento y vigilancia, hasta operadores encargados de la logística, como la compra de vehículos, renta de inmuebles, manipulación de placas sin registro y ocultamiento de equipos telefónicos.

Se detectó además una red financiera que distribuía recursos a los ejecutores mediante depósitos fragmentados. Un elemento clave fue una persona ya fallecida, vinculada a la recarga de siete líneas telefónicas utilizadas por los agresores, localizada sin vida en Morelos tras ser reportada como desaparecida.

La investigación apunta a un grupo delictivo con operaciones en Ciudad de México y Estado de México, dedicado al narcomenudeo, aunque hasta ahora sólo se ha acreditado su papel operativo. No se ha determinado la autoría intelectual ni el móvil del crimen. La fiscalía subrayó que no existen indicios de una red interna dentro del Gobierno capitalino que haya facilitado información para el ataque.

Por su parte, Clara Brugada afirmó que el caso sigue siendo prioridad y que se mantendrá la coordinación con el Gobierno federal, con apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum. “La investigación va a continuar sin detenerse”, enfatizó.

Aunque los avances permiten ubicar a los ejecutores y parte de la estructura criminal, la clave pendiente sigue siendo determinar quién ordenó el crimen y por qué, una respuesta que aún mantiene abierta una de las investigaciones más sensibles para la capital.

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El pronunciamiento ocurre en medio de una creciente presión social y mediática, luego de que familiares de la víctima denunciaran irregularidades en la actuación de las autoridades desde el primer momento en que solicitaron apoyo. La fiscal reconoció públicamente que existen señalamientos graves que deben ser esclarecidos y aseguró que no habrá tolerancia para conductas indebidas dentro de la institución.

Investigación bajo protocolo de feminicidio

Alcalde Luján detalló que el caso se indaga bajo el protocolo de feminicidio, lo que implica un enfoque especializado y con perspectiva de género. Sin embargo, aceptó que la actuación inicial de algunos funcionarios está bajo revisión, tras los reclamos de la familia, quienes acusan negligencia, malos tratos e incluso solicitudes de dinero para avanzar en las diligencias.

“La conducta indebida de cualquier servidor público es inaceptable”, sostuvo la fiscal, al tiempo que reiteró que se aplicarán las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables, ya sea dentro de la Fiscalía o en otras instituciones vinculadas al caso.

Hallazgo tras presión de la familia

Edith Guadalupe fue vista por última vez el 15 de abril, cuando salió de su domicilio rumbo a una supuesta entrevista de trabajo. Dos días después, el 17 de abril, su cuerpo fue localizado en el sótano de un inmueble ubicado sobre Avenida Revolución, casi esquina con Rubens, en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con los familiares, desde el primer día alertaron a las autoridades, pero no recibieron la respuesta esperada. Denunciaron que incluso en el Ministerio Público les sugirieron esperar 72 horas y plantearon hipótesis sin sustento, como una posible salida voluntaria con amistades o pareja.

Familia acusa abandono institucional

Los allegados de la víctima aseguran que fueron ellos quienes impulsaron la investigación inicial. Relataron que acudieron al edificio donde Edith fue citada, pero se les negó acceso a las cámaras de seguridad. Ante la falta de respuesta oficial, obtuvieron por su cuenta imágenes de cámaras privadas que confirmaron el ingreso de la joven al inmueble a bordo de un mototaxi, sin registro de salida.

Además, señalaron que contrataron a un investigador privado con recursos propios, lo que —afirman— permitió avanzar en la localización. También denunciaron presuntos actos de extorsión por parte de personal de la Fiscalía, quienes habrían solicitado dinero para agilizar el caso.

Estas acusaciones detonaron protestas y bloqueos en la zona de Avenida Revolución, donde familiares y conocidos exigieron la localización de Edith y una actuación diligente por parte de las autoridades.

Acompañamiento y revisión institucional

La fiscal capitalina informó que la dependencia mantiene acompañamiento permanente a la familia y subrayó el compromiso de garantizar el acceso a la justicia. Asimismo, indicó que se lleva a cabo una revisión exhaustiva sobre la actuación de los funcionarios involucrados, en un intento por deslindar responsabilidades y evitar la repetición de fallas.

El caso ha puesto nuevamente bajo escrutinio los protocolos de atención a desapariciones en la Ciudad de México, así como la capacidad de respuesta institucional ante denuncias urgentes, en un contexto donde colectivos y familias reclaman mayor eficacia y sensibilidad por parte de las autoridades.

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La atención a denuncias ciudadanas por presunto maltrato animal derivó en una de las intervenciones de protección animal más amplias realizadas en la capital en los últimos años. Tras una investigación encabezada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en coordinación con dependencias del Gobierno capitalino, se confirmó un grave deterioro en las condiciones de bienestar de cientos de animales alojados en el denominado Refugio Franciscano, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa.

Dictámenes de servicios periciales en medicina veterinaria forense acreditaron un escenario crítico: hacinamiento severo, insalubridad generalizada, falta de atención médica oportuna, desnutrición, así como la presencia de enfermedades crónicas sin tratamiento. De acuerdo con las autoridades, estas condiciones eran incompatibles con los estándares mínimos de bienestar animal y representaban un riesgo permanente para la vida de los caninos y felinos.

Cifras que revelan la magnitud del problema

Previo a la intervención judicial del 7 de enero de 2026, se contabilizaron 936 animales en el inmueble, de los cuales 897 eran caninos y 39 felinos. Entre el 13 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026, 21 animales murieron —19 perros y dos gatos— a consecuencia del avanzado deterioro de su salud, mientras que otros 57 tuvieron que ser hospitalizados de urgencia en clínicas veterinarias.

Las autoridades subrayaron que estos decesos ocurrieron antes del aseguramiento del lugar y cuentan con dictámenes periciales que documentan las causas, como parte de la investigación en curso para el deslinde de responsabilidades.

Intervención por denuncias ciudadanas destapa crisis de bienestar animal en refugio de Cuajimalpa

Operativo y resguardo

En cumplimiento de una orden judicial, el operativo del 7 de enero permitió el aseguramiento de 858 caninos, que fueron trasladados a tres espacios temporales habilitados por el Gobierno de la Ciudad de México: el Refugio del Ajusco, el Refugio de la Brigada Animal de la SSC en Xochimilco y un refugio transitorio en la Utopía GAM. En estos sitios, los animales reciben alimentación adecuada, atención veterinaria continua y seguimiento sanitario, con miras a su recuperación progresiva y eventual adopción.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría del Medio Ambiente y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial participaron en la logística y supervisión del traslado, destacando la coordinación interinstitucional como un factor clave para garantizar la integridad de los animales durante el proceso.

Deslinde legal

El Gobierno capitalino y la FGJCDMX aclararon que el predio donde operaba el Refugio Franciscano no fue ni será asegurado por las autoridades locales y que cualquier disputa sobre su posesión corresponde a procesos civiles ajenos a la intervención. La actuación institucional, enfatizaron, se limitó exclusivamente a la protección de los seres sintientes, sin interés alguno en controversias patrimoniales.

Las autoridades reiteraron que la prioridad absoluta ha sido salvaguardar el bienestar animal y que continuarán informando sobre la evolución de la salud de los caninos y felinos resguardados, así como sobre los avances en las investigaciones para esclarecer los hechos y fincar responsabilidades conforme a derecho.

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) presentó este martes los resultados de los peritajes sobre el accidente ocurrido el pasado 10 de septiembre en el puente de La Concordia, Iztapalapa, donde una pipa que transportaba cerca de 49 mil litros de gas LP volcó e incendió la zona, dejando un saldo de más de 30 personas fallecidas.

En conferencia de prensa, la fiscal Bertha Alcalde Luján aclaró que el percance no fue ocasionado por un bache ni por desperfectos en la carpeta asfáltica. “El accidente no fue provocado por un bache, se acreditó que la carpeta asfáltica estaba en condiciones adecuadas, sin daños que pudieran generar un percance de esta magnitud”, señaló.

Los estudios de mecánica y tránsito terrestre, cruzados con los datos de telemetría GPS proporcionados por la empresa propietaria del vehículo, confirmaron que la pipa circulaba a una velocidad de entre 44 y 46 kilómetros por hora al ingresar a la curva de incorporación a la autopista México-Puebla, un rango considerado aceptable.

De acuerdo con la fiscal, el siniestro se produjo cuando el conductor perdió el control en la curva, impactando con el ángulo frontal izquierdo contra la barrera divisoria. La fuerza de la inercia hizo que el tanque se inclinara y terminara recostado sobre su costado izquierdo. Durante el arrastre contra el muro de contención, la fricción generó una hendidura en la parte superior del tanque, lo que permitió la fuga del gas.

Alcalde Luján también descartó fallas en los mecanismos de seguridad del vehículo: “Las válvulas funcionaban de manera adecuada y se encontraban cerradas; la fuga se produjo exclusivamente por la hendidura ocasionada tras el impacto”, precisó.

Imágenes de videovigilancia del C5 capitalino respaldaron la secuencia descrita por los peritos.

Peritajes descartan fallas en el asfalto por volcadura de pipa en La Concordia

Nuevas reglas para transporte de sustancias peligrosas

En paralelo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció una serie de medidas para reforzar la seguridad en el transporte de materiales peligrosos dentro de la Ciudad de México.

“Se establecerán límites de velocidad más estrictos, rutas y horarios específicos de circulación, así como permisos, controles reforzados y una supervisión permanente de las condiciones de seguridad de las unidades”, informó Brugada.

La mandataria subrayó que el objetivo es prevenir tragedias similares y proteger a la población, luego de que el siniestro de La Concordia se convirtiera en uno de los accidentes más mortales registrados en la capital en los últimos años.

Con los resultados periciales y las nuevas disposiciones de tránsito, el Gobierno de la CDMX busca cerrar la investigación técnica del caso y, al mismo tiempo, impulsar cambios regulatorios que reduzcan riesgos en una de las zonas metropolitanas más transitadas y densamente pobladas del país.

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En conferencia, autoridades capitalinas detallaron que, hasta las 10:00 horas de este viernes, 21 personas permanecen hospitalizadas en diferentes nosocomios de la capital, varias de ellas reportadas en estado grave, mientras que 38 más han sido dadas de alta tras recibir atención médica.

El accidente

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la explosión se originó tras la volcadura de una pipa con capacidad de 49 mil 500 litros de gas LP, propiedad de la empresa Silza. El percance ocurrió cuando la unidad circulaba a exceso de velocidad y el conductor perdió el control en una glorieta, lo que derivó en el impacto y posterior incendio que alcanzó viviendas, vehículos particulares y el transporte público de la zona.

La onda expansiva y el fuego generaron una emergencia que movilizó de inmediato a cuerpos de bomberos, Protección Civil, Guardia Nacional y servicios de emergencia. Testigos relataron que el estruendo pudo escucharse en varias colonias aledañas y que las llamas alcanzaron varios metros de altura.

Primer peritaje de la FGJ-CDMX

El primer dictamen de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) concluyó que la causa del siniestro fue exceso de velocidad y falta de pericia del conductor.

El informe precisa que el chofer manejaba “a una velocidad del orden de los 50 kilómetros por hora en un tramo donde el límite máximo es de 40 km/h”, lo que contribuyó a que perdiera el control direccional y saliera de su carril.

Suman 25 muertos por explosión de pipa de gas en Iztapalapa; Fiscalía apunta a exceso de velocidad y falta de pericia del conductor

El documento también señala que el estado del pavimento era seco y no existían obstáculos visibles, como baches o topes, por lo que el accidente se atribuye únicamente a la maniobra deficiente del conductor al girar en la glorieta.

Balance social y apoyo a víctimas

La magnitud del siniestro ha dejado no solo un saldo de víctimas mortales y lesionados, sino también daños materiales en viviendas, comercios y vehículos. El Gobierno de la Ciudad de México informó que se han iniciado procesos de evaluación de daños y apoyos a las familias afectadas, además de que se analiza la responsabilidad legal de la empresa propietaria de la unidad.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y aseguró que se actuará “con toda la fuerza de la ley” para garantizar justicia. Asimismo, señaló que se revisarán los protocolos de seguridad en el transporte de materiales peligrosos dentro de la capital.

Investigaciones en curso

La FGJ-CDMX continuará con las indagatorias para determinar si hubo negligencia empresarial, tanto en el mantenimiento de la unidad como en la capacitación del conductor. Por su parte, la Secretaría de Movilidad analiza si la empresa Silza cumplía con los permisos y certificaciones para transportar gas en esa ruta.

Con 25 muertos, más de 20 heridos hospitalizados y una comunidad devastada, este accidente se ha convertido en una de las tragedias urbanas más graves en la Ciudad de México de los últimos años.

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La ruta de la pipa antes del accidente

En conferencia de prensa, la fiscal explicó que el vehículo involucrado provenía de Tuxpan, Veracruz, donde fue cargado con gas LP con destino a una gasera ubicada en Tláhuac, Ciudad de México. Durante su trayecto, la unidad circulaba por la autopista México–Texcoco, de donde tomó una salida hacia la autopista México–Puebla.

Al ingresar a una curva, el vehículo perdió el control e impactó contra un muro de contención, rebotando después hacia otro muro. Ese doble impacto provocó la volcadura del contenedor de gas, que quedó tendido sobre la carpeta asfáltica con un golpe visible en la parte frontal izquierda.

De acuerdo con los peritos, el choque causó una fractura de aproximadamente 40 centímetros en la pipa, lo que originó una fuga masiva de gas con un radio de expansión de 180 metros. Fue en esa zona donde se generó la chispa que desató la explosión y posterior incendio.

Avances de la investigación

Alcalde Luján detalló que los peritajes continúan y que los resultados finales serán presentados en las próximas semanas. La indagatoria se concentra en tres posibles delitos: lesiones dolosas, homicidio doloso y daños a la propiedad dolosos.

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Aunque el conductor de la pipa, identificado como Fernando Soto Munguía, perdió la vida, la causa penal contra la empresa dueña del transporte sigue en curso. La compañía ya compareció ante el Ministerio Público y manifestó su disposición a colaborar con las investigaciones, además de confirmar que mantiene activas cuatro pólizas de seguro para responder por los daños.

“La Fiscalía habilitó una línea para todas las personas afectadas por la explosión, incluyendo a quienes presentaron afectaciones en vehículos e inmuebles: 55-4609-4432”, informó la fiscal.

Víctimas sin identificar

La tragedia aún mantiene un capítulo pendiente: la identificación de dos personas.

• Víctima fallecida: un hombre de entre 40 y 50 años, de 1.64 metros de estatura, complexión mediana, piel moreno claro y cabello corto castaño. Fue ingresado sin pertenencias y atendido en el Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”. En los registros aparece con el nombre probable de Gilberto Arón o Arón Gustavo Hernández López.

• Víctima en estado crítico: una joven de entre 15 y 25 años, presuntamente llamada Giovana, hospitalizada en el nosocomio “Magdalena de las Salinas”. La paciente presenta cuatro tatuajes que podrían facilitar su identificación: un corazón atravesado con una rosa en la espalda baja, una pulsera tipo greca en el antebrazo derecho y una pulsera de corazones en el tobillo izquierdo.

La Fiscalía de la CDMX habilitó la línea 55-5345-5080 del área de personas desaparecidas para que familiares puedan comunicarse y verificar si se trata de sus seres queridos.

Balance de la tragedia

Hasta el momento, la explosión en el Puente de la Concordia ha dejado 20 personas muertas y decenas de heridos, además de daños materiales considerables en la zona. La Fiscalía capitalina ha reiterado que el caso no quedará impune y que la empresa deberá responder legal y económicamente por lo ocurrido.

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De acuerdo con el reporte pericial, no se encontraron baches ni daños en el asfalto que pudieran haber provocado el accidente, como se había especulado en redes sociales. La institución explicó que el tanque del vehículo sufrió una “ruptura en un casquete” tras impactar contra un objeto sólido, lo que originó la fuga del combustible y la posterior ignición.

El análisis preliminar también reveló la presencia de residuos de benceno y estireno, compuestos aromáticos derivados de la combustión del gas. El conductor de la pipa, perteneciente a la empresa Silza, sobrevivió y permanece bajo investigación.

La Fiscalía detalló que especialistas en criminalística, tránsito terrestre, química, mecánica, incendios y explosiones continúan levantando dictámenes técnicos para esclarecer con precisión las causas del siniestro.

Atención a víctimas y familias

Mientras avanzan las diligencias, la FGJ-CdMx desplegó células de atención integral en la zona del accidente y en los hospitales donde permanecen internados los heridos. En coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI), se brinda acompañamiento psicológico, asesoría jurídica y orientación social a los familiares de las víctimas mortales y de las personas lesionadas.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, visitó hospitales para supervisar la atención médica y reiteró el compromiso de su administración de no dejar solas a las familias afectadas. Hasta el momento, 54 personas permanecen hospitalizadas y 22 ya recibieron alta médica.

“Nos duele lo que pasó y reiteramos nuestro compromiso de acompañarlas y brindar apoyo todo el tiempo que sea necesario”, expresó Brugada.

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Rectificación sobre la “abuela heroína”

La Secretaría de Salud capitalina aclaró además que Alicia Matías Teodoro, conocida en redes como la “abuela heroína”, se encuentra con vida y en estado grave, luego de que su nombre fuera incluido por error en la lista de fallecidos. La institución ofreció disculpas a su familia y anunció que revisará sus protocolos de verificación para garantizar certeza en la información oficial.

Historias detrás de la tragedia

Entre las víctimas mortales se encuentran jóvenes estudiantes y trabajadores que regresaban a casa al momento de la explosión:

• Ana Daniela Barragán Ramírez, de 19 años, estudiante de la FES Cuautitlán de la UNAM, localizada gracias a que un rescatista respondió su celular tras el accidente.

• Eduardo Noé García Morales, profesor de preparatoria y secundaria, recordado con mensajes de despedida por sus alumnos y colegas.

• Juan Carlos Sánchez Blas, alumno del Cecyt 7 del IPN, quien falleció a consecuencia de las quemaduras.

• Misael Cano Rodríguez, de 39 años, trabajador de Imagen Urbana de Iztapalapa, quien murió en el lugar acompañado de su hija y su nieto, ambos sobrevivientes.

Investigación en curso

La Fiscalía capitalina insistió en que la investigación sigue abierta y que en las próximas semanas se integrarán dictámenes periciales especializados para determinar la responsabilidad del conductor y de la empresa Silza, mientras la cifra de víctimas continúa en observación médica.

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Las autoridades capitalinas indagan si hubo incumplimiento en los deberes de cuidado por parte del conductor —posible exceso de velocidad—, así como deficiencias en el cumplimiento de las regulaciones de transporte de hidrocarburos por parte de la compañía.

La fiscal Bertha María Alcalde Luján explicó que se analizan peritajes en materia de tránsito terrestre, criminalística, seguridad industrial y explosivos, con apoyo de la Agencia de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA).

“La empresa se encuentra en calidad de investigada, al igual que el conductor. Se estudia si hubo fallas en la aplicación de las normas de seguridad, lo que podría derivar en sanciones penales y administrativas”, señaló Alcalde Luján.

Silza ofrece colaborar con autoridades

La propia compañía se acercó a la FGJ-CDMX para expresar su disposición de cooperar en las indagatorias y de asumir responsabilidades en caso de comprobarse negligencias. Según informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, esta postura permitirá agilizar los procesos de reparación del daño a las víctimas y a sus familias.

FGJ investiga a empresa Silza por presuntas irregularidades en explosión de pipa en Iztapalapa

“Lo importante aquí es que la empresa está en disposición de hacerse responsable de lo que pasó. Esto ayuda a que podamos avanzar y que las familias no pasen mucho tiempo sin que puedan ser apoyadas”, subrayó Brugada.

Chofer bajo custodia médica

El conductor de la pipa, quien se encuentra gravemente herido, permanece hospitalizado y bajo custodia de las autoridades. No ha sido detenido formalmente debido a su estado de salud, pero será entrevistado en cuanto los médicos lo permitan.

Mientras tanto, los peritajes preliminares apuntan a que el exceso de velocidad pudo ser un factor determinante en la volcadura y posterior explosión de la unidad.

La FGJ-CDMX continuará con la investigación para esclarecer si la tragedia obedeció a una falla humana, a omisiones empresariales o a una combinación de ambos factores.

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De los heridos, 22 se encuentran en estado crítico, seis graves y 39 delicados. Gracias al trabajo médico, 19 pacientes ya recibieron el alta hospitalaria, mientras que 67 permanecen internados.

Respuesta inmediata de las autoridades

El Gobierno capitalino desplegó equipos de emergencia, salud y protección civil desde el primer momento del siniestro. En conferencia, la mandataria capitalina confirmó que se mantiene un censo de daños en viviendas y vehículos, además de asistencia psicológica y legal para las familias afectadas.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) inició una investigación en coordinación con la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) para determinar las causas de la explosión y verificar si la empresa transportadora cumplía con las normas de seguridad. La onda expansiva dañó al menos 32 vehículos.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó que el conductor de la pipa sobrevivió y permanece hospitalizado en estado grave.

Por su parte, la empresa Silza, propietaria de la pipa, aseguró que activó sus pólizas de seguro para cubrir los daños y que colaborará con las autoridades.

Solidaridad y acciones inmediatas tras la explosión en Iztapalapa: ocho muertos y decenas de heridos

Atención médica sin restricciones

El director del IMSS, Zoé Robledo, y el titular del ISSSTE, Martí Batres, detallaron que las instituciones han atendido a decenas de pacientes, incluso a quienes no son derechohabientes. Varias personas presentan quemaduras de hasta el 90 por ciento del cuerpo.
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la atención médica será totalmente gratuita para las víctimas de la tragedia.

Solidaridad ciudadana

Desde la noche del miércoles, decenas de personas acudieron a hospitales de la Ciudad de México y del Estado de México para donar agua, café, alimentos y cobijas a los familiares de los pacientes. La Alcaldía Iztapalapa habilitó un centro de acopio y el número telefónico 55 56 83 22 22 para brindar información sobre los lesionados.

“Aquí la gente es muy solidaria; se acercaron con comida y apoyo desde el primer momento. Nosotros también llevamos 500 raciones”, compartió la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz, quien confirmó que entre las víctimas se encuentra un trabajador de limpieza de la demarcación.

Investigación en curso

Los peritajes continúan para esclarecer el origen del accidente, ocurrido tras la volcadura de la pipa en la transitada vialidad. Mientras tanto, brigadas médicas, legales y de protección civil siguen desplegadas en apoyo a las víctimas y sus familias.

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