México.– El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, obtuvo una sentencia absolutoria, informó este jueves Jorge Rodríguez Méndez, presidente del Comité Municipal del PRI en Benito Juárez, Cancún.

De acuerdo con las declaraciones del dirigente priista, la resolución judicial representa un avance importante en la situación legal del exmandatario estatal, quien actualmente permanece recluido en un penal del estado de Morelos mientras continúan otros procesos legales en su contra.

La noticia ha generado diversas reacciones en el ámbito político de Quintana Roo, debido a que Roberto Borge fue una de las figuras más polémicas de la política estatal en los últimos años, tras enfrentar acusaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción durante su administración.

Hasta el momento, las autoridades correspondientes no han emitido mayores detalles sobre el alcance de la sentencia absolutoria ni sobre las implicaciones jurídicas que podría tener en otros expedientes abiertos contra el exgobernador.

Roberto Borge Angulo fue detenido en 2017 en Panamá y posteriormente extraditado a México, donde ha enfrentado distintos procesos judiciales por presuntos delitos relacionados con desempeño irregular de la función pública y manejo de recursos.

Se espera que en las próximas horas autoridades judiciales y representantes legales del exgobernador emitan información adicional sobre la resolución dada a conocer este jueves.

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El inicio del pago correspondiente al bimestre mayo-junio de las Pensiones y Programas para el Bienestar marca una nueva etapa en la estrategia social del gobierno federal, con una derrama de 104 mil 768 millones de pesos que, de acuerdo con autoridades, beneficiará a 32 millones de personas en todo el país.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó que el alcance actual de los programas sociales no puede entenderse sin el cambio en el modelo de gobierno impulsado desde la llamada Cuarta Transformación, al sostener que la eliminación de prácticas de corrupción permitió redirigir recursos públicos hacia apoyos directos a la población.

La mandataria subrayó que actualmente se destina un billón de pesos a programas sociales, cifra que calificó como inédita, y la vinculó con una mayor eficiencia recaudatoria sin incremento de impuestos, que alcanzó 5.3 billones de pesos en 2025.

Programas sociales como eje de política pública

Más allá del discurso político, el inicio de la dispersión de recursos refleja la consolidación de los programas sociales como eje central de la política pública federal. Según explicó la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, los apoyos se entregarán de manera escalonada del 4 al 27 de mayo, conforme a la primera letra del apellido de los beneficiarios.

El calendario busca evitar aglomeraciones y facilitar la distribución bancaria en todo el país, especialmente en zonas rurales donde estos programas representan, en muchos casos, la principal fuente de ingreso para millones de familias.

Impacto social y narrativa gubernamental

El gobierno federal sostiene que esta política ha tenido efectos directos en indicadores sociales. Entre los datos destacados se encuentra que 13.5 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024, así como una reducción del 45% en homicidios dolosos entre 2024 y el primer trimestre de 2026.

Asimismo, la administración ha impulsado medidas de austeridad y reconfiguración institucional, como la reducción de estructuras en congresos locales y el Senado, con el argumento de disminuir el gasto público y redirigirlo hacia el bienestar social.

Calendario de pagos

La dispersión de recursos se realizará conforme al siguiente orden:

4 de mayo: A

5 de mayo: B

6 y 7 de mayo: C

8 de mayo: D, E, F

11 y 12 de mayo: G

13 de mayo: H, I, J, K

14 de mayo: L

15 y 18 de mayo: M

19 de mayo: N, Ñ, O

20 de mayo: P, Q

21 y 22 de mayo: R

25 de mayo: S

26 de mayo: T, U, V

27 de mayo: W, X, Y, Z

Un modelo en evaluación

El despliegue de recursos sociales ocurre en un contexto donde la política de transferencias directas continúa siendo uno de los pilares del proyecto gubernamental, pero también un punto de debate entre especialistas, quienes cuestionan su sostenibilidad fiscal a largo plazo y su impacto estructural en la reducción de la desigualdad.

Mientras tanto, millones de beneficiarios comienzan a recibir sus apoyos en un esquema que el gobierno defiende como símbolo de un cambio de régimen, basado en la redistribución directa del gasto público.

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Por Silvia Hernández Martínez

En la última semana de la cuaresma, a unos días de la Semana Santa y el jaloneo político entre la oposición y MORENA y diputados con el gobierno, la Auditoría Superior de la Federación perdona al exgobernador “Alito” y su red de corrupción, que entre otras cosas no aclara 3 mil 387 millones de pesos, y aún así la ASF no vio otros motivos para sancionar al senador y dirigente nacional del PRI, como son los faltantes en su declaración patrimonial. El senador priísta es inmune y vive en la impunidad.

Alejandro Moreno Cárdenas, senador de la República, demandado ante la Fiscalía General de la República por presunto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de dinero y desvío de fondos federales, derivados principalmente de su gestión como gobernador de Campeche, parece contar con la complicidad de la ASF que dirigía David Colmenares, ya que antes de que éste saliera de la institución fueron perdonados los miles de millones de pesos de su administración al frente del gobierno de Campeche.

En un amplio y detallado artículo publicado por el periodista Eduardo Buendía/MCCI, titulado “ASF perdona a Alito Moreno más de 2 mil 700 mdp faltantes de su gobierno en Campeche”, en días pasados, reveló que “Alito Moreno dejó la gubernatura de Campeche con cuentas por aclarar por $3 mil 387 millones solo de 2018, monto que seguía vigente en 2022. Dos años después, en 2024, el 98% del presunto desvío fue perdonado; algunas de las observaciones pasaron por la Dirección General de Seguimiento C que encabezó un ex colaborador de Pablo Angulo cuando este era diputado del PRI y presidió la Comisión de Vigilancia de la ASF. Angulo es uno de los personajes más cercanos al líder del PRI, y también es de Campeche”.

“Para Alejandro Moreno Cárdenas, la gestión de David Colmenares al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fue muy benévola en los últimos años, ya que al priista le fueron perdonadas algunas cuentas que dejó pendientes en su periodo como gobernador de Campeche. Alito gobernó la entidad del sureste del 15 de septiembre de 2015 al 13 de junio de 2019. No terminó su gestión para competir por la dirigencia nacional del PRI, cargo que obtuvo y ostenta hasta hoy, además de ser senador”, añade el artículo.

Asimismo indica que “La ASF detectó la falta de aclaración o posibles desvíos por 3 mil 435 millones de pesos solo en el ejercicio de recursos federales de 2018, año en que se registró la mayor cantidad de irregularidades en la administración de Campeche del actual dirigente tricolor, de acuerdo con la plataforma pública de la ASF”.

“Una base de datos de esa misma plataforma que Mexicanos contra la Corrupción obtuvo en enero de 2022 (tres años después de que Alito dejó la gubernatura), mostraba que todavía estaban pendientes por solventar 3 mil 387 millones de pesos; es decir, el 98 por ciento del total”.

“En 2024 aparecieron justificados gran parte de esos recursos. Algunas de las observaciones pasaron por la Dirección General de Seguimiento C de la Auditoría Superior encabezó Ricardo Gabriel López Ruiz, un personaje que colaboró con Pablo Angulo Briseño cuando este era diputado del PRI y presidió la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, organismo que revisa la actividad de esa institución”, revela.

El mismo artículo denuncia que “Pablo Angulo con directivos del PRI y en la Comisión de Vigilancia de la ASF (Cámara de Diputados) y que “por su parte, como director de Seguimiento C, López Ruiz tuvo como encargo dar seguimiento a recomendaciones y acciones de la ASF para determinar o no la solventación de las observaciones de auditoría por probables desvíos o faltantes en los recursos federales que ejercen las entidades públicas”.

Informa que “para esta nota periodística se tramitaron solicitudes de información vía transparencia y se pudo conocer que entre las observaciones que la Dirección de Seguimiento C revisó al menos tres que correspondían al gobierno de Campeche en la era de Alito Moreno por 2 mil 772 millones de pesos, monto que fue eliminado tras supuestamente haberse justificado el gasto”.

“Colaborador de Angulo se insertó en cargo directivo de ASF donde se revisaron observaciones de Alito”.

Documentos a los que MCCI tuvo acceso revelan que, antes de ser director general de Seguimiento C en la ASF, Ricardo Gabriel López Ruiz ingresó a la Cámara de Diputados para brindar apoyo a la Comisión de Vigilancia cuando esta era presidida por Pablo Angulo.

Denuncia la publicación la “Petición para dar acceso a personal de apoyo para la Comisión de Vigilancia en la que se encuentra Ricardo Gabriel López Ruiz” del cual sostiene que López Ruiz, de acuerdo con una solicitud de transparencia, no trabajó como empleado en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Sin embargo, este personaje aparece en sesiones de la Comisión y en permisos para que accediera al recinto, como una misiva fechada el 17 de febrero de 2022 en la que aparece su nombre”.

“MCCI solicitó a la Cámara entregar de manera específica documentos de entradas y salidas de Ricardo Gabriel, pero se limitó a entregar la lista de personas que estuvieron asalariadas y adscritas a la Comisión de Vigilancia”.

El currículum vitae de López Ruiz muestra que en enero de 2023 se integró a la ASF como director general de Seguimiento C en la gestión del ex auditor superior David Colmenares. Declaró a su ingreso que antes trabajó como titular de “Responsabilidades y después del área de Quejas en la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos”.

En una respuesta a una petición de información en la que se solicitó que la Dirección General de Seguimiento C de la ASF informara las acciones específicas dentro de las auditorías que había revisado de las cuentas públicas de 2017 a 2019, indicó que revisó un total de 37.

“Dentro de la lista, se verificó que entre las acciones de auditorías de 2018 que revisó el área de López Ruiz se encuentran las que más dinero le observó la ASF a la administración de Alito; mismas que no fueron justificadas en su periodo como gobernador, sino que fueron “palomeadas” años después.

¿Qué se le justificó?

Solicitud de aclaración – 2018-A-04000-19-0606-03-001

La más grande es una solicitud de aclaración en la que se solicitó al Gobierno de Campeche justificar el destino de 2 mil 443 millones de pesos de los que la ASF no encontró respaldo documental de contratos con proveedores de obra y adquisiciones. La solicitud por todo ese monto fue justificada”.

“Respuesta de ASF a solicitud de información en la que se comprueban acciones revisadas por el área que dirigió Ricardo Gabriel López Ruiz.

Pliegos de observaciones (posibles desvíos) 2018-A-04000-19-0606-06-001 y 2018-A-04000-19-0617-06-002

El segundo fue un posible desvío que la Auditoría documentó por 457.9 millones de pesos que realizaron 16 instituciones públicas en el estado de Campeche que tampoco presentaron documentación que justificara ese ejercicio. A 2022 la observación seguía vigente, pero en la actualidad solo aparecen por aclarar 130.7 millones.

Además de otros 1.3 millones observados a la Secretaría de Salud local por haber pagado servicios a personal que no acreditó tener el perfil necesario para ocupar esos puestos. Hace tres años se encontraban pendientes de solventar y hoy están por justificarse solo 200 mil pesos.

En el artículo que revela la red de corrupción del presidente del Comité Ejecutivo Nacional, se indica lo siguiente:

Acciones con montos eliminados a gobierno de Alito (millones de pesos)

Año Cuenta Pública Número de Auditoría Tipo de Acción Clave Acción Monto de observaciones No justificado a 2022 Justificado en la actualidad Sin justificar en la actualidad

2018 617-DS-GF Pliego de Observaciones 2018-A-04000-19-0617-06-002 $ 1.3 $ 1.3 $ 1.1 $ 0.2
606-DE-GF Pliego de Observaciones 2018-A-04000-19-0606-06-001 $ 457.9 $ 457.9 $ 327.2 $ 130.7
606-DE-GF Solicitud de Aclaración 2018-A-04000-19-0606-03-001 $ 2,443.8 $ 2,443.8 $ 2,443.8 $ –

Ricardo Gabriel López Ruiz dejó de aparecer en directorios y en la lista de remuneraciones de la ASF en el cuarto trimestre de 2024. Se constató que todavía al 14 de octubre era director general de Seguimiento C porque aparece su firma en una de las respuestas de transparencia tramitadas por esta organización.

El 10 de diciembre de ese mismo año, otra solicitud fue atendida por Jaime René Jiménez Flores, director de Seguimiento C.2 quien suplió a López Ruiz y otorgó los datos de los resarcimientos a la gestión de Alito Moreno.

En la actualidad, Carlos Humberto Toledo Zaragoza es quien ocupa la dirección general de Seguimiento C y aparece en lista de remuneraciones desde el primer trimestre de 2025.

Mediante personal del PRI se hizo llegar, desde el miércoles pasado, un cuestionario a Alejandro Moreno Cárdenas para conocer más detalle de la justificación de la ASF a las observaciones que dejó pendientes al terminar su cargo como gobernador, pero al cierre de esta publicación no hubo respuesta.

Fuente: Publicado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en la sección Redes de la Corrupción.

Sospechoso patrimonio, producto de la corrupción

Alejandro Moreno, quien incursiona desde muy jovencito en la política y que hasta llegó a liderar a nivel nacional el Frente Juvenil Revolucionario del PRI, hoy como dirigente nacional de ese partido ha provocado la salida de cuadros distinguidos y otros militantes, además de llenarlo de desprestigio por su alta corrupción que ha mostrado y que hasta al tricolor le ha “exprimido” los recursos, se han levantado las voces priístas pidiendo su renuncia y en el Senado su desafuero, pero ni en el PRI ni en la Cámara Alta se ha logrado nada, siguiendo así hasta que concluya se período como legislador, dejando inmune e impune su red de corrupción en la que cuenta con varios cómplices y todo tapado por las autoridades. Ni la FGR, ni el INE ante la denuncia de la exdirigente nacional de ONMPRI, ni en Senado, se ha frenado la impunidad de Moreno Cárdenas.

Queda para la historia: la Fiscalía Anticorrupción de Campeche acusa a Moreno Cárdenas del presunto desvío de 83 millones de pesos

La primera ocasión en la que la Fiscalía de Campeche solicitó que le fuera retirada la inmunidad constitucional a “Alito” Moreno fue el 17 de agosto del 2022, cuando esa institución, que encabezaba entonces Renato Sales Heredia, promovió ese mismo trámite ante la Cámara de Diputados federal, apoyada en la presunción de que habría cometido los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero, durante su gestión como Gobernador en aquella entidad.

Es propietario de departamentos en Polanco y de propiedades en el Country Club, en el extranjero, así como en Champotón, en Campeche, estado en donde, además, tiene una mansión en la privada Lomas del Castillo valuada en más de 130 millones de pesos y con un menaje de cerca de 50 millones de pesos, un patrimonio que es investigado desde 2022 por la Fiscalía de Campeche.

Se le investiga por la presunta adquisición de 16 inmuebles en Campeche, propiedades que no corresponderían a sus ingresos como funcionario público.

La gobernadora Layda Sansores ha presentado pruebas sobre desvíos de fondos públicos y la Fiscalía ha solicitado el desafuero para procesarlo por peculado, desvío de 83 millones de pesos y usurpación de funciones.

La FGR inició pesquisas en 2022 que incluyen tráfico de influencias, lavado de dinero y fraude fiscal. Ha enfrentado múltiples solicitudes de desafuero (juicio de procedencia) en la Cámara de Diputados, los cuales se han postergado o congelado, manteniendo su fuero constitucional como legislador. Y a todo esto responde que “se trata de una persecución política” en su contra.

En su declaración patrimonial de 2021, presentada a la Cámara de Diputados, Moreno dijo tener 11 terrenos, todos adquiridos al contado entre 2012 y 2021, por un monto de 2 millones 938 mil 848 pesos y dos casas, compradas en 2014 y 2016 también al contado, con un valor de 9 millones 714 mil 610 pesos.

Su residencia se comenzó a construir siendo gobernador de Campeche costado más de 46 millones de pesos, pero el priista ganaba entonces cinco millones de pesos anuales.

Antes de asumir la Gubernatura, en 2015, “Alito” se hizo de 13 predios en Lomas del Castillo, una zona de alta plusvalía en Campeche, en donde el metro cuadrado de tierra tenía en ese momento un valor de tres mil 500 pesos aproximadamente, por lo que el valor del terreno ascendería a 24.5 millones de pesos.

Pero informó que compró estos terrenos a un precio mucho menor, de entre 595 y mil 645 pesos por metro cuadrado, es decir, en total asegura que desembolsó seis millones de pesos.

En su declaración, Moreno también dio a conocer que como Gobernador percibía un sueldo de un millón 184 mil pesos al año, mientras que “por otras actividades” obtuvo una ganancia de cuatro millones 122 mil pesos. Aún destinando el 100 por ciento de su ingreso no le alcanzaría para costear la construcción de esta mansión, calculó entonces el periódico Reforma.

Antes de ser mandatario estatal, el ahora dirigente del PRI residía en el Fraccionamiento Residencial Resurgimiento, cercano al malecón de Campeche, en la Colonia Montecristo, detrás de un edificio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Su casa de aquel entonces estaba compuesta de tres habitaciones, tres baños, y era una construcción total de 210 metros cuadrados y 228 de terreno; según Reforma, el valor aproximado era de hasta 3.5 millones de pesos.

Moreno afirmó que en 2005 recibió “una donación familiar, la cual fue el origen de la inversión”, y que a ello se sumaron los ahorros de los ingresos por los cargos públicos que ha ejercido en su carrera.

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Este fenómeno, denunciado por diversos actores políticos, revela un manejo discrecional de recursos públicos que, lejos de combatir la desigualdad, se convierte en una herramienta electoral y en un botín millonario que opera como todo un sistema perfectamente estructurado.

Práctica de “La Mafia Verde”: el negocio político que convierte programas sociales en un botín millonario

La Práctica de “La Mafia Verde” tiene como protagonistas al diputado Renán Sánchez Tajonar y su operador Pablo Bustamante Beltrán, quienes han sido señalados por utilizar estructuras gubernamentales como plataformas de promoción política.

Desde el Congreso del Estado hasta la Secretaría del Bienestar, ambos personajes han consolidado una red de influencia que les permite posicionarse rumbo a las alcaldías de Cancún y Cozumel. Este modelo no solo implica control institucional, sino también una estrategia territorial basada en la entrega de apoyos sociales.

 Eventos y uso de recursos públicos

Un ejemplo claro de la Práctica de “La Mafia Verde” fue el festejo de cumpleaños de Pablo Bustamante, realizado el pasado día 11 en un domo de la ciudad.

En dicho evento, se reportó la asistencia de aproximadamente tres mil personas, quienes fueron alimentadas con recursos provenientes de la Secretaría del Bienestar. Este tipo de actos, lejos de ser aislados, forman parte de una estrategia de posicionamiento político mediante el uso de programas sociales.

Programas sociales como herramienta electoral

El lugarteniente de Sánchez Tajonar ha utilizado programas como:

• Leche para el Bienestar
• Alimentos para el Bienestar
• Entrega de despensas
• Consultas médicas
• Apoyos funcionales del Inmaya

Además, se han entregado triciclos, lentes, sillas de ruedas, bastones y chips de conectividad. Todo esto es presentado como gestión personal, cuando en realidad son recursos públicos.

Esta dinámica confirma que la Práctica de “La Mafia Verde” convierte la política social en un mecanismo clientelar.

Cifras que evidencian el alcance del sistema

Pablo Bustamante presume haber beneficiado a más de 86 mil 413 personas mediante 52 caravanas, ofreciendo más de 74 mil servicios gratuitos.

Para 2026, el presupuesto de Quintana Roo asciende a 53 mil 981.8 millones de pesos, de los cuales cerca de 30 mil millones están destinados a programas sociales.

De este monto:

• 864 millones 986 mil pesos corresponden a la Secretaría del Bienestar
• 1 mil 706 millones de pesos integran el paquete total de inversión social

La distribución del gasto incluye:

• $157,571,594 en servicios generales
• $56,805,373 en servicios personales
• $14,760,241 en materiales y suministros

Se estima que, bajo este esquema, podrían generarse comisiones superiores a los 100 millones de pesos, consolidando un botín millonario dentro de todo un sistema de operación política.

El Congreso y la red de poder

Por su parte, Renán Sánchez Tajonar mantiene control político desde el Congreso local, que cuenta con un presupuesto de 536.4 millones de pesos.

Cada diputado representa un costo anual aproximado de 21.5 millones de pesos, posicionando a este Congreso como uno de los más caros del país.

A pesar de posibles recortes impulsados por el gobierno federal, se ha decidido postergar su aplicación, lo que evidencia la protección institucional dentro de la Práctica de “La Mafia Verde”.

Protección política y consecuencias

La Práctica de “La Mafia Verde” no solo implica el uso indebido de recursos, sino también una red de protección desde las más altas esferas del poder.

Este esquema ha sido señalado como una de las principales causas del deterioro en la política social, al priorizar intereses electorales sobre las necesidades reales de la población.

El uso de programas sociales como herramienta política debilita la confianza ciudadana y perpetúa prácticas que afectan directamente la democracia.

Fuente: Poder y Crítica

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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene bajo observación un monto superior a los mil millones de pesos correspondientes al último año de gestión de Alfredo Del Mazo en el Estado de México. Según el Sistema Público de Consulta de Auditorías, estos recursos federales transferidos en 2023 presentan anomalías que la administración estatal no ha logrado solventar hasta la fecha.

De acuerdo con una investigación de Reporte Índigo, el órgano fiscalizador determinó que mil 64 millones de pesos permanecen en la categoría de montos por recuperar o aclarar. La cifra forma parte de un universo original de observaciones que superó los 2 mil 586 millones de pesos durante el cierre del pasado gobierno mexiquense.

El pliego de observaciones vigente se divide en tres partidas críticas. La más cuantiosa alcanza los 921.7 millones de pesos, seguida de dos registros adicionales por 95.9 y 46.8 millones de pesos respectivamente. Estos montos carecen de documentación comprobatoria que avale la recepción de bienes o la prestación de servicios contratados con participaciones federales.

La fiscalización detectó que el gobierno de Del Mazo transfirió recursos a diversos entes, como el Poder Judicial local y múltiples ayuntamientos, sin dejar evidencia del destino final del gasto. La ASF identificó incongruencias severas entre la información financiera de las autoridades y los registros físicos existentes en los archivos estatales.

Un foco rojo específico aparece en la gestión de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM). La auditoría señala un faltante de 623 millones de pesos en esta dependencia, la cual firmó 81 contratos por más de 752 millones de pesos bajo la justificación de mitigar la crisis hídrica en la entidad.

A pesar de la millonaria inversión en infraestructura y perforación de pozos, el impacto social resultó nulo. Municipios como Ecatepec, Naucalpan, Chimalhuacán y Toluca mantienen niveles de desabasto críticos y una contaminación creciente en los mantos acuíferos por sustancias tóxicas como mercurio y cianuro.

En el último ejercicio de la dinastía priista en el Estado de México, la administración estatal también erogó recursos en consultorías externas. Destaca el pago de 185 millones de pesos al Despacho Ramírez y Asociados para realizar una auditoría de sus propios estados financieros, gasto que no evitó las observaciones federales actuales.

Otros contratos relevantes bajo la lupa incluyen la compra de medicamentos por 165 millones de pesos a la empresa Medical Pharmaceutica y obras viales por 100 millones de pesos. Estas contrataciones se realizaron en un contexto de bajo perfil mediático por parte del entonces gobernador Del Mazo Maza.

Hasta abril de 2026, el destino de esta bolsa de recursos públicos federales permanece incierto. El Sistema de la Auditoría indica que solo se recuperaron poco más de cuatro mil pesos durante el proceso de revisión, lo que deja el boquete financiero prácticamente intacto.

Mientras el exmandatario mantiene una presencia mínima en la escena pública, los expedientes de la cuenta pública 2023 siguen abiertos. La ASF espera la aclaración de estos recursos que, por ley, deben ser restituidos a la hacienda federal si no se presenta la evidencia documental correspondiente.

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Por Silvia Hernández Martínez

Ciudadanos, transportistas y hasta diputados han acusan a la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche, de manejarse entre corrupción, falta de transparencia y desacato al Congreso local, lo que provoca desorden en el transporte, vehículos “piratas” y una total falta de atención a los problemas del transporte público que lleva años, provocado también por la “nombradera de directores en la dependencia. ARTEC se niega a informar lo relacionado con 45 millones de pesos que supuestamente gastó en estudios.

Ante los constantes problemas cotidianos que se registran en el transporte público en Campeche, usuarios y transportistas pidieron la intervención del Congreso local, mismo que solicitó un informe a la dependencia, que incluyó lo relacionado con la utilización de 45 millones de pesos que supuestamente dio a una empresa particular que realizaría estudios d factibilidad para las rutas, pero que no se realizaron esos trabajos para ordenar las rutas, simplemente se “esfumó” el dinero.

Los usuarios y hasta los líderes transportistas han acusado al gobierno estatal de no pode ni con el transporte, y están exigiendo además de juicio político en contra del director de ARTEC, que sea enviado a la cárcel ante la falta de claridad en la administración de la Agencia a la que acusaron de pretender ceder los derechos al ADO, lo que fue frenado por las denuncias ciudadanas.

Artec ignoró los requerimientos del Congreso sobre datos del Ko’ox y la información relacionada con un pago de 45 millones de pesos para supuestamente realizar estudios de factibilidad para las rutas.

Sin embargo “Movimiento Ciudadano (MC) no recibió la información solicitada a la Agencia Reguladora de Transporte del Estado de Campeche (Artec) sobre el sistema de transporte Ko’ox, cuyo funcionamiento ha sido criticado por ciudadanos en distintos puntos de la ciudad” dijo el periodista Jairo Magaña en La Jornada Maya

El periodista añadió a su reporte del asunto que “entre la información solicitada, se encuentra la explicación de pago por 45 millones de pesos a una empresa por los análisis de telemetría y que finalmente no se usó, y se contrató a una segunda empresa para este servicio. También solicitaron la realización de rutas y sus estudios de factibilidad, pues los transbordos siguen causando molestia a los campechanos”.

“El pasado 21 de marzo se aprobó esta propuesta, poniendo fecha tope hasta el 30 de marzo, pero en todo el día no recibieron información, –los diputados– y esperaron a la medianoche para comenzar a dar sus opiniones y posturas al respecto”.

La reacción ante la falta de respuesta –prosigue Jairo Magaña– fue una imagen exhibiendo la irresponsabilidad de la Artec, y pidiendo a su vez sanciones y hasta juicio político en contra del director, Eduardo Zubieta Marco, pues no era necesaria si presencia, solo entregar el informe detallado, y aún así no asistió, a la cita con los diputados.

“Después del mediodía, el diputado Pedro Armentía López, reveló que fue hasta el martes cuando la Artec mandó un compendio informativo, pero justificando su retraso y explicando que ¡no podían presentar toda la información al respecto!; sin embargo, también pedían que se les firmara de recibido con el día anterior, aún y cuando llegó este martes” revela el reportero.

Añade que “de igual manera, sostuvo que tendrían una reunión emergente entre legisladores de MC y buscarán un consenso con los demás grupos parlamentarios sobre la información presentada. Resaltó que sostienen la necesidad de fincar responsabilidades al director de la Artec pues consideraron el tiempo suficiente para cumplir al Poder Legislativo”.

“También resaltó que les falta información solicitada, por lo que llevarán ante la Legislación Permanente una petición para llevar a Zubieta Marco ante el pleno en una posible sesión extraordinaria, pues debió presentarse la información en tiempo, y eso demuestra irregularidades”, concluye la nota de Magaña.

No escuchan ni a la ciudadanía ni al Congreso

Por su parte la diputada Diana Aguilar Ruelas, de Movimiento Ciudadano preguntó con ironía “si no escuchan al Congreso ni a la ciudadanía, ¿a quién están escuchando?” y exige a ARTEC transparencia por el sistema Ko’ox.

Ante las crecientes quejas de usuarios y la falta de información pública, la putada Diana Aguilar Ruelas, de Movimiento Ciudadano, exigió que la Agencia Reguladora de Transporte del Estado de Campeche (ARTEC) rinda cuentas por las fallas y la opacidad que rodean al sistema de transporte Ko’ox.

“Si no escuchan al Congreso ni a la ciudadanía, ¿a quién están escuchando?”, subrayó, al criticar que las decisiones se toman sin diálogo y con improvisación, afectando directa y económicamente a trabajadores, madres de familia y personas adultas mayores que dependen del sistema diariamente.
La legisladora demandó que el director de ARTEC, Eduardo Zubieta Marco, comparezca ante el Congreso para explicar con datos verificables los criterios técnicos que sustentan el rediseño y el impacto social de las decisiones tomadas, que hasta ahora afectan a miles de usuarios sin estudios visibles ni explicaciones claras.

Recordó que desde febrero del año pasado su bancada solicitó por escrito información sobre el calendario real de unidades faltantes, los criterios técnicos utilizados para modificar rutas y la identidad de los proveedores del portal y del sistema de pagos electrónicos. En noviembre de 2025 también pidieron el restablecimiento de rutas históricas sin transbordos y la entrega íntegra de los estudios que supuestamente justifican el nuevo esquema, pero hasta la fecha no han recibido respuesta formal ni documentación pública que lo respalde.

Sin embargo, nada tiene respuesta, hay desacato, cientos de quejas ciudadanas hasta de corrupción, y todo mundo se pregunta quién protege al director de ARTEC, Eduardo Zubieta Maaarco, que pese a todo sigue devengando un salario salido de los impuestos de los ciudadanos, mientras sigue sin resolver el problema del transporte? ¿por qué se le permite a una dependencia de gobierno robarse el dinero del pueblo? Preguntas sin respuestas.

Artec provoca violencia entre transportistas

El experimentado periodista en estos temas del transporte que ha dado seguimiento a la problemática que se vive en Campeche, Jairo Magaña, reportó hace dos días la violencia que se desató entre transportistas que arrojó daños a propiedad ajena y aparentemente delito de odio, así lo dejó en claro Zazil Beh Cab Quiñonez, líder de la cooperativa Jacinto Canek de la Unión Nacional de Transportistas del Cambio (Untrac).

Estas dos unidades y choferes pertenecen a dicho organismo, y son combis que se identifican de color blanco, pero tras la retención violenta de dos unidades de la Untrac en la ciudad de Calkiní, transportistas que integran a las dos cooperativas de esta agrupación acudieron a denunciar a Mairely Uc Tun, líder de la cooperativa Tu Tii Pi Kiin -combis rojas-, y exigieron a la Secretaría de Gobierno una solución al sistema de transporte colectivo de Camino Real y del Estado.

“Los inconformes señalaron que el problema tiene por lo menos tres décadas y por esa razón acudieron el viernes por la noche a la Agencia Reguladora de Transporte del Estado de Campeche (Artec). Sin embargo, los trabajadores únicamente lograron agendar una reunión en la Secretaría de Gobierno para el lunes, tal como se vio a las 10 horas cuando ingresó una comisión a diálogo”, dice el reporte.

El periodista también documentó que “en este sentido, otro de los líderes de Untrac, Kennedy Rodríguez Osuna, y Cab Quiñonez, resaltaron que se acordó continuar con el servicio, contar las unidades con sus permisos de ruta ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como la documentación legal de las unidades, de los choferes, y requisitos básicos de quienes conducen las combis así como seguros de vida vigentes.
Subió una comisión de transportistas al Palacio de Gobierno, y dialogaron con un enviado especial de la gobernadora, Layda Sansores San Román, quien les aseguró trabajarán de manera coordinada con el Consejo Estatal de Transporte, bajo la encomienda de regular a todos los transportistas para resolver este conflicto”.

También les adelantó que mientras ellos tengan sus documentos en regla, no habrá temas jurídicos con las autoridades, además sostendrá reuniones con representantes de las demás agrupaciones para entender que el transporte deben cuidarlo todos”, dijo Jairo.

“Bajo este acuerdo, el servicio de transporte de Untrac y la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) dará seguimiento a la investigación debido a la denuncia contra Mairely Uc Tun”.

Problema ciudadano los transbordos

Los vecinos piden a la Artec eliminar los transbordos en las rutas del Ko’ox y ante las peticiones constantes que no han sido escuchadas por la dependencia, lo ciudadanos se organizaron y realizaron una manifestación y advirtieron que cerrarán calles si ignoran sus peticiones.
Vecinos de Tula, Presidentes y Quinta Hermosa se manifestaron en la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec) para exigir la eliminación del transbordo por afectar su economía. Amenazaron con tomar medidas drásticas como cerrar calles si no hay una respuesta favorable…y hasta el momento no la hay.

Desde febrero de este año, los campechanos tomaron la decisión de manifestarse en las calles como lo han venido haciendo, lo mismo que ante la institución que más parece la “caja chica” de alguna autoridad que dependencia al servicio de la ciudadanía.

El grupo, integrado por vecinos de colonias como Quinta Hermosa, Tula, Presidentes, Alamos y Plan Chac, se manifestó en las puertas del Artec para solicitar una cita con el titular Eduardo Zubieta Marcos. Los manifestantes señalaron que están de acuerdo con modernizar el servicio, pero exigen la eliminación del transbordo impuesto por el Gobierno del Estado.

Sostienen que el transbordo lesiona su economía porque Campeche es una ciudad pequeña en donde los transbordos son innecesarios y aseguran que la capacidad económica de la ciudadanía es insuficiente para pagar otro pasaje. Igualmente se quejaron del “huachicoleo” en las tarjetas del Ko’ox, pues reportan que el saldo de sus tarjetas desaparece sin explicación.

Exigen que regresen las rutas originales, ya que el reacomodo impuesto por las autoridades perjudicó a los usuarios del transporte público, al parecer nose conforman con lo que presuntamente se llevan del presupuesto, sino que hasta le roban más a los ciudadanos en contubernio con los transportistas.
También piden que mejor cobren en efectivo en vez de tarjetas, pues argumentan que el sistema de recarga del plástico “es un caos” así como para las personas foráneas que difícilmente consiguen una tarjeta sólo para subirse al Ko’ox.

Los manifestantes entregaron un oficio al Artec con peticiones e inconformidades, acompañado de más de mil firmas de los vecinos de las colonias y fraccionamientos afectados, así también acudieron nuevamente los vecinos de la colonia Miguel Hidalgo y acusaron de incumplimiento al Artec. Aseguran se debían reinstalar rutas directas al mercado.

Informaron que han entregado oficio al Gobierno del Estado, Congreso del Estado y a la ARTEC donde solicitan eliminar los transbordos del Ko’ox.

Los “piratas” y secuestros tolerados por ARTEC.

Bajo el argumento de que llevan cinco denuncias por escrito ante la Agencia Reguladora de Transporte del Estado de Campeche (Artec) sobre la presencia de combis “piratas”, al menos tres vehículos de la cooperativa Tu Tii Pi Kiin retuvieron una combi de color blanco que salió de la ciudad de Calkiní a la capital y subiendo pasajeros.

La combi en cuestión no tenía logos ni insignias de transporte, mucho menos algo que la identificara como una unidad de transporte público del Estado de Campeche. Lo que sí tenía era número económico, placas federales de turismo y pasajeros que admitieron el uso de la unidad como transporte a la capital.

En conjunto, choferes y la presidenta de la cooperativa, Mairely Uc Tun, retuvieron la unidad tras comprobar la operatividad como transporte público pirata, llamaron a la Artec para hacer el reporte y solicitar un inspector para la retención legal de la unidad, pero estos no respondieron.
Quienes sí llegaron fueron elementos de la Policía de Campeche, pues el chofer retenido denunció privación ilegal de su libertad. Cuando los elementos tomaron nota de los hechos, presionaron a la Artec para que mandara a los inspectores, pues era un tema en el que ellos no podían actuar. Lo que obligó al órgano de transporte a trabajar.

Más tarde, tras la retención del vehículo y la entrega de la multa al chofer, los transportistas legales arribaron a la Artec para reclamar el desinterés de atender una demanda genuina de trabajadores del transporte público, pues mientras la autoridad no hace su trabajo, comprobaron que sí existe el transporte “pirata” a beneplácito de la dependencia y su director, Eduardo Zubieta Marco.

Artec protegida

La Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (ARTEC) ha enfrentado severas críticas y señalamientos por inacción, descontrol y presunta corrupción en el sistema de transporte público, según información reciente hasta principios de 2026. Transportistas han denunciado corrupción y un “descontrol” total en el transporte público, señalando omisiones sistemáticas por parte de los directivos de la ARTEC.
Hasta finales de marzo de 2026, las acusaciones continúan, con transportistas amagando con tomar acciones propias ante la supuesta inacción de la ARTEC.

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El señalamiento se sustenta en más de 100 páginas de documentos entregados por la propia Finsus a la autoridad reguladora, a los que tuvo acceso el columnista, en los que se identifican relaciones que contrastan con la postura pública de la empresa sobre la inexistencia de vínculos con CIBanco.

Entre los elementos destacados se encuentra el caso de Norman Hagemeister Rey, accionista de Finsus, ex directivo de CIBanco y yerno del presidente de CIBanco, Jorge Rangel de Alba. De acuerdo con la información citada, Lusitano FG, comercialmente conocida como Onix Financiera y vinculada al entorno de CIBanco, le otorgó más de 60 créditos personales entre 2021 y 2024 por un monto superior a 2,500 millones de pesos.

La documentación también refiere coincidencias operativas relevantes. El domicilio registrado de Hagemeister coincide con el de Lusitano FG, y tanto esta entidad como Finsus operan desde la misma dirección: Insurgentes Sur 1458, piso 12, colonia Actipan, en la Ciudad de México. Además, al menos cinco directivos y consejeros propuestos para el banco mantienen vínculos laborales o financieros con Lusitano FG, incluidos cargos directivos o créditos vigentes.

Pese a estos elementos, Lusitano FG no fue declarada como parte relacionada en los documentos presentados ante la CNBV. A ello se suma que Jorge Rangel de Alba también participó en Finsus, aunque la empresa sostiene que dejó de ser accionista en enero de 2025.

Estos hallazgos se dan en un contexto marcado por los antecedentes regulatorios de CIBanco. El 25 de junio de 2025, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) identificó a esa institución como una “institución financiera extranjera de preocupación primaria en materia de lavado de dinero”. Según el Departamento del Tesoro, el banco mantuvo durante años un patrón de servicios financieros que habrían facilitado operaciones vinculadas con organizaciones como el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo.

Entre los hechos señalados se encuentra la apertura, en 2023, de una cuenta presuntamente utilizada para lavar 10 millones de dólares, así como pagos realizados entre 2021 y 2024 a empresas chinas proveedoras de precursores químicos para la producción de fentanilo.

En este contexto, analistas citados por el columnista consideran relevante el hecho de que Finsus busque su transformación en banco bajo la supervisión de la CNBV, con Hagemeister como accionista mayoritario, tras el retiro de la licencia de CIBanco.

La empresa, por su parte, ha sostenido públicamente que no existe relación con dicha institución. En diciembre de 2025, su director general, Carlos Marmolejo, afirmó en un derecho de réplica que Finsus no mantiene “vínculo operativo, financiero, corporativo ni de gobierno” con CIBanco, y que Hagemeister dejó el consejo de ese banco en diciembre de 2022.

En el ámbito corporativo, la compañía también aseguró que la legisladora morenista Patricia Armendáriz y su familia dejaron de tener participación accionaria desde 2022 y 2023, respectivamente, y que Rangel de Alba salió del capital en enero de 2025. Sin embargo, no se encontró evidencia documental pública que respalde dichos movimientos.

Más de 20 sanciones en 2025

A estos elementos se suma el historial regulatorio de Finsus. Entre 2018 y 2025, la CNBV le impuso alrededor de 40 sanciones por más de 15 millones de pesos, cerca de la mitad de ellas en 2025. Las observaciones incluyen deficiencias en prevención de lavado de dinero, incumplimientos en la entrega de información a autoridades, fallas en gobierno corporativo y omisiones en la publicación de estados financieros.

Asimismo, la CNBV detectó debilidades en control interno y administración de riesgos, irregularidades operativas, como la apertura de cuentas sin autorización del regulador, y fallas contables. Por su parte, datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) indican que la entidad acumula 149 reclamaciones, con un incremento notable entre 2021 y 2023.

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Proyecto energético en el centro del caso

La investigación se centra en un contrato de largo plazo —35 años— para desarrollar una planta fotovoltaica durante su administración. El plan contemplaba suministrar energía al acueducto Río Colorado, aunque nunca se concretó la obra.

Acusaciones de la Fiscalía contra el exgobernador de Baja California

De acuerdo con el Ministerio Público, el exmandatario habría instruido a integrantes de su equipo a viajar a Nuevo León para negociar con la empresa Next Energy. Asimismo, se le atribuye haber promovido modificaciones legales y autorizado un contrato plurianual que derivó en compromisos financieros para el estado.

Los abogados de Jaime “N” rechazaron los señalamientos y aseguraron que el pago de 123 millones de pesos no se realizó durante su gestión. También argumentaron que las pruebas presentadas por la Fiscalía carecen de solidez y precisión.

En declaraciones públicas, el exfuncionario ha sostenido que la construcción de la planta nunca fue formalmente establecida en Mexicali, a pesar de haber participado en el acto protocolario de inicio de obra.

Cancelación y riesgos financieros para el Estado

La administración estatal actual, encabezada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, decidió cancelar el proyecto al detectar la falta de permisos federales. Además, advirtió que el acuerdo comprometía recursos federales por hasta 37 mil millones de pesos a lo largo de tres décadas.

El caso surgió luego de que el gobierno estatal presentara una denuncia al confirmar que la planta no fue edificada. Esto dio pie a la investigación registrada bajo el Número Único de Caso 02-2022-06977. La carpeta de investigación incluye a otros exfuncionarios.

Cabe destacar que el exgobernador evitó comparecer en 13 ocasiones antes de que se formalizara la imputación el pasado 19 de marzo.

Medidas cautelares y siguientes pasos

Como parte del proceso, el juez determinó imponer una garantía económica de 100 mil pesos y fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, durante el cual se recabarán más elementos para sustentar el caso.

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En La Chispa, creador de este texto, te informamos sobre las declaraciones del histórico capitán del Tricolor, quien no dudó en señalar un problema que calificó como “cultural”.

Durante un congreso organizado por la Federación Mexicana de Futbol, el llamado “Kaiser” aseguró que la corrupción y la delincuencia son males que deben erradicarse si se quiere transformar el deporte más importante del país.

Corrupción en el fútbol formativo de México: un mal que duele al “Kaiser”

La Corrupción en el fútbol formativo de México fue expuesta sin rodeos por Márquez, quien reveló que en fuerzas básicas aún se escuchan frases como: “Si quieres que juegue tu hijo, me tienes que dar dinero”.

El ex capitán del Tricolor reconoció que este tipo de prácticas manchan el desarrollo de jóvenes talentos y afectan directamente el crecimiento del balompié nacional.

“Se ha escuchado durante mucho tiempo un tema que creo que, hasta me duele decirlo, es cultural en México, la corrupción”, expresó Márquez.

La contundencia de sus palabras dejó claro que la Corrupción en el fútbol formativo de México no es un rumor aislado, sino una problemática que requiere atención inmediata.

La violencia y la falta de valores en la juventud

El ex defensor, que disputó cinco Copas del Mundo, también habló sobre la violencia que impacta a los jóvenes mexicanos.

“Le preguntas a 10 niños qué quieren hacer el día de mañana, lamentablemente a lo mejor ocho te dicen que quieren ser futbolistas y uno que otro te dice ‘vivir de lo malo para tener más dinero rápido’”, declaró.

Estas palabras conectan directamente con la preocupación por la Corrupción en el fútbol formativo de México, pues el entorno social también influye en la formación de nuevos talentos.

Del Barcelona B al nuevo reto con Javier Aguirre

Antes de integrarse al cuerpo técnico de Javier Aguirre, Márquez se desempeñaba como entrenador del FC Barcelona Atlètic (Barcelona B).

Su decisión de dejar Europa para sumarse al proyecto nacional no fue sencilla, pero respondió a un sentimiento de orgullo y compromiso.

“Me convenció venir a México el orgullo de ser mexicano, de querer hacer algo con el futbol mexicano”, explicó.

Nuevo proyecto en Selección Mexicana: reconstrucción desde la base

El Nuevo proyecto en Selección Mexicana encabezado por Javier Aguirre contempla no solo resultados deportivos, sino también una transformación estructural.

La Selección Mexicana busca recuperar identidad, disciplina y transparencia, aspectos que Márquez considera fundamentales para combatir la Corrupción en el fútbol formativo de México.

El objetivo es claro: limpiar el camino desde fuerzas básicas hasta el máximo representativo nacional.

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Por Silvia Hernández Martínez

A unos meses de que se lleve a cabo el Mundial de Futbol y aunque Quintana Roo no tendrá partidos, sí será un estado de entrenamientos, por lo que llegarán miles de personas, pero se enfrentarán con el grave problema de falta de agua, con exceso en el cobro de tarifas por el vital líquido y la lucha, que apenas ha empezado, por el huachicol del agua ante la falta de urbanización de varias regiones y sobre todo las cercanas a Cancún, ocasionando pérdidas millonarias al erario público y poniendo en riesgo la salud de los quintanarroenses.

Se ha reportado un aumento en “huachicol de agua” en Quintana Roo, específicamente en áreas como Alfredo V. Bonfil en Cancún y otras regiones, donde se han detectado tomas clandestinas y tomas ilegales en pipas. Esta práctica delictiva se ve impulsada por el descontento ciudadano con la empresa Aguakan, motivado por tarifas elevadas, mal servicio, falta de presión y cortes constantes de agua. Tomas clandestinas y fraude con “pipas” de agua, se han detectado en diversas regiones del estado, en donde igual que se hace con el combustible robado, se conectan a la red, pero hidráulica para robar el vital líquido y después venderlo mediante “pipas” a los lugares en donde se carece de tomas domiciliarias en los domicilios.

Rezago social y concesión de agua

La concesionaria se encuentra bajo fuerte escrutinio por supuestas irregularidades, a pesar de que logra ampararse para mantener la operación ante la suspensión de su contrato de concesión por parte del Congreso.

Miles de usuarios denuncian cobros elevados, por parte de Aguakan recibos “disparados” y falta de claridad en la facturación, además de fallas en el servicio en distintos puntos del estado.

Las quejas se concentran en cortes, baja presión, fugas y tiempos de respuesta, mientras crece la exigencia de auditorías, atención efectiva y un esquema de cobro transparente para los consumidores.

El tema reabre el debate sobre la concesión, la supervisión del servicio y la urgencia de garantizar agua con calidad y precios justos para hogares y negocios, pero mientras las autoridades no tomen su responsabilidad de dotar de agua directamente como gobierno que es, tanto Aguakan como el huachicoleo, mantendrán de rehenes a los habitantes de Quintana Roo.

Cancún, problemas de agua, afectarán a turistas y futbolistas

Cancún, que para los visitantes es uno de los destinos paradisiacos por sus playas y la calidad de los servicios se ve envuelto en el problema del “huachicol” y de agua (robo y comercialización ilegal) en el norte de Quintana Roo se ha tornado grave y persistente, particularmente en colonias irregulares y zonas con deficiencias en el suministro, esto aunado a las altas tarifas impuestas por Aguakan.

Control privado del agua dispara huachicoleo

A inicios de 2026, las autoridades han emitido alertas por la detección de tomas clandestinas y fraudes relacionados con la venta de agua en pipas, pero nada más, no ha habido sanciones o detenciones, pese a que el robo de agua ya es un delito grave en el país el problema del incremento en las tarifas de agua en Cancún, gestionado por la empresa Aguakan, es considerado grave y de alto impacto social a inicios de 2026.

La situación se caracteriza por recibos exorbitantes, falta de suministro, baja presión y un descontento generalizado entre la población que a pesar de que los cobros aumentan, los usuarios denuncian un servicio deficiente, con cortes constantes y “gota a gota”, mientras las facturas llegan puntualmente sin descuentos por la falta de agua.

Asimismo se han reportado incrementos drásticos, donde los recibos llegan a quintuplicarse de un mes a otro, afectando gravemente la economía doméstica por lo que la empresa Aguakan ha enfrentado acusaciones de abuso, y aunque el Congreso local ha intentado revocar la concesión, la empresa ha operado mediante amparos para mantenerse, generando mayor frustración ciudadana.

Ante la gravedad, el gobierno federal ha analizado la situación para buscar soluciones a la privatización del agua, declarando que la empresa no cumple y realiza cobros excesivos, además del costo, la infraestructura presenta fallas (baja presión) y se reportan problemas de desabasto en diversas colonias.

El hartazgo es alto, ya que es un tema recurrente en campañas políticas sin que la situación mejore, haciendo de la gestión del agua uno de los problemas más sentidos en Cancún y el norte de Quintana Roo.

El problema se concentra en colonias irregulares y áreas donde Aguakan (la concesionaria) tiene dificultades para prestar el servicio o no llega la red pública y pese a que se han desmantelado bodegas y detectado pipas que se abastecen de tomas clandestinas, operando al margen de la regulación sanitaria, lo que pone en riesgo la salud, el huachicoleo no se detiene por el contrario va en aumento.

El agua extraída ilegalmente a menudo no está tratada ni cumple con los estándares de potabilidad, representando un riesgo de enfermedades gastrointestinales.

Los conflictos con la concesionaria provocan el “huachicol” que se alimenta de las deficiencias en el suministro formal, en medio de una larga disputa por la concesión de Aguakan en Cancún, que ha generado insatisfacción en los usuarios y aunque el fenómeno del “huachicol” hídrico es más notorio en estados como el Estado de México, en Cancún está tomando relevancia debido al alto crecimiento poblacional y la presión sobre los mantos freáticos.

¿Cuánto cuesta el agua en febrero de 2026?

Para uso doméstico, el precio del agua potable depende del consumo mensual medido en metros cúbicos (m³). Las tarifas oficiales son las siguientes:

De 0 a 10 m³: cuota base de $203.46.
De 11 a 20 m³: cuota base de $236.44 y $25.00 adicionales por cada m³ extra.
De 21 a 40 m³: cuota base de $593.36 y $38.53 adicionales por m³ extra.
De 41 a 60 m³: cuota base de $1,416.90 y $49.32 adicionales por m³ extra.
De 61 m³ en adelante: cuota base de $3,183.36 y $120.63 adicionales por m³ extra.

Estas tarifas no incluyen IVA y se mantendrán vigentes hasta el 9 de marzo de 2026.

¿Y cuánto pagan los negocios y hoteles en Quintana Roo?

Para los usuarios comerciales, las tarifas comienzan con una cuota base de $185.45 y varían según el rango de consumo. Los usos industriales y hoteleros también tienen esquemas diferenciados, debido al volumen y demanda de agua que requieren sus actividades.

Por ejemplo:

En la tarifa industrial, los rangos van desde $92.82 hasta más de $153,284 de cuota base, dependiendo del consumo.

En el sector hotelero, la cuota base mínima es de $480.67, y se incrementa progresivamente por cada m³ utilizado.

Estos ajustes están diseñados para promover un consumo responsable y mantener el equilibrio entre el uso doméstico, comercial y turístico, sectores que sostienen la economía del estado.

¿Por qué varía el precio del agua cada mes?

El costo del agua no se fija libremente, sino que se actualiza mensualmente conforme a los lineamientos de la Ley de Cuotas y Tarifas de Quintana Roo.

El cálculo se basa en factores como el consumo promedio, los costos operativos del servicio y las variaciones de la energía eléctrica.

Pero las tarifas oficiales no son las que se cobran, de allí el cúmulo de denuncias contra la concesionaria, mientras la venta clandestina del preciado líquido está afectando la presión en las tuberías provocando la escasez donde sí hay agua entubada, mientras que las altas tarifas de la empresa encargada de la distribución “Aguakan” que además ha sido reportada por mal servicio y constantes cortes, van también en aumento por eso el creciente número de huachicoleros que, pese a las denuncias que se hacen por parte de los ciudadanos, continúan con su ilícita actividad dada las pingües ganancias que les aporta vender agua sin el tratamiento adecuado y manteniendo el abasto.

Otro problema que profundiza el huachicoleo son las desigualdades sociales ya que colonias y barrios periféricos y comunidades rurales son los más afectados: muchos deben comprar agua robada en pipas porque el suministro oficial es insuficiente. A pesar de que en 2022 se tipificó el robo de agua como delito grave, no existe aún una sola sentencia de cárcel, lo que refleja la impunidad que lo alimenta.

El costo económico es también enorme se calcula que cerca del 40% del agua producida para uso urbano no llega al usuario por fugas, robo o ineficiencia. Esto encarece el servicio, limita la inversión en mantenimiento y evidencia el deterioro de una infraestructura hidráulica envejecida, vulnerable a tomas clandestinas.

A ello se suma la desconfianza institucional, redes ilegales operan con bajo riesgo de sanción y a veces con tolerancia social. En zonas donde el servicio oficial es deficiente, las familias optan por agua de huachicol porque es más accesible, aunque sea riesgosa.

La corrupción, la falta de transparencia y la débil aplicación de la ley sostienen este círculo vicioso.

Redacción Macronews, publicó recientemente un artículo en el que señala que “Autoridades y ciudadanos han denunciado la presunta operación de esquemas de “huachicol de agua” en Quintana Roo, donde se detectaron al menos dos modalidades ilícitas: tomas clandestinas conectadas a la red hidráulica y presuntos fraudes mediante el suministro irregular de agua a través de pipas.

De acuerdo con los reportes, estas prácticas consisten en la extracción ilegal del recurso desde líneas de distribución, así como la comercialización del líquido sin cumplir con los procesos legales ni los controles sanitarios establecidos, lo que genera pérdidas económicas y afectan la disponibilidad del servicio para miles de usuarios.

Continúa el artículo: Tomas clandestinas y venta irregular afectan el suministro.- Especialistas señalan que las tomas clandestinas representan un problema creciente, ya que además de constituir un delito, provocan disminución en la presión del agua, fallas en el suministro y afectaciones a la infraestructura hidráulica. Esta situación impacta directamente a colonias con alta demanda, particularmente en zonas urbanas como Cancún, donde el crecimiento poblacional ha incrementado la necesidad de servicios básicos. A la par, el uso de pipas para la venta irregular de agua ha sido señalado como otro mecanismo de fraude, en el que el recurso es extraído de manera ilegal y posteriormente distribuido sin regulación, generando competencia desleal y posibles riesgos sanitarios.

Empresas concesionarias del servicio, como Aguakan, han reiterado que estas prácticas constituyen un delito y han llamado a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa que afecte la red hidráulica o el suministro oficial.

Y hace un llamado a reforzar vigilancia y denuncias: Ante este panorama, autoridades y especialistas coincidieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión, implementar operativos de inspección y promover la cultura de la denuncia ciudadana para combatir el robo de agua y garantizar el acceso equitativo al recurso.

En riesgo la salud por huachicol del agua

El “huachicol de agua” en Quintana Roo perjudica la salud, ya que este líquido se extrae de tomas clandestinas sin ningún tipo de tratamiento ni regulación de calidad, lo que implica un riesgo significativo de contaminación.

Riesgos para la salud: El agua vendida a través de redes ilegales de huachicoleo no pasa por los procesos de potabilización requeridos por las autoridades sanitarias, lo que puede exponer a los consumidores a diversos contaminantes y patógenos:

Contaminación microbiológica: El agua de fuentes no reguladas puede contener bacterias (como E. coli, Shigella y Salmonella), virus (rotavirus, norovirus) y otros microorganismos que causan enfermedades gastrointestinales graves como diarrea, cólera y fiebre tifoidea.

Ausencia de monitoreo: Las autoridades de salud no pueden garantizar la calidad del agua que no proviene de la red de suministro formal.

Infraestructura inadecuada: En Quintana Roo, el acuífero es la principal fuente de abastecimiento, pero es altamente vulnerable a la contaminación debido a la naturaleza kárstica del suelo, que permite la infiltración de aguas residuales y otros contaminantes si no se gestiona adecuadamente. El agua de tomas clandestinas no se somete a los procesos de monitoreo y purificación necesarios para su consumo seguro.

Crecimiento de huachicol del agua: Esta situación se da en medio de un conflicto mayor relacionado con la concesionaria del agua, Aguakan, y las exigencias de la ciudadanía por un mejor servicio.

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) ha detectado previamente el robo de agua en grandes volúmenes en áreas como Holbox, Chiquilá y Tulum, Playa del Carmen, Benito Juárez, Chetumal, Puerto Morelos, Bacalar y la zona continental de Isla Mujeres.

Hasta mil 200 pesos se paga por dos tinacos de agua de huachicol, con tal de contar con el preciado líquido dada la carencia del servicio de agua entubada y son cientos las personas que hacen uso de este líquido preciado aunque sea su venta ilegal.

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