En un posicionamiento público, Alcalde Luján sostuvo que los hechos expuestos en la investigación periodística tienen antecedentes administrativos y judiciales que no corresponden a su gestión como titular de la Secretaría de Gobernación, sino que se remontan al sexenio anterior, durante la administración de Enrique Peña Nieto.

La líder partidista explicó que la empresa señalada en la publicación obtuvo autorización desde 2017, cuando Miguel Ángel Osorio Chong encabezaba la política interior del país. En ese sentido, subrayó que su actuación en el tema se limitó a dar cumplimiento a resoluciones judiciales ya en curso al momento de asumir el cargo en 2023.

Resolución judicial, eje del conflicto

De acuerdo con Alcalde, al inicio de su gestión existía un litigio promovido por la empresa Clie contra la Secretaría de Gobernación, luego de que se le negaran múltiples permisos solicitados desde 2018. La controversia derivó en una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa, emitida el 23 de octubre de 2023, que ordenó a la autoridad otorgar 20 autorizaciones para operar en el país.

La entonces secretaria afirmó que la dependencia acató el fallo en estricto apego a la sentencia, limitando los alcances de las licencias. Precisó que no se autorizó el uso de máquinas tragamonedas ni la operación de juegos como dados, cartas o ruletas, lo que —según su versión— redujo el atractivo comercial del proyecto.

“Tan es así que, a la fecha, estos permisos no han sido utilizados”, enfatizó.

Rechazo a vínculos personales y acusaciones de corrupción

La dirigente de Morena también desestimó los intentos de vincularla con un exfuncionario de seguridad de Tabasco, identificado en la publicación como Bermúdez Requena. Señaló que la fotografía difundida corresponde a un evento institucional en el que participaron secretarios de seguridad de diversas entidades, y negó cualquier relación personal o profesional con dicho personaje.

Asimismo, rechazó categóricamente haber incurrido en actos de corrupción durante su trayectoria en el servicio público. “No tengo precio”, afirmó, al tiempo que defendió su militancia en Morena como resultado de su postura histórica contra prácticas indebidas en el ejercicio del poder.

Señalan ofensiva política contra la 4T

En su mensaje, Alcalde Luján acusó que tanto Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad como el diario Reforma forman parte de una campaña sistemática contra el movimiento de la llamada Cuarta Transformación.

Bajo esta narrativa, sostuvo que las acusaciones buscan instalar dudas en la opinión pública mediante lo que calificó como calumnias reiteradas. “Es la misma tesis: la calumnia no mancha, pero tizna”, expresó.

El posicionamiento se da en un contexto de creciente confrontación entre el gobierno y sectores mediáticos y organizaciones civiles, en torno a temas de transparencia, combate a la corrupción y rendición de cuentas, que continúan marcando la agenda política nacional.

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El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, informó que la acción se llevó a cabo en estrecha coordinación con autoridades mexicanas. Señaló que esta medida forma parte de los compromisos adquiridos durante su visita a México en septiembre pasado para fortalecer la lucha conjunta contra el narcotráfico y los delitos financieros.

“Estados Unidos y México están trabajando juntos para combatir el lavado de dinero en el sector de juegos y apuestas. Nuestro mensaje para quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas”, declaró el funcionario, reconociendo la cooperación del gobierno mexicano.

Sanciones y medidas especiales

Como parte del operativo, la OFAC impuso sanciones a 27 personas y entidades vinculadas a la red criminal. A su vez, FinCEN propuso una medida especial para impedir que 10 casas de apuestas con sede en México accedan al sistema financiero estadounidense, debido a riesgos sustanciales de lavado de dinero.

El Tesoro identificó a las familias Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon Hysa como integrantes de una organización criminal transnacional conocida como HOCG. Las autoridades señalan que han utilizado su influencia y control sobre negocios en México —como casinos y restaurantes— para lavar ganancias provenientes del tráfico de narcóticos.

La estructura financiera del grupo Hysa

De acuerdo con el reporte oficial, el HOCG opera con la anuencia del Cártel de Sinaloa, que controla gran parte de los territorios donde el grupo despliega sus operaciones. Las autoridades destacan que Luftar Hysa, considerado uno de los líderes, se mueve entre México y Canadá y ha ofrecido declaraciones públicas sobre los negocios familiares.

Los hermanos Hysa habrían colaborado con un ciudadano estadounidense para transportar grandes sumas de dinero en efectivo desde México hacia Estados Unidos, donde posteriormente se blanqueaban mediante una empresa controlada por dicho socio. También habrían operado compañías en Europa con las que enriquecían a la organización mediante el lavado de fondos ilícitos.

Empresas involucradas en México, Canadá y Europa

Entre las compañías sancionadas por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero destacan:

• Bliri S.A. de C.V.
• Cucina Del Porto S.A. de C.V.
• Diversiones Los Mochis S.A. de C.V.
• El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V.
• Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V.
• Entretenimiento y Espectáculos B.C. S.A. de C.V.
• Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V.
• H Hidrocarburos S.A. de C.V.
• Hysa Forwarders S.A. de C.V.
• LH Pro-Gaming S.A. de C.V.
• LH Rental S.A. de C.V.
• Operadora Alejil S.A. de C.V.
• Operadora de Empresas LH S.A. de C.V.
• Procesadora de Alimentos HS S.A. de C.V.
• Rosetta Gaming S.A. de C.V.
• Hysa Holdings Inc. (Canadá)
• Rosetta Gaming Inc. (Canadá)
• Rosetta Gaming SP ZOO (Polonia)

OFAC también vinculó a estas operaciones a la empresa mexicana Entretenimiento Palmero S.A. de C.V., propiedad de Arben Hysa, y en cuyo consejo participa Eselda Baku, hija de Ramiz Hysa.

Consecuencias de las sanciones

Las sanciones implican el congelamiento de todos los bienes y activos que los involucrados posean dentro de Estados Unidos o bajo control de entidades estadounidenses. Asimismo, se bloquean todas las empresas en las que los señalados tengan una participación igual o superior al 50 %.

Los 10 casinos señalados

El Tesoro detalló que la red criminal administra 10 casinos en México que durante años habrían servido para lavar dinero del Cártel de Sinaloa. Los establecimientos son:

• Emine Casino — San Luis Río Colorado, Sonora
• Casino Mirage — Culiacán, Sinaloa
• Midas Casino — Agua Prieta, Sonora
• Midas Casino — Los Mochis, Sinaloa
• Midas Casino — Guamúchil, Sinaloa
• Midas Casino — Mazatlán, Sinaloa
• Midas Casino — Rosarito, Baja California
• Palermo Casino — Nogales, Sonora
• Skampa Casino — Ensenada, Baja California
• Skampa Casino — Villahermosa, Tabasco

Nuevos controles para instituciones financieras

Para mitigar los riesgos que representan estos establecimientos, FinCEN propuso reglas más estrictas para las instituciones financieras estadounidenses. Entre ellas:

• Prohibir la apertura o mantenimiento de cuentas corresponsales con bancos extranjeros que procesen transacciones relacionadas con los casinos señalados.
• Exigir mayor diligencia debida en las cuentas corresponsales para evitar que se utilicen con fines de lavado de dinero.

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En un mensaje contundente desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una profunda reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, con el propósito de cerrar una de las rutas más rentables para el lavado de dinero del crimen organizado: los casinos, tanto físicos como digitales.

“Los casinos dejaron de ser centros de entretenimiento para convertirse en lavanderías de lujo del narco. Eso se acabó”, afirmó la mandataria, al detallar los primeros resultados de una operación conjunta entre la Secretaría de Seguridad, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y autoridades internacionales.

Una red sofisticada y transnacional

La procuradora fiscal de la Federación, Griselda Galeano García, reveló los mecanismos mediante los cuales estas organizaciones criminales simulaban transacciones legales a través del juego. Según los informes oficiales, al menos 120 establecimientos en distintos puntos del país participaban en el esquema, caracterizado por el uso de identidades falsas, transferencias electrónicas y premios ficticios.

Entre los hallazgos más graves, Galeano destacó la utilización de personas vulnerables —adultos mayores, desempleados o migrantes— cuyos nombres e identidades eran robados para abrir cuentas y recibir tarjetas prepagadas con hasta 500 mil pesos de origen ilícito.

El dinero era apostado de forma masiva en máquinas y mesas de póker, registrando supuestas “ganancias” millonarias que jamás se entregaban a los falsos ganadores. Posteriormente, los recursos eran transferidos a cuentas en Islas Caimán, Panamá y Emiratos Árabes Unidos, completando el circuito del lavado.

“Encontramos casos donde una sola persona aparecía como ganadora de 47 jackpots en tres meses. Era imposible”, subrayó la funcionaria.

Ocho estados bajo investigación y 42 detenidos

Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó sobre la desarticulación de tres grandes redes criminales que operaban en ocho entidades: Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.

Los operativos simultáneos, ejecutados la semana pasada, dejaron 42 detenidos, entre ellos 12 ciudadanos extranjeros —de nacionalidades china y rusa—, así como el aseguramiento de 2,300 máquinas tragamonedas, 187 servidores de apuestas en línea y 1,200 millones de pesos en efectivo.

Coordinación inédita con EUA

El combate al lavado de dinero tuvo un componente internacional. Por primera vez, la UIF trabajó directamente con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“Seguimos el dinero hasta 14 paraísos fiscales. Gracias a esta colaboración, congelamos 8,400 cuentas bancarias vinculadas a estas redes criminales”, explicó García Harfuch.

La nueva ley: tecnología, límites y sanciones

La iniciativa que será enviada al Congreso establecerá una nueva era regulatoria para el sector de juegos y sorteos, con herramientas tecnológicas y mayores controles financieros. Entre los puntos centrales destacan:

• Reconocimiento facial obligatorio en el ingreso a casinos físicos y plataformas en línea.
• Límite máximo de 50 mil pesos mensuales por jugador, verificable mediante identificación biométrica.
• Prohibición absoluta de tarjetas prepagadas anónimas.
• Auditorías en tiempo real a cargo de la UIF.
• Penas de hasta 40 años de prisión por lavado de dinero mediante actividades de azar.

“Quien quiera jugar, que juegue limpio. Quien quiera lavar, que se prepare para perderlo todo”, advirtió la presidenta.

De las luces al silencio

Mientras las autoridades federales afinan la redacción de la reforma, las imágenes en la Ciudad de México y otras urbes del país son elocuentes: sellos de clausura sobre los accesos de antiguos casinos, donde antes abundaban las luces de neón y ahora sólo quedan los rótulos de “CLAUSURADO por disposición federal”.

Con este golpe financiero y la reforma en puerta, el gobierno de Sheinbaum busca no sólo blindar al sistema financiero mexicano, sino también cerrar un capítulo de impunidad en el que el entretenimiento y el delito se confundieron durante años.

“Esta vez, el juego cambió de manos —concluyó Sheinbaum—. La apuesta ahora es por la transparencia, la legalidad y la seguridad de México.”

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El conglomerado Grupo Salinas confirmó que dos de sus filiales dedicadas a la operación de casinos, Ganador Azteca SAPI de CV y Operadora Ganador TV Azteca SAPI de CV, están incluidas en la lista de 13 establecimientos investigados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por presuntas actividades de lavado de dinero. Sin embargo, la empresa rechazó cualquier señalamiento en su contra y aseguró que “siempre ha cumplido cabalmente con la ley”.

En un comunicado, el grupo empresarial fundado por Ricardo Salinas Pliego calificó la indagatoria como una acción “autoritaria e infundada” impulsada desde la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), encabezada por Grisel Galeano, aunque reconoció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es la instancia responsable de la investigación.

“Confiamos plenamente en que nuestras empresas cumplen con todos los requerimientos legales y normativas aplicables al sector. En conjunto con nuestros socios internacionales, particularmente del Reino Unido, hemos dado pleno cumplimiento a los más altos estándares de prevención de lavado de dinero”, sostuvo Grupo Salinas.

Permisos otorgados durante el sexenio de Peña Nieto

Los permisos para operar casinos por un periodo de hasta 25 años fueron otorgados a TV Azteca durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. En aquel entonces, las licencias permitieron la expansión del negocio de apuestas del consorcio a entidades como Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.

De acuerdo con fuentes hacendarias, las investigaciones detectaron irregularidades financieras en 13 establecimientos que, presuntamente, habrían incurrido en operaciones que caen dentro de los parámetros de lavado de dinero, según lo establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Contexto internacional y litigios

Además del proceso iniciado por la SHCP, Ganador Azteca también figura como parte acusada en una demanda interpuesta por acreedores de TV Azteca ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York, derivada de la reestructura financiera internacional de la televisora.

El caso podría tener implicaciones legales tanto en México como en el extranjero, debido a la participación de socios y auditores británicos que certificaron los mecanismos de control y cumplimiento financiero de las subsidiarias.

Acusaciones de acoso político

En su posicionamiento, Grupo Salinas aseguró que la inclusión de sus empresas en el informe de Hacienda responde a “una estrategia de acoso político y económico”, y reiteró su disposición a colaborar con las autoridades, aunque señaló que el proceso debe realizarse con “plena imparcialidad y respeto al debido proceso”.

“Rechazamos cualquier intento de manchar la reputación de empresas que han operado durante años con transparencia y bajo supervisión nacional e internacional”, indicó el corporativo.

Hasta el momento, la Secretaría de Hacienda no ha ofrecido detalles adicionales sobre los montos presuntamente involucrados ni sobre los siguientes pasos del proceso legal. La Unidad de Inteligencia Financiera se limitó a señalar que el caso “será turnado a la Fiscalía General de la República” si se acreditan operaciones irregulares en los establecimientos investigados.

Con este caso, TV Azteca y Grupo Salinas vuelven a colocarse en el centro de la atención pública y financiera, en medio de tensiones con autoridades regulatorias mexicanas y litigios internacionales que podrían impactar la reputación y el futuro operativo del conglomerado.

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