Posible paro nacional de gaseros pone en jaque a millones de hogares; Sheinbaum llama al diálogo y garantiza suministro
La posibilidad de un paro nacional por parte de los distribuidores de gas LP ha encendido las alertas tanto en el Gobierno federal como entre millones de familias mexicanas que dependen diariamente de este combustible para cocinar y calentar agua. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este jueves que su administración trabaja para evitar el cese de actividades y sostuvo que no hay justificación técnica ni económica para una movilización de ese tipo.
“Lo que necesitamos es garantizar, pero con los datos reales, que puedan operar las empresas pero que también se proteja la economía de las familias”, explicó Sheinbaum en conferencia matutina.
Los gaseros, por su parte, exigen un incremento en el tope de precios fijado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), alegando que el margen de ganancia actual no les permite operar con sostenibilidad. De acuerdo con cifras del regulador, el precio del gas LP oscila entre 18 y 21 pesos por kilo, según la región del país. Los distribuidores afirman que estas tarifas han afectado seriamente sus ingresos y denuncian una competencia desleal por parte del llamado huachigas, es decir, el mercado ilegal de gas.
Impacto potencial en los hogares
El paro, programado tentativamente del 3 al 6 de junio, podría tener consecuencias directas en la vida cotidiana de millones de personas. En diversas zonas del país, especialmente en comunidades sin acceso a gas natural, el suministro de gas LP es la única alternativa para realizar actividades básicas como cocinar o bañarse.
Organizaciones civiles han comenzado a advertir sobre la urgencia de garantizar el abasto, especialmente en hogares de bajos ingresos que podrían quedar desprotegidos ante una suspensión prolongada del servicio.
Posible paro nacional de gaseros pone en jaque a millones de hogares; Sheinbaum llama al diálogo y garantiza suministro
La postura del Gobierno
Aunque Sheinbaum reconoció que los gaseros están ejerciendo presión para modificar los topes de precios, también aseguró que su gobierno cuenta con estudios que demuestran la viabilidad de los precios actuales. “Esperamos llegar a un acuerdo. No creo que se vaya a dar el paro”, afirmó la presidenta.
Fuentes cercanas a la Secretaría de Energía han indicado que ya hay mesas de diálogo con representantes del gremio gasero, donde también se han retomado viejas demandas, como mayor vigilancia contra el robo y venta ilegal de gas.
Un conflicto con implicaciones más amplias
El conflicto entre distribuidores de gas y el Gobierno no solo tiene repercusiones inmediatas en el abasto doméstico, sino que también podría afectar industrias, pequeñas empresas y servicios públicos que dependen del gas LP para operar.
A medida que se acerca la fecha anunciada para el paro, el sector energético nacional se coloca nuevamente bajo presión. El desenlace de las negociaciones será clave para determinar si se impone el diálogo o si el país enfrenta una semana crítica en términos de suministro energético.
