“Ley del Gran Hermano”: preocupan a ciudadanía alcances de la nueva Ley de Inteligencia aprobada por el Senado
Ciudad de México.— Mientras el Senado celebró la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública como un paso decisivo para consolidar la Estrategia Nacional de Seguridad 2024–2030, organizaciones de la sociedad civil, académicos y activistas advierten que esta nueva norma podría abrir la puerta a prácticas de vigilancia masiva con débil rendición de cuentas.
Bautizada por la oposición como la “Ley Espía”, el dictamen obliga a centralizar información de prácticamente todos los sectores: desde registros vehiculares y biométricos, hasta datos fiscales, de salud y telecomunicaciones. Bajo la coordinación de una nueva Subsecretaría de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), este entramado colocará a la Guardia Nacional como actor clave en la ejecución de tareas de investigación y análisis.
El corazón del debate está en la amplitud de datos que las autoridades —y en ciertos casos actores privados— deberán compartir de forma obligatoria, y en la preocupación de que la interconexión de bases de datos sensibles pueda ser utilizada más allá de fines estrictamente judiciales.
“Una ley de inteligencia sin controles independientes robustos y sin contrapesos legislativos efectivos puede derivar en abusos y violaciones a la privacidad. México tiene un largo historial de espionaje ilegal contra periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos”, advirtió Isabel González, abogada del colectivo Artículo 19.
Durante la sesión, el bloque oficialista de Morena defendió la medida como indispensable para “cerrar los ojos a la delincuencia organizada”. Sin embargo, legisladores del PRI y PAN subrayaron que los candados planteados en la Ley General de Protección de Datos Personales podrían resultar insuficientes para garantizar que la información no se use con fines políticos o electorales.
“México no necesita un ‘Gran Hermano’”, afirmó Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado. Para él y otros críticos, el nuevo sistema replica prácticas de vigilancia cuestionadas en sexenios anteriores, pero ahora con un marco legal que legitima la recolección masiva de información.
En contraste, desde Morena, el senador Saúl Monreal rechazó las acusaciones de autoritarismo y afirmó que la inteligencia estratégica es “una práctica común en democracias consolidadas”, citando modelos como los de Estados Unidos, Reino Unido y Francia.
¿Qué dicen los expertos?
Para el politólogo Javier Oliva Posada, especialista en seguridad nacional, el problema no es la inteligencia en sí, sino la debilidad de los contrapesos en México:
“Aquí no hay un Congreso con fuerte capacidad de fiscalización ni tribunales plenamente independientes que puedan frenar excesos. El riesgo es que se convierta en un instrumento para espiar disidentes o competir electoralmente con información privilegiada.”
Además, la interconexión de datos biométricos, fiscales, de telecomunicaciones y salud podría representar un blanco atractivo para el crimen organizado o ciberataques, alerta la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que ha solicitado abrir mesas de trabajo para discutir protocolos de ciberseguridad y controles ciudadanos.
“Ley del Gran Hermano”: preocupan a ciudadanía alcances de la nueva Ley de Inteligencia aprobada por el Senado
Impacto en la relación con Estados Unidos
Uno de los argumentos a favor es que el nuevo Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia fortalecerá la cooperación internacional, particularmente con agencias estadounidenses bajo el Entendimiento Bicentenario. Para autoridades federales, compartir bases de datos robustas con inteligencia extranjera podría mejorar la capacidad para desarticular redes criminales transnacionales.
Sin embargo, para analistas como Oliva Posada, la integración con agencias extranjeras también debe ser transparente y sujeta a supervisión para evitar escenarios de intervencionismo o filtración de información sensible.
Lo que sigue
Aunque el dictamen incluye referencias a salvaguardas legales y mecanismos de supervisión interna, varias organizaciones han anunciado que acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar un análisis de constitucionalidad.
En paralelo, defensores de derechos digitales llaman a la ciudadanía a vigilar la implementación del sistema, exigir auditorías independientes y reforzar la protección de datos personales frente a posibles usos discrecionales.
Ambos decretos, la nueva Ley de Inteligencia y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, serán publicados próximamente en el Diario Oficial de la Federación y forman parte del paquete de reformas impulsado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha reiterado que su enfoque de seguridad “no vulnerará libertades”.
