En medio de la discusión del Paquete Económico 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cerró la puerta a cualquier propuesta para incrementar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), actualmente de 16 por ciento, al considerar que una medida de este tipo afectaría principalmente a las familias con menores ingresos.

Desde la Mañanera del Pueblo, la mandataria sostuvo que elevar este gravamen representaría una carga desproporcionada para quienes destinan una mayor parte de su salario al consumo de bienes y servicios básicos.

“Es un impuesto que afecta más al que menos tiene”, afirmó Sheinbaum, al explicar que el impacto del IVA debe analizarse no sólo por el monto que se paga, sino en relación con el ingreso disponible de cada persona.

La presidenta puso como ejemplo que, ante una compra gravada con 16 por ciento de IVA, una persona con menores percepciones termina destinando una proporción mayor de sus ingresos al pago del impuesto que alguien con un salario elevado.

“Entonces, si vas a comprar algo y pagas el 16% de IVA, pues el que menos salario recibe va a pagar más en relación con su ingreso”, explicó.

Con este argumento, Sheinbaum calificó al IVA como un impuesto regresivo y descartó que su administración considere aumentar la tasa como mecanismo para fortalecer los ingresos públicos.

“No estamos de acuerdo, porque es un impuesto muy regresivo”, enfatizó.

El posicionamiento presidencial ocurre mientras el gobierno federal presentó el Paquete Económico 2027, cuya estrategia de ingresos busca mantener el fortalecimiento de las finanzas públicas sin recurrir, de acuerdo con lo planteado por la administración, a nuevos impuestos para la población.

En este escenario, el gobierno federal ha colocado el combate a la evasión fiscal, las empresas factureras y otras prácticas de defraudación como una de las principales vías para incrementar la recaudación.

La estrategia, destacó la presidenta, ha permitido elevar los ingresos tributarios sin modificar las tasas de los principales impuestos. De acuerdo con las cifras presentadas por el gobierno, la recaudación aumentó en alrededor de 2.7 billones de pesos, resultado atribuido a una mayor eficiencia recaudatoria y al combate contra esquemas de evasión.

Así, la definición sobre el IVA se inserta en una política fiscal que busca obtener mayores recursos públicos mediante el cumplimiento de las obligaciones existentes, en lugar de trasladar el costo adicional a los consumidores.

El mensaje de Sheinbaum también establece una línea política frente a las propuestas que plantean elevar la recaudación mediante impuestos al consumo: para su gobierno, incrementar el IVA tendría un impacto directo en el poder adquisitivo de los trabajadores y en los hogares con menores ingresos.

La presidenta reiteró, de esta manera, que la política económica de su administración pretende sostener el gasto público y los programas prioritarios sin recurrir a un aumento generalizado del IVA ni a nuevas cargas fiscales para la población.Si quieres, también puedo convertirla en una **nota de primera plana**, con un enfoque más político y una cabeza más contundente.

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2027, documento que establece la estrategia financiera del Gobierno de México para el tercer año de la administración de Claudia Sheinbaum, con una apuesta por combinar crecimiento económico, inversión productiva, fortalecimiento de los programas sociales y disciplina fiscal.

La propuesta contempla que la economía mexicana registre un crecimiento de al menos 2 por ciento durante 2027, por encima de lo previsto para 2026. Hacienda atribuye esta perspectiva al fortalecimiento del consumo interno, la inversión pública y privada, así como a una mayor aportación del sector externo, en un contexto de mayor certidumbre comercial y condiciones financieras más favorables.

Uno de los principales componentes del paquete será el fortalecimiento de los ingresos públicos. Los ingresos tributarios alcanzarían un máximo histórico equivalente a 15.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), sin contemplar la creación de nuevos impuestos.

La estrategia recaudatoria estará enfocada en mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, elevar la eficiencia en la recaudación y combatir prácticas de evasión, elusión y operaciones simuladas, con el propósito de generar mayores recursos para financiar programas sociales, infraestructura y proyectos productivos.

Más recursos para educación, salud y seguridad

El gasto público tendrá como prioridades el bienestar social y la inversión en capacidades productivas. Frente al presupuesto de 2026, Hacienda plantea incrementos de 10.7 por ciento en educación, 13 por ciento en ciencia, 11.3 por ciento en salud y 11.5 por ciento en seguridad.

Asimismo, se garantiza que los Programas para el Bienestar reciban incrementos superiores a la inflación, con una bolsa conjunta de 1 billón 25.4 mil millones de pesos, equivalente a 2.6 por ciento del PIB.

Entre los principales recursos destacan 543.5 mil millones de pesos para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, 37.4 mil millones para la Pensión para Personas con Discapacidad Permanente, 5 mil millones para Salud Casa por Casa y 210.6 mil millones de pesos para programas y becas educativas.

Con ello, la administración federal busca preservar el poder adquisitivo de las familias y consolidar los programas sociales como uno de los pilares de su política económica.

Inversión por 5.7 billones de pesos

El documento también coloca a la inversión pública y mixta como uno de los principales motores para impulsar el crecimiento. Entre 2026 y 2030 se prevé una inversión de 5.7 billones de pesos en infraestructura, principalmente en energía, agua, transporte y mecanismos de financiamiento.

El Plan México tendrá un papel central mediante incentivos, desarrollo de proveedores y fortalecimiento de cadenas de suministro, con el objetivo de incrementar el contenido nacional de la producción y atraer inversiones que generen empleos de mayor valor agregado.

Para 2027, la inversión física presupuestaria alcanzará 2.6 por ciento del PIB y se orientará a nuevos trenes, carreteras y caminos, obras hidráulicas, infraestructura energética y otros proyectos considerados estratégicos.

Hacienda prevé reducir el déficit

En materia fiscal, el Gobierno federal plantea continuar con la reducción gradual del déficit. Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se ubicarán en 3.9 por ciento del PIB en 2027, lo que significará una reducción acumulada de 1.8 puntos porcentuales respecto de 2024.

La meta busca disminuir las necesidades de financiamiento y mantener la deuda pública en una trayectoria sostenible, al tiempo que se preserva la estabilidad macroeconómica.

Hacienda sostiene que México enfrenta un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas, transformaciones del comercio mundial y volatilidad financiera, pero cuenta con fortalezas como su integración económica con América del Norte, una base manufacturera amplia, un sistema financiero sólido y un mercado interno respaldado por mayores ingresos laborales.

El Paquete Económico 2027 plantea así una combinación de mayor recaudación, inversión estratégica, gasto social y disciplina presupuestaria, bajo los principios del llamado Humanismo Mexicano y la búsqueda de una prosperidad compartida.

La propuesta será ahora analizada por el Congreso de la Unión, donde se definirá el marco presupuestario que regirá las prioridades económicas y sociales del país durante 2027.

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Ante el recrudecimiento de la disputa comercial entre Canadá y Estados Unidos, el gobierno de México mantiene una postura de cautela, pero también de optimismo para evitar que las diferencias entre sus socios comerciales deriven en mayores afectaciones para la región.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la semana pasada sostuvo una conversación con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en un momento en que las negociaciones entre Ottawa y Washington parecían encaminadas hacia un entendimiento.

Sheinbaum explicó que el diálogo ocurrió el jueves, antes de que Estados Unidos anunciara un nuevo incremento de aranceles a productos canadienses. De acuerdo con la mandataria, durante esa conversación existía la expectativa de que ambos gobiernos pudieran concretar un acuerdo.

“Parecía que todo iba a llegar a un acuerdo”, comentó al referirse al intercambio con el mandatario canadiense.

Mientras Canadá y Estados Unidos enfrentan esta nueva fase de tensión comercial, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, mantiene conversaciones en territorio estadounidense con el objetivo de avanzar en un arreglo que permita reducir los impactos de las medidas arancelarias.

México apuesta por acuerdo para preservar el T-MEC

Sheinbaum señaló que será durante esta semana cuando puedan observarse con mayor claridad los alcances de las negociaciones, aunque reiteró su confianza en que prevalezca la vía del diálogo.

“Vamos a esperar esta semana a ver cómo son las cosas. Yo soy optimista de que se puede llegar a un acuerdo”, afirmó.

La presidenta también recordó que México ya cuenta con medidas arancelarias sobre productos como el aluminio, el acero y sus derivados, por lo que el país enfrenta el escenario comercial actual con mecanismos previamente establecidos.

El gobierno mexicano busca así mantener una posición diferenciada frente a la disputa entre Canadá y Estados Unidos, al tiempo que procura proteger los intereses nacionales y la integración económica de América del Norte.

La preocupación central radica en que una escalada de medidas comerciales termine afectando las cadenas de suministro que vinculan a los tres países, particularmente sectores industriales que dependen de componentes, materias primas y mercados compartidos.

En este contexto, México apuesta por que las negociaciones permitan preservar la estabilidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, considerado un instrumento fundamental para el intercambio comercial y la actividad productiva de la región.

La postura de Sheinbaum coloca al diálogo como la principal vía para enfrentar la incertidumbre, mientras la delegación mexicana continúa las conversaciones con Washington y permanece atenta a la evolución del conflicto comercial entre sus dos principales socios norteamericanos.

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La afectación equivale a 26.36 pesos por acción. Con 542 millones 382 mil 858 títulos actualmente en circulación, la cotización de 11.28 pesos sitúa el valor de mercado de Traxión en alrededor de 6 mil 118 millones de pesos. Si ese mismo número de acciones conservara el precio de 37.64 pesos registrado en julio de 2021, valdría aproximadamente 20 mil 415 millones. La diferencia, calculada para dimensionar el efecto de la caída, asciende a 14 mil 297 millones de pesos.

El descenso no ocurrió de manera continua para la empresa de transporte y logística. Después de caer hasta niveles próximos a 18 pesos a finales de 2022, la acción se recuperó y llegó a rozar los 40 pesos durante 2023. A partir de entonces inició otra trayectoria descendente: en 2024 bajó de 30 pesos, durante 2025 perforó el nivel de 20 y en 2026 llegó a aproximarse a 10 pesos. En la sesión del 18 de agosto, el título retrocedió 0.62%, se negoció entre 11.14 y 11.59 pesos y registró un volumen de 233 mil 847 acciones.

El desempeño de Traxión también se ha separado del mercado bursátil mexicano. Un análisis independiente de Indexity, publicado el 28 de abril, mostró que en los 12 meses anteriores los títulos de la compañía habían perdido 26.13%, mientras el principal índice de la BMV avanzó 18.14%. La diferencia entre ambos comportamientos fue de 44.27 puntos porcentuales, por lo que la disminución no correspondió a una caída generalizada del mercado durante ese periodo.

La reducción del patrimonio bursátil de los accionistas ha coincidido con un crecimiento de las ventas que no se ha reflejado en las ganancias. Entre 2021 y 2025, los ingresos de Traxión pasaron de 17 mil 86 millones a 33 mil 814 millones de pesos, un aumento de 97.9%. En contraste, la utilidad neta disminuyó de aproximadamente 863.8 millones a 491.7 millones de pesos, una contracción de 43.1%.

La tendencia continuó durante el primer trimestre de 2026. Según Indexity, los ingresos aumentaron 24.5%, hasta 9 mil 61.9 millones de pesos, pero la utilidad bruta cayó 2.3% y la utilidad operativa disminuyó 33.9%. La ganancia neta se desplomó 91.9%, al pasar de 161.8 millones a 13.1 millones de pesos. El margen neto quedó en 0.1%, mientras el rendimiento sobre el capital, indicador relacionado con la rentabilidad obtenida por los accionistas, descendió a 2.4%. La deuda neta, además, equivalía a 2.49 veces el EBITDA y los pasivos representaban 64% de los activos.

Pese a esas presiones, Fitch Ratings ratificó el 29 de mayo las calificaciones nacionales de Traxión en “A+(mex)” para el largo plazo y “F1(mex)” para el corto, con perspectiva estable. La calificadora destacó el liderazgo y la diversificación de la empresa, pero anticipó un año complicado por la incertidumbre comercial entre México y Estados Unidos, los menores volúmenes de carga, el fortalecimiento del peso y el aumento en el precio del combustible. Fitch proyecta que la deuda total ajustada se mantendrá alrededor de tres veces el EBITDAR durante 2026 y advirtió que superar ese nivel de manera sostenida podría conducir a una reducción de la calificación.

A marzo, Traxión acumulaba una deuda total de 16 mil 518 millones de pesos, frente a mil 417 millones en efectivo y 2 mil 176 millones en vencimientos de corto plazo, aunque disponía de líneas de crédito comprometidas por 2 mil 500 millones. La calificación de Fitch y el modelo de solvencia de Indexity no apuntan a un riesgo inmediato de insolvencia, pero ambos análisis reconocen presiones sobre la rentabilidad y el desempeño financiero. Para quienes mantienen acciones desde julio de 2021, esas condiciones han coincidido con la pérdida de siete de cada diez pesos del valor que tenían sus títulos hace cinco años.

Al cierre de 2025, el público inversionista poseía 65.82% del capital de Grupo Traxión; Discovery Americas, 13.78%; un grupo de personas físicas, 13.30%, y Nexxus Capital, 6.59%. Bernardo Lijtszain Bimstein, padre de Aby y presidente del consejo de administración, figura junto con su hijo y José Ramón Suárez Rotter entre los consejeros con participación accionaria directa.

Incluso se habla que las autoridades hacendarias y los bonistas solicitarían la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para revisar los contratos personales de Bernardo y Abi Lijtszain.

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El Gobierno de México expresó su grave preocupación por la determinación preliminar del Departamento de Comercio de Estados Unidos (DOC), que señala a productores mexicanos de fresa por presuntas prácticas de dumping durante la temporada invernal.

La resolución estadounidense establece márgenes preliminares de dumping de entre 3.37 y 5.28 por ciento, dependiendo de la empresa exportadora. Para la mayoría de los productores mexicanos involucrados, el margen calculado alcanza un promedio de 4.83 por ciento.

Más allá del impacto comercial inmediato, México cuestionó la metodología utilizada por el Departamento de Comercio, al considerar que la resolución incorpora de manera arbitraria los conceptos de “fresa de invierno” y “mercado regional”, pese a que ambos fueron descartados preliminarmente por la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC).

El conflicto comenzó el 31 de diciembre de 2025, cuando productores de Florida solicitaron ante el DOC y la ITC la imposición de derechos antidumping a las importaciones de fresa mexicana. La petición planteó diferenciar las fresas producidas durante el invierno respecto del resto del producto, además de considerar determinados estados del este estadounidense como un mercado independiente.

Sin embargo, en marzo de 2026, la ITC concluyó preliminarmente que no había elementos suficientes para considerar a las llamadas “fresas de invierno” como un producto distinto de las fresas en general. También determinó que no existían bases para reconocer un mercado regional separado, al establecer que el producto participa en un mercado nacional estadounidense.

Pese a esas conclusiones, el DOC mantiene ambos conceptos en su resolución preliminar, situación que, de acuerdo con el Gobierno mexicano, modifica la naturaleza de la investigación y genera preocupación sobre el tratamiento que recibirán las exportaciones nacionales.

Riesgo para miles de productores

México alertó que una eventual confirmación de la medida podría afectar directamente a casi cinco mil productores de fresa, de los cuales alrededor de 97 por ciento cultivan superficies de 10 hectáreas o menos, por lo que se trata principalmente de unidades pequeñas y medianas.

La dimensión social también es relevante. La cadena productiva de la fresa genera aproximadamente 151 mil empleos entre trabajadores permanentes y temporales, por lo que cualquier restricción comercial tendría repercusiones que irían más allá de las empresas exportadoras.

Durante 2025, México exportó a Estados Unidos aproximadamente 263 mil toneladas de fresa, con un valor cercano a mil millones de dólares, lo que refleja la importancia de ese mercado para la actividad agrícola nacional.

El Gobierno mexicano advirtió además que el criterio utilizado en este procedimiento podría convertirse en un precedente para que otros productores estadounidenses promuevan investigaciones similares contra exportaciones hortofrutícolas mexicanas, elevando la preocupación sobre el acceso de productos nacionales al mercado estadounidense.

México prepara seguimiento al proceso

Ante este escenario, las autoridades mexicanas señalaron que mantendrán coordinación con productores y exportadores de fresa para dar seguimiento a las siguientes etapas del procedimiento antidumping.

La resolución definitiva dependerá del desarrollo de la investigación y de las determinaciones posteriores de las autoridades estadounidenses. Se prevé que la ITC emita su resolución final a principios de 2027.

México sostiene que los supuestos utilizados en la resolución preliminar del DOC no son consistentes con el Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio, específicamente con el acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.

Asimismo, considera que determinados elementos de la decisión podrían contravenir disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De esta manera, el caso de la fresa mexicana se perfila como un nuevo frente comercial entre ambos países, con especial impacto potencial en pequeños productores y trabajadores agrícolas, mientras México busca defender las condiciones de acceso de sus exportaciones al mercado estadounidense.

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La inflación en México continuó su trayectoria descendente y alcanzó en julio su nivel más bajo en más de seis años, al ubicarse en 3.12 por ciento anual, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con base en los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El resultado representa una reducción frente al 3.37 por ciento registrado en junio y marca el cuarto mes consecutivo de disminución en el ritmo de crecimiento de los precios, una tendencia que, de acuerdo con la mandataria, refleja una mejora en las condiciones económicas de las familias mexicanas.

“Es un avance importantísimo para la economía de las familias mexicanas; hay bienestar”, destacó Sheinbaum al difundir las cifras, al señalar que el comportamiento inflacionario favorece la recuperación del poder adquisitivo.

De acuerdo con el Inegi, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró en julio un incremento mensual de apenas 0.03 por ciento, al ubicarse en 145.169 unidades. La inflación subyacente, que elimina los productos con mayor volatilidad, se colocó en 3.95 por ciento, mientras que la no subyacente fue de 0.29 por ciento.

Entre los factores que contribuyeron a la disminución se encuentran las reducciones en los precios del jitomate, el gas doméstico LP y los automóviles, productos que tuvieron un impacto favorable en el comportamiento general del indicador.

Precios al consumidor mantienen tendencia descendente durante julio

Sin embargo, algunos bienes y servicios registraron aumentos durante el periodo, como la cebolla, la vivienda propia y los servicios de preparación de alimentos en establecimientos como loncherías, fondas, torterías y taquerías.

El nuevo dato coloca a México cada vez más cerca de la meta permanente de inflación del Banco de México, establecida en 3 por ciento, y refuerza las señales de estabilidad en el comportamiento de los precios.

Especialistas señalan que la reducción de la inflación general, acompañada de una menor presión en productos básicos y energéticos, representa un factor positivo para los hogares, aunque mantienen la atención sobre la evolución de la inflación subyacente, que refleja con mayor claridad las presiones internas de precios.

Con este resultado, el gobierno federal destacó que la economía mexicana mantiene una trayectoria de estabilidad, mientras las familias enfrentan menores incrementos en el costo de algunos productos esenciales.

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La economía mexicana registró un crecimiento de 1.5 por ciento durante el segundo trimestre del año, resultado que fue celebrado por la presidenta Claudia Sheinbaum y que refleja el dinamismo de las actividades primarias y del sector servicios, así como una moderación en la caída de la industria manufacturera.

De acuerdo con los datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el avance trimestral equivale a una tasa anualizada de 2.5 por ciento, en un contexto marcado por la incertidumbre internacional y los desafíos que enfrentan las economías vinculadas al comercio exterior.

Más allá de la cifra general, el desempeño muestra que el crecimiento tuvo como principales impulsores al campo, la actividad minera y los servicios, sectores que aportaron dinamismo a la economía nacional durante el periodo.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó el resultado y afirmó que los indicadores confirman que México mantiene una trayectoria de crecimiento, pese a los pronósticos adversos y a las expectativas de desaceleración que han acompañado el desempeño económico del país.

Uno de los factores más relevantes fue el comportamiento del sector primario, integrado por las actividades agropecuarias y extractivas. El incremento en los niveles de producción y el alza en los precios internacionales de metales como el oro y la plata favorecieron el crecimiento de este segmento.

El desempeño del campo y de la minería permitió compensar parte de las presiones registradas en otros sectores y confirmó la importancia de las actividades productivas vinculadas con los recursos naturales para la economía nacional.

Por otra parte, las actividades terciarias mantuvieron un comportamiento favorable, lo que refleja la fortaleza del mercado interno y la continuidad de la demanda en sectores relacionados con el comercio, el transporte, los servicios y otras actividades cotidianas.

La estabilidad de los servicios representa una señal positiva, debido a que este sector concentra una parte importante del empleo y de la actividad económica del país. Su avance también sugiere que el consumo interno continúa aportando al crecimiento, aun en un entorno internacional complejo.

MANUFACTURAS FRENAN SU DESCENSO

En contraste, la actividad manufacturera continuó enfrentando presiones derivadas de las condiciones externas y de la desaceleración observada en algunos mercados internacionales. Sin embargo, durante el segundo trimestre logró contener la caída que había registrado en periodos anteriores.

Aunque el sector todavía no presenta un repunte acelerado, la reducción de su tendencia negativa es considerada una señal de estabilización para una de las ramas más vinculadas con las exportaciones y las cadenas de suministro de América del Norte.

Sector primario y servicios sostienen el avance económico

El comportamiento de la manufactura será uno de los factores que deberán seguirse durante los próximos meses, debido a su peso en la generación de empleos, la inversión y el comercio exterior.

El crecimiento del PIB ocurre mientras el gobierno federal mantiene una estrategia enfocada en la estabilidad macroeconómica, la disciplina en el gasto público y el impulso a sectores considerados estratégicos.

Para la administración federal, el resultado refleja la capacidad de la economía mexicana para mantener su dinamismo mediante distintos motores productivos, sin depender exclusivamente del desempeño industrial o de la demanda externa.

La cifra también abre el debate sobre la necesidad de consolidar el crecimiento mediante una mayor diversificación de las actividades económicas, el fortalecimiento de la inversión y el impulso a la productividad.

Si bien el avance trimestral representa una señal favorable, el reto será mantener el ritmo durante la segunda mitad del año y generar condiciones para que el crecimiento se traduzca en más empleos, mejores ingresos y mayor bienestar.

El resultado del segundo trimestre muestra una economía con capacidad de respuesta ante un escenario internacional incierto: el campo y la minería encabezaron el avance, los servicios mantuvieron su dinamismo y la manufactura comenzó a estabilizarse.

La presidenta Sheinbaum celebró el desempeño y sostuvo que los datos permiten observar una economía en crecimiento. El desafío, ahora, será convertir este impulso en una tendencia sostenida y ampliar las fuentes de desarrollo para los próximos trimestres.

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México se prepara para fabricar por primera vez uno de los vehículos eléctricos estratégicos de Kia, luego de que la automotriz anunciara una inversión de 649 millones de dólares para el periodo 2026-2028, destinada a trasladar al país la producción del KIA EV3, modelo que actualmente se ensambla en Corea del Sur.

El proyecto representa un avance para la industria nacional, no sólo por la llegada de nuevos recursos, sino por la transferencia de tecnología, la capacitación de personal especializado y el crecimiento previsto de la cadena de proveedores mexicanos vinculados con la electromovilidad.

La nueva línea de producción comenzará operaciones el próximo 4 de agosto en la planta de Kia ubicada en Pesquería, Nuevo León, con lo que México fortalecerá su posición como uno de los principales centros manufactureros de la industria automotriz en América.

Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que la decisión de la empresa se alinea con los objetivos del Plan México, particularmente con la estrategia de aumentar el contenido nacional de las manufacturas y atraer inversiones de mayor valor tecnológico.

El funcionario explicó que el traslado de la producción desde Corea del Sur refleja la confianza de la compañía en las capacidades industriales del país y en la competitividad de su fuerza laboral.

“Que una de las empresas más importantes del mundo decida invertir en México significa que está viendo productividad, competitividad y oportunidades de crecimiento”, afirmó.

Uno de los principales objetivos del proyecto será ampliar la participación de empresas mexicanas en la fabricación del nuevo vehículo. El KIA EV3 iniciará su producción con un contenido nacional cercano al 27 por ciento, proporción que aumentará gradualmente conforme avance la integración de nuevos proveedores y se desarrollen capacidades industriales dentro del país.

La inversión también tendrá un impacto en la generación de empleos. Kia prevé crear 500 puestos directos durante 2026 y sumar otros mil 500 empleos entre 2027 y 2030, además de impulsar nuevas oportunidades en empresas proveedoras, servicios logísticos y actividades relacionadas con la cadena automotriz.

El presidente y director general de Kia México, Andy Kim, señaló que el nuevo proyecto se encuentra alineado con los objetivos ambientales, sociales y de gobernanza de la compañía, así como con la visión federal de impulsar un crecimiento económico sustentable.

Recordó que, durante sus once años de operación en México, la empresa ha consolidado una estrategia basada en la innovación, el desarrollo de talento y la producción nacional, bajo la filosofía de “Hecho en México para México”.

México da un nuevo paso hacia la electromovilidad

Por su parte, la directora de Administración de Kia México, Marianela Calderón, explicó que las inversiones de la compañía se concentran en cuatro áreas: formación de talento, uso de energías renovables, manejo responsable del agua y expansión de la movilidad eléctrica.

Actualmente, la empresa cuenta con 2 mil 600 colaboradores directos y genera una red de actividad económica que involucra a más de 85 mil personas de manera directa e indirecta. Además, una de cada tres personas que trabajan en la compañía son mujeres, como parte de su estrategia de inclusión y diversidad.

Calderón destacó también que la planta de Pesquería fue reconocida recientemente como el complejo de mayor calidad entre más de 70 instalaciones manufactureras automotrices del continente americano, resultado que atribuyó al desempeño de los trabajadores mexicanos y a la capacidad de la red nacional de proveedores.

Como parte de su estrategia ambiental, Kia construirá un parque solar de dos megawatts dentro de su complejo industrial, con posibilidades de ampliar su capacidad en los próximos años para reducir la huella de carbono de sus operaciones.

El director general de Kia México, Horacio Chávez, calificó el inicio de la producción del KIA EV3 como un hecho histórico para la empresa, debido a que será el primer vehículo totalmente eléctrico fabricado y comercializado desde territorio mexicano.

Explicó que el proyecto contempla nuevas capacidades industriales, incorporación de tecnología, transferencia de conocimientos especializados y preparación de personal para atender las necesidades de una industria automotriz cada vez más orientada hacia la electrificación.

La llegada de la producción del EV3 ocurre en un escenario internacional marcado por ajustes comerciales, nuevas reglas arancelarias y cambios en las cadenas globales de suministro. En ese contexto, la decisión de Kia refuerza la posición de México como destino de inversiones manufactureras y como plataforma para el desarrollo de tecnologías vinculadas con la movilidad sustentable.

Con la nueva línea de ensamblaje, el país no sólo ampliará su capacidad para fabricar vehículos eléctricos, sino que buscará incrementar el valor agregado generado dentro de su territorio mediante la participación de proveedores nacionales, la formación de talento especializado y la incorporación de nuevas tecnologías a la industria automotriz.

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La reorganización de la política comercial estadounidense comenzó a aplicarse el pasado 24 de julio y reemplazó el gravamen temporal de 10 por ciento impuesto bajo la Sección 122 por nuevos aranceles establecidos mediante la Sección 301, dirigidos a 60 economías investigadas por presuntas deficiencias en el combate al trabajo forzoso dentro de sus cadenas de suministro.

Cambia el modelo, pero el impacto general es limitado

De acuerdo con el estudio titulado The US tariff level barely moves as Section 122 lapses as two Section 301 duties take its place, el ajuste modificó la distribución de los aranceles entre los distintos socios comerciales de Estados Unidos, aunque el promedio arancelario ponderado apenas pasó de 11.0 a 11.2 por ciento.

La principal diferencia radica en que el nuevo sistema establece cargas diferenciadas según el país de origen de las mercancías, generando un escenario donde algunas economías enfrentan mayores costos para exportar al mercado estadounidense, mientras otras mantienen condiciones preferenciales.

México conserva acceso preferencial

El reporte destaca que los productos mexicanos que cumplen con las reglas de origen del T-MEC quedaron excluidos de los nuevos gravámenes, lo que permite al país preservar una ventaja frente a competidores internacionales.

Global Trade Alert estima que alrededor del 65 por ciento de las importaciones estadounidenses provenientes de las economías sujetas a la nueva política arancelaria quedó exenta del pago adicional, entre ellas las mercancías protegidas por el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Los analistas consideran que esta situación fortalece la posición de México como proveedor estratégico del mercado estadounidense, al mantener beneficios que otros países no poseen bajo el nuevo esquema.

China y Brasil, entre los más afectados

El informe evidencia una marcada diferencia respecto a otras economías relevantes. China registró un arancel promedio de 27.2 por ciento sobre sus exportaciones hacia Estados Unidos, mientras que Brasil alcanzó una tasa de 17.7 por ciento, ubicándose entre los países con mayor impacto por las nuevas medidas comerciales.

Según información difundida por Reuters, los nuevos gravámenes de 10 y 12.5 por ciento cubren cerca del 99.4 por ciento de las importaciones estadounidenses provenientes de las 60 economías investigadas bajo la Sección 301, aunque se mantienen diversas excepciones para productos estratégicos y bienes amparados por acuerdos comerciales.

Beneficio condicionado al cumplimiento del tratado

Pese al escenario favorable para México, el estudio advierte que la ventaja competitiva depende del cumplimiento de las reglas de origen establecidas en el T-MEC. Las exportaciones que no reúnan estos requisitos podrían quedar sujetas a un tratamiento arancelario distinto conforme a la legislación comercial de Estados Unidos.

Global Trade Alert concluye que la nueva política comercial estadounidense redefine las condiciones de acceso a su mercado, pero mantiene a México y Canadá entre los socios con mejores perspectivas competitivas gracias a las protecciones previstas en el acuerdo regional.

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Las nuevas tarifas oscilarán entre el 10% y el 12.5% y alcanzarán a importantes economías como México —en las exportaciones que no están amparadas por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)—, además de Canadá, la Unión Europea, Reino Unido, Japón e India.

La decisión representa un nuevo capítulo en la estrategia comercial impulsada por el presidente Donald Trump durante su segundo mandato, marcada por una política de mayor proteccionismo y presión sobre sus principales socios.

América Latina también resentirá el impacto

Además de México, la medida afectará a varios países de América Latina, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

La administración estadounidense sostiene que estos gravámenes buscan incentivar a los gobiernos extranjeros a reforzar las acciones contra el trabajo forzado en sus cadenas de suministro.

Washington recurre a nuevas bases legales

Después de que la Corte Suprema de Estados Unidos determinó este año que varios aranceles aplicados mediante facultades de emergencia fueron implementados de manera ilegal, la administración Trump ha recurrido a otros mecanismos jurídicos para sostener su política comercial.

En esta ocasión, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, invocó el Artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite adoptar medidas contra prácticas comerciales consideradas perjudiciales para los intereses estadounidenses.

A principios de la semana, el gobierno también utilizó la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930 para imponer un arancel del 50% a productos procedentes de Canadá.

Aranceles dependerán del combate al trabajo forzado

La Oficina del Representante Comercial explicó que los países que hayan aceptado incorporar y aplicar de forma efectiva la prohibición de importar mercancías elaboradas con trabajo forzado enfrentarán un arancel de 10%.

En cambio, aquellos que no hayan asumido ese compromiso o no demuestren avances suficientes estarán sujetos a una tasa de 12.5%.

Según Washington, diez socios comerciales ya aceptaron incorporar estas disposiciones en sus acuerdos con Estados Unidos, mientras que otras naciones han comenzado recientemente a implementar restricciones similares.

Jamieson Greer aseguró que la medida busca combatir prácticas que, además de representar violaciones a los derechos humanos, generan distorsiones en el comercio internacional y afectan la competitividad de los trabajadores estadounidenses.

Economistas alertan por posibles aumentos de precios

Aunque Donald Trump sostiene que los nuevos aranceles fortalecerán la manufactura nacional y crearán empleos en Estados Unidos, especialistas advierten que la medida podría traducirse en mayores costos para consumidores y empresas.

Debido a que los impuestos son cubiertos inicialmente por las compañías importadoras, los incrementos suelen trasladarse al precio final de productos de consumo cotidiano, desde alimentos hasta electrodomésticos y equipos electrónicos.

Se anticipan represalias comerciales

La Casa Blanca defiende la política arancelaria como una herramienta para proteger la producción nacional y garantizar condiciones de competencia más equitativas.

Sin embargo, gobiernos y organizaciones empresariales de distintos países ya analizan posibles recursos legales y medidas de respuesta frente a la decisión estadounidense.

Además, la administración Trump mantiene abiertas investigaciones comerciales contra 16 países por presuntos excesos de capacidad productiva, un proceso que podría desembocar en nuevas rondas de aranceles antes de concluir el año.

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