La red que protege a Adán
El pasado 11 de julio, el ex secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández fue convocado a comparecer ante el Senado de la República. El motivo: responder por la relación directa entre su administración como gobernador de Tabasco y su entonces secretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena, actualmente prófugo y con orden de aprehensión federal por presuntamente liderar la célula delictiva conocida como La Barredora, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.
La gravedad de este caso es innegable. Bermúdez Requena fue titular de la Seguridad Pública durante prácticamente todo el mandato de Adán Augusto en Tabasco.
Durante ese periodo, de acuerdo con la Fiscalía General de la República, no solo se toleró su actuación, sino que se consolidó un entramado que permitió a una organización criminal operar desde el interior del gobierno estatal.
La investigación federal indica que utilizó la estructura policial para actividades de extorsión, secuestro y control territorial en distintos municipios del estado.
A pesar de que la información ya era conocida por las autoridades desde hace al menos dos años, ni Adán Augusto ni su sucesor en la gubernatura, Carlos Manuel Merino Campos, realizaron acción alguna para remover o investigar al funcionario. La permanencia de Bermúdez en el cargo incluso después de abiertas las primeras investigaciones, constituye una omisión grave que debe investigarse.
El ex secretario de Gobernación no acudió al Senado. Envió un oficio en el que expresó que su gestión fue honesta y que actuó con responsabilidad. No explicó por qué mantuvo en su gabinete a un funcionario que ahora es buscado por delitos de delincuencia organizada. Tampoco detalló si, como responsable de la política interior y coordinador del gabinete de seguridad a nivel federal, tuvo conocimiento previo de los señalamientos contra Bermúdez Requena.
Esta ausencia de respuestas no puede ser interpretada como una estrategia de defensa política. Representa un acto de evasión ante un asunto que compromete directamente la seguridad institucional del Estado mexicano.
El silencio de Adán Augusto en este caso se suma al silencio de las autoridades que debieron actuar con oportunidad. El presidente López Obrador no ha emitido opinión al respecto, ni la dirigencia nacional de Morena ha solicitado una investigación interna.
Los elementos de contexto refuerzan la necesidad de esclarecer este asunto. Durante la administración de López Hernández en Tabasco y posteriormente en Bucareli, se otorgaron contratos públicos por adjudicación directa a empresas relacionadas con su entorno cercano.
Nombres como RB Tec México, Medingenium, Vidda Jireh, Avaro y Grupo Serviclover aparecen recurrentemente en los registros de contrataciones gubernamentales, tanto para la adquisición de tecnología como para la compra de uniformes, equipamiento táctico y servicios logísticos.
Estas firmas fueron beneficiadas con recursos públicos sin pasar por procesos de licitación. En varios casos, se detectaron irregularidades administrativas, entre ellas la falta de dictámenes técnicos o de transparencia en los convenios. Algunas de estas empresas tienen como representantes o socios a personajes vinculados a Jorge Alberto Medina González, operador político y ex colaborador de Adán Augusto en Tabasco y en la Secretaría de Gobernación.
El patrón operativo de estos contratos refleja una estructura administrativa que concentró decisiones estratégicas sin los controles necesarios. Mientras los contratos se asignaban de forma directa, la delincuencia organizada fortalecía su presencia dentro de las instituciones de seguridad pública. Esta combinación de discrecionalidad administrativa y omisión institucional es incompatible con cualquier proyecto serio de transformación del país.
Resulta inadmisible que un funcionario de tan alto nivel continúe ejerciendo poder político sin enfrentar un proceso de esclarecimiento público. Las instituciones responsables de combatir la corrupción y garantizar la seguridad deben actuar con firmeza. El caso de Tabasco requiere la apertura de una investigación que abarque al exsecretario prófugo y también a quienes lo mantuvieron en funciones y le brindaron cobertura política.
La Fiscalía General de la República cuenta con los elementos para proceder. La Unidad de Inteligencia Financiera debe revisar el origen y destino de los recursos otorgados mediante adjudicaciones directas. La Auditoría Superior de la Federación debe intervenir de manera urgente para determinar si existieron desvíos de recursos públicos. El Senado y la Cámara de Diputados tienen la responsabilidad de exigir cuentas a quienes aún ocupan cargos legislativos.
La democracia no se sostiene únicamente con elecciones. Se sostiene con instituciones que funcionan, con servidores públicos que rinden cuentas y con una ciudadanía informada que exige responsabilidades. El caso Tabasco no puede quedar archivado ni diluirse entre silencios.
No se trata de un hecho aislado, en esta transformación se ha vuelto muy común, una cadena de decisiones que comprometieron la seguridad pública y la integridad del Estado.
Es momento de que el país asuma con seriedad lo que este caso revela: que existen redes de complicidad al más alto nivel, y que solo mediante la acción pública, firme y documentada, se podrá evitar que la impunidad continúe siendo la regla.
Si alguien ve a Adán Augusto, díganle que lo andan buscando…
Tiempo al tiempo.
