Agustín Vargas.
PUNTALES
- Del diálogo a la utilidad pública
- Otros sectores en riesgo
- Certeza jurídica clama la IP
Desde tiempos de su campaña presidencial y ya como presidente electo, el señor Andrés Manuel López Obrador reiteradamente se comprometió a que su gobierno no realizaría expropiaciones de ningún tipo; por el contrario, ofreció incentivar la inversión privada en todo el país para elevar el crecimiento de la economía y el nivel de vida de los mexicanos.
El tiempo le dio la razón a los escépticos, a los que conociendo poco o mucho el actuar del político tabasqueño intuían que sus promesas en ese sentido –como en casi todos los rubros— eran tan falsas como la promesa de velar por la Constitución, así como respetar y hacer respetar las leyes que de ella emanan.
En menos de una semana, el gobierno lopezpobradorista publicó el segundo decreto expropiatorio relacionado con sus obras insignia, sus megaobras caprichosas en el tópico ferroviario, que lo único que denotan y corroboran es la nula o escasa planeación con la que fueron concebidas.
Este 23 de mayo en el Diario Oficial de la Federación el Gobierno Federal publicó el decreto con el que expropia 113 mil 838 metros cuadrados en los municipios de Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan, en el Estado de México, con el objetivo de garantizar la conexión con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
El Gobierno Federal aseguró que la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario prevé que “es de utilidad pública la construcción, conservación y mantenimiento de las vías férreas”. En este caso, se trata de solventar uno de los principales problemas que posee el AIFA, es decir la falta de conectividad con la Ciudad de México.
La decisión federal se sustentó en el artículo 27 de la Constitución y señaló que será la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) que encabeza Jorge Nuño Lara, la encargada de pagar el monto de la indemnización en términos de la Ley a quien acredite su legítimo derecho, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación.
El documento señala que los ferrocarriles “son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución” y señaló que para proteger la seguridad y soberanía el Estado puede ejercer su rectoría.
De una manera muy similar a la toma del tramo de Ferrosur, propiedad del empresario Germán Larrea, en el sureste mexicano, la administración del presidente López Obrador justificó esta nueva toma de los bienes en manos de particulares con la Ley de Expropiación, la cual establece que esta última con la previa declaratoria de utilidad pública.
Bajo el criterio con el que se llevó a cabo la expropiación a Ferrosur, diversos especialistas advierten que el inquilino del Palacio Nacional podría decretar también la confiscación en sectores como la minería, aeropuertos, operaciones de terminales marítimas, aerolíneas, carreteras, transporte público, pozos y distribución de agua.
También en telefonía, espectro radioeléctrico, radio, televisión, vías ferroviarias, zonas federales marítimo terrestres, bolsas de valores y hasta bancos. Todo dependerá del humor con que despierte cada mañana el señor de Palacio y que no lo hagan enojar los empresarios.
Certeza jurídica ante todo
Por supuesto, las reacciones del sector empresarial a la decisión del gobierno federal de apropiarse de las vías ferroviarias de Ferrosur, fueron inmediatas. El Consejo Coordinador Empresarial, organismo cúpula que aglutina a los empresarios de todos los sectores económicos, manifestó su “preocupación” por el decreto publicado el día viernes 19 de mayo de 2023.
Más allá de la controvertida legalidad de dicho decreto, que declara de utilidad pública diversas actividades ferroviarias que estaban concesionadas al sector privado en la zona del Istmo, y que pasarán ahora a favor de la empresa paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., los empresarios “externamos nuestra profunda inquietud por los efectos negativos que este tipo de decisiones generan en la confianza de invertir en México y de generar empleos, en un momento de grandes oportunidades”.
Los empresarios –indicó el comunicado del CCE, que preside Francisco Cervantes Díaz, incondicional del señor López Obrador— “hemos manifestado nuestra plena disposición para dialogar con el gobierno y construir juntos las mejores opciones que detonen el desarrollo nacional. Incluso, ha sido enfático nuestro interés por participar en el proyecto de impulso al sur del país que tanto se necesita”.
Eso sí, según se infiere del comunicado de la cúpula empresarial, los empresarios exigen condiciones de “plena certeza jurídica” para fortalecer el interés por invertir en los grandes proyectos nacionales. Son claros que sin esa condición, no habrá avances.
